Los querellantes de Hijos regional Córdoba, Martín Fresneda y Claudio Orosz, pidieron la pena de prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y otros tres de los cinco imputados por las torturas y el asesinato de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la policía de Córdoba que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En tanto los abogados María Elba Martínez y Miguel Vaca Narvaja, que patrocinan al albañil Raúl Ernesto Morales, sobreviviente del centro clandestino que funcionó en el Departamento de Informaciones (D2), solicitaron ayer que se condene a 24 años de prisión al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y al ex cabo Miguel Angel Gómez. El juicio continuará el martes con el alegato del fiscal federal Carlos Gonella. La sentencia, tercera contra Menéndez, se conocerá entre el 10 y el 15 de diciembre.

El pedido de perpetua de los abogados de Hijos incluye además de Menéndez, al coronel retirado Rodolfo Campos, que era jefe de la policía de Córdoba, y los policías Hugo Cayetano Britos y César Armando Cejas, ex miembros del D2, que funcionó frente a la plaza principal de la ciudad de Córdoba, pegado a la Catedral. Los cuatro están imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado por alevosía, en perjuicio de Albareda. Tal como contó el ex guardia Ramón Roque Calderón, la patota del D2 torturó al militante del PRT, luego le cortaron los testículos y lo dejaron morir desangrado, mientras preparaban un asado. La macabra historia ocurrió en el centro clandestino “Chalet de Hidráulica”, al pie del lago San Roque. Para el ex policía Luis Calixto Flores, imputado sólo por la privación ilegal de la libertad, Fresneda y Orosz solicitaron que lo condene a seis años de prisión.

Hijo de uno de los abogados laboralistas desaparecidos en Mar del Plata durante la Noche de las Corbatas, Fresneda se explayó sobre “el plan criminal al opositor político” que existió en Córdoba “desde antes de 1976”. “Este plan criminal y generalizado fue una estrategia general de combate a la fuerza opositora desde el punto de vista político. Los enemigos eran los propios compatriotas”, enfatizó. Orosz recordó que Albareda “era un perseguido político” de la dictadura militar porque para Menéndez integraba las “filas de la subversión”. Apuntó que el caso fue público porque los diarios mencionaron la “misteriosa desaparición de Albareda” y recordó el rechazo del hábeas corpus presentado por la madre de la víctima por parte del juez Manuel González Pizarro.

La abogada María Elba Martínez relató el caso de Morales, su defendido, un albañil que sobrevivió a las torturas luego de ser secuestrado el 22 de marzo de 1976 a la noche en Santa Rosa de Calamuchita. Fundó su pedido de 24 años de prisión en “la situación de indefensión y por lo que pasó Morales, no por criterio vengativo y arbitrario”, y destacó que los imputados “no sólo no han colaborado sino que obstaculizaron a la Justicia”. Morales, que por entonces tenía 26 años, fue secuestrado por individuos fuertemente armados que no se identificaron y tampoco mostraron orden de detención. Martínez recordó que el ex albañil “era y es peronista” y que “realizaba trabajos comunitarios para los sectores más pobres de la ciudadanía”. Morales fue trasladado a la comisaría y luego al D2, donde fue torturado hasta que confesó pertenecer a una organización subversiva. Su declaración fue firmada por el entonces jefe de la dependencia, el fallecido torturador Raúl Telleldín. Los tormentos que sufrió le dejaron graves secuelas en sus riñones e impidieron que ayer pudiera estar presente.