La ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti tendrá que explicar en tribunales qué hizo con cerca de 22 millones de pesos que manejó en una decena de proyectos durante su gestión en la Secretaría de Ambiente. La jueza María Servini de Cubría la citó a indagatoria a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, que señaló su presunta responsabilidad en el desvío de fondos públicos a través de distintos mecanismos que van desde la falta de rendición de cuentas y la aparición de gastos “irrisorios” hasta el uso injustificado de aviones privados. También llamó a declarar como sospechoso al senador electo Luis Juez, por el destino dudoso de 650 mil pesos que recibió (de Picolotti) para obras de saneamiento en sus tiempos de intendente cordobés.

Picolotti y Juez tendrán que declarar ante Servini a mediados de diciembre, según confirmaron fuentes judiciales a Página/12. En un extenso dictamen Marijuán les imputa los delitos de malversación de fondos, violación de sus deberes como funcionarios públicos, defraudación y fraude en perjuicio de la administración pública. Todos son excarcelables. Picolotti, cordobesa, fue nombrada al frente de la secretaría ambiental por el gobierno de Néstor Kirchner en julio de 2006, en medio del conflicto por las papeleras, y dejó el cargo en diciembre del año pasado. Juez, devenido antikirchnerista, asumirá una banca como senador por Córdoba en diciembre.

El problema que comparten Picolotti y Juez en esta causa judicial gira en torno del destino que se les dio a 650 mil pesos enviados desde la Nación hacia la tierra del ex intendente cordobés, previstos básicamente para sanear la laguna Crisol y el Parque Sarmiento, que recién habrían comenzado en agosto de este año. “Los fondos girados al municipio se apartaron del objeto establecido”, afirma la fiscalía en los fundamentos del llamado a indagatoria, al que accedió este diario. Como ejemplo, señala que según una rendición de gastos que se hizo por 90 mil pesos incluye ochenta remeras, veinte buzos, 4500 paquetes de regalo, carteles, folletos, 5500 escarapelas, mil plantas aromáticas, una animación artística, publicidad y un servicio de audio, entre otras cosas.

“De la simple lectura del detalle de facturas que obran en el expediente se desprende claramente el desvío de fondos aludido, en tanto pareciera que aquéllos fueron utilizados para gastos irrisorios”, afirma Marijuán. Tampoco hay constancias, agrega, de que se hayan cumplido las tareas de limpieza previstas en la Villa Bajo Pueyrredón “pese a haberse erogado” unos “200 mil pesos” ni figuran los antecedentes de la licitación. Luego agrega otros ejemplos, como la faltan constancias de que se hayan adquirido las herramientas necesarias para llevar a la práctica un proyecto de recolección de residuos para chicos en situación de calle.

La lista de cuestionamientos a Picolotti es más amplia. Marijuán le reprocha:

- La “contratación indiscriminada de familiares y amigos” en la secretaría. Picolotti, “no parece haberse ajustado al principio de racionalidad a lo largo de su gestión”, remarca el fiscal. Incluso dice que debería explicar la contratación de 250 personas. Y señala la presencia de empleados con aportes dobles (de la Secretaría de Ambiente y de algún otro empleador).

- El uso de aviones privados tanto para su personal como para ella. Dice que gastó 100 mil pesos en vuelos a Córdoba, San Juan, Bariloche, Tucumán y La Rioja pese a que, a criterio de Marijuán, “no se vislumbran circunstancias excepcionales que justifiquen” esas contrataciones.

- Los gastos sin control y, en muchos casos, carentes de rendición en la ejecución de una decena de proyectos donde las contrataciones se hicieron a través de convenios de la Secretaría de Ambiente y la Fundación ArgentINTA. Está en duda el destino de unos 22 millones de pesos. La fiscalía analizó caso por caso. El grueso del dinero, unos 20 millones, se destinó a un acuerdo para que la Fundación brindara “apoyo técnico administrativo” para “acciones institucionales” de la Secretaría en el marco de las actividades del Consejo Federal de Medio Ambiente. Las facturas y comprobantes secuestrados como parte de esos gastos son, entre otras, de restaurantes, regalos de cumpleaños y algún alquiler. Sólo en la publicación de material didáctico, figura un pago de 400 mil pesos. En otro proyecto, el de conservación de especies de iguanas, se gastaron cientos de pesos en sidras, nueces, turrones y vinos, también en tintorería, estacionamiento, lavautos y autopartes. En el de conservación de la especie Loro Hablador se facturaron servicios profesionales sin especificar cuáles, además de viáticos imprecisos, rulemanes y remedios como Migral. Para el de monitoreo de zorros figura el pago de 4000 pesos en autopartes y hasta aparece la compra de un reloj despertador. El Proyecto Curiyú reporta honorarios por 20 mil pesos, pero no hay ni un documento que explique en qué consistió el trabajo. La organización de una reunión del comité de lucha contra la desertificación en 2007 se llevó 6,2 millones de pesos.

“Los fondos públicos asignados” a Picolotti “han sido no sólo infielmente administrados sino que además habrían tenido una aplicación diferente a aquella a la que estaban destinados”, concluye el fiscal. A Luis Juez, que con su firma “autorizaba pagos”, Marijuán le atribuye “la irregular administración de fondos” nacionales “a sabiendas de su espurio proceder, dándoles una aplicación diferente a aquella para la que estaban destinados”.