“Usted se ha comunicado con la línea ética del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Si desea dejar un mensaje hágalo después de la señal. En caso de querer ser contactado por uno de nuestros operadores por favor deje su número telefónico o una casilla de correo electrónico y nos comunicaremos a la brevedad. Muchas gracias.” En 30 segundos, la voz grabada que atiende en las dos líneas 0800 señala cuál es el camino a la delación de cualquiera de los 114.437 trabajadores porteños, según el censo difundido en abril pasado. Si no puede llamarse en el horario indicado, la página www.compromisolaboral.gob.ar invita a empleados y ciudadanos en general a denunciar si conocen “de alguien que cobra un sueldo y no trabaja, alguien que no cumple con su horario laboral o de alguien que posee alguna irregularidad laboral en el cumplimiento de sus funciones...”. El relanzamiento a comienzos de este mes del plan para obtener información sobre el personal que se desempeña en la administración de la ciudad impulsó a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el principal gremio docente, a presentar un recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la medida.

La ofensiva del gobierno de Mauricio Macri en su declamada campaña contra las irregularidades que arrojó el censo laboral desarrollado entre marzo de 2008 y abril de 2009 ya transita su segunda y polémica etapa, aunque ahora encuentra mayor resistencia a su paso. “Porque los buenos empleados públicos merecen ser respetados, porque los vecinos merecen tener un servicio de calidad, porque la ciudad merece no ser estafada, te pedimos que nos ayudes a recuperar el respeto y la calidad del trabajador público”, reza la consigna de la página web que contiene un formulario para completar los “datos del agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a denunciar”.

La Unidad de Coordinación y Comunicación de Oficinas de Personal (Uccop), dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos que conduce Alejandro Speroni, hizo circular la comunicación 249 con aquellas instrucciones. Esta fue replicada por un comunicado de la UTE-Ctera que se envió a todas las escuelas y lugares de trabajo de la ciudad. Los docentes definen a la campaña Compromiso Laboral como “otra clara expresión de las viejas prácticas utilizadas por el proceso militar, por lo cual mediante una ‘denuncia anónima’ se hostigaba y descalificaba a los trabajadores hasta llegar al despido o pérdidas mayores”.

En el formulario ideado por la Uccop se insta a colocar varios datos del agente estatal acusado: nombre y apellido, ministerio, organismo o repartición en la que trabaja, la ficha municipal o su DNI, el área laboral de desempeño, el cargo, el horario que debería cumplir, la tarea que realiza, el modo en que se enteró de la situación el denunciante, el sueldo aproximado de su denunciado y la irregularidad que se le atribuye. Quien completa esta información también puede agregar sus señas particulares, como nombre, DNI, un teléfono y un correo electrónico de contacto.

Para Alejandro Demichelis, el secretario adjunto de UTE-Ctera que reúne a unos 14 mil trabajadores de la Educación, “este tema se discutió en reuniones de supervisores y directores y en nuestro plenario de delegados. Se trata de un nuevo atropello que, como el espionaje en las escuelas, forma parte de acciones de amedrentamiento, de poner miedo, vulnerando la identidad del docente para descalificarlo. Esto causa mucho malestar y bronca”.

Según Speroni, la idea de apelar a la denuncia anónima de trabajadores es del jefe de Gobierno. Para ello, ya en abril, apenas conocidos los resultados del censo que arrojó unos 6067 casos en que se comprobaron presuntas irregularidades, se lanzó la línea 0800 999-2727 (anexo 29), número éste que, según Macri, se puso por los “ñoquis”. Como los resultados obtenidos no habrían sido los esperados, se creó la “línea ética” y se difundieron dos nuevos números para hacer denuncias que figuran en la página web: 0800 777-2929 y 0800 444-66784.

En su presentación judicial, Eduardo Marcelo López, el secretario general de la UTE-Ctera, advierte que esta política “afecta la identidad e intimidad del sector docente que represento, cualidades que gozan de protección constitucional y que han tenido receptividad jurídica en un sinfín de resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuando se advertían manipulaciones irregulares de datos de docentes”.

El amparo va más allá, cuando sostiene que la circular de la Uccop “resulta un ardid para obtener datos de los docentes que adhieran a las próximas medidas de fuerza implementadas por este sindicato en reclamo de mejoras salariales, ya que en virtud de esa comunicación, anónimamente se podría denunciar a todos los docentes que adhieran a los paros legítimos y ello daría pie a que el GCBA instruya una investigación sumaria y opere descuentos de haberes vulnerando la vía administrativa y desconociendo los fallos judiciales que ordenan la abstención y devolución de los mismos”. Mañana y pasado habrá paro docente en las escuelas porteñas en demanda de un aumento salarial, mayor presupuesto y la declaración de la emergencia educativa y sanitaria. Será un nuevo test para la política de delación macrista que, en conflictos anteriores, no consiguió que los directores de escuelas confeccionaran listas con los nombres de los docentes que adherían a las medidas de fuerza.

El amparo que presentó ayer la UTE en la Justicia, con reserva del caso federal, “no cuestiona el hecho de que si existe una irregularidad no se deba ser denunciada, sino el hecho objetivo de que se está instando e instigando a la denuncia anónima e infundada, cuando ya existen canales y vías de comunicación formales para impetrar denuncias administrativas...” Para el jefe de Gobierno no es suficiente con ellas. Cuando oficializó su primera línea 0800 para revelar irregularidades en el ámbito laboral, apeló al sarcasmo con su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, como testigo: “Un ñoqui es algo rico para comer, es algo simpático. Pero un ñoqui en el término de una persona que debe ir a trabajar y no lo hace, es un estafador”. Su colaborador asintió. Y anunció, entre otros logros, que “apretamos las clavijas para el control del presentismo”. Repitió ese verbo, apretar, en dos oportunidades. La política del PRO se completa ahora con el estímulo a una segunda fase de denuncias.