Trabajadores de Kraft Foods volvieron a cortar ayer el tránsito en la Autopista Panamericana, a la altura de General Pacheco, para exigir la reincorporación de todos los despedidos porque afirmaron que “van casi 100 días en que 53 familias no cobran sus salarios”. Al mismo tiempo, el gobierno nacional condenó “los excesos” tanto de los empleados que realizaron la medida como de la empresa de capitales estadounidenses. La comisión interna hizo un llamado a la CGT para que apoye el reclamo y recibió la respuesta afirmativa del dirigente Juan Carlos Schmid. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tendrá hoy una nueva reunión con los delegados.

Schmid, secretario de capacitación de la CGT, comprometió asistencia de la central al encuentro con el ministro. Así como los delegados ya habían pedido al sindicato de la alimentación un plan de lucha, ayer le solicitaron a la CGT su apoyo “porque este intento de destruir las organizaciones de los trabajadores va a tener consecuencias para todo el movimiento obrero”. Los pedidos de Javier Hermosilla, Pamela Bulacio y el resto de la interna fueron concretos: que acudan a la audiencia de hoy, que sería un hecho, y que colaboren con el sostenimiento de los despedidos, porque la mayoría sólo se mantiene con el fondo de huelga.

La protesta de ayer, entre las 6.30 y las 8, en el Acceso Norte ramal Campana, provocó una fila de vehículos de más de 10 kilómetros. Tomada repartió culpas entre la empresa y los empleados: “Por parte de ambos hay una desproporción absoluta en el accionar” cuando “la solución está encaminada”. Según el ministro, “la empresa no está siendo adecuadamente responsable ni tampoco ha tenido el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo”. Pero destacó que “hay un exceso absoluto en el reclamo, es un tema que no requiere ni siquiera cercanamente la adopción de medidas como el corte de la Panamericana. Están convocados para mañana (por hoy), no tiene el más mínimo sentido generar este tipo de daño”. Tal como anticipó Página/12, Tomada confirmó que el lunes se reunió con el presidente de Kraft, Alberto Pizzi, para “ver cómo encontrábamos mecanismos para atender a este planteo respecto del cumplimiento del acuerdo que habíamos firmado”.

En su carta a la CGT, la comisión interna afirmó que “este monopolio no respeta ningún derecho legal de los trabajadores, diseñó un plan para destruir la organización sindical basándose en denuncias penales inverosímiles. Acusaron de secuestradores a 160 trabajadores para obligarlos a arreglar su propio despido con indemnizaciones, pero ni los que arreglaron ni los 70 reincorporados eran delincuentes y se levantaron las causas penales, como tampoco lo son los 53 que siguen afuera”.