A diez años del compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó ayer la ley que despenaliza los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público. También firmó los decretos de promulgación de la ley que reglamenta la obtención de muestras de ADN por vías alternativas a la extracción de sangre, la que convierte al Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente autárquico en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la que ratifica la legitimidad de las asociaciones intermedias para actuar como querellantes. Participaron del acto el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde; los presidentes del Centro de Estudios Legales y Sociales, el periodista Horacio Verbitsky, y de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Duhalde anunció los decretos y le dio la palabra a Carlotto, quien explicó que “la extracción alternativa de ADN no es a través de la compulsividad, palabra que no figura en la ley, sino de un método sin violencia, con el acuerdo de la persona a la que se le van a pedir objetos que puedan contener ADN”. Recordó que el mecanismo se aplicó con éxito en nueve casos de nietos recuperados, “pero sin la obligación de los jueces”. “Esta ley obliga a la Justicia a hacerlo y es en respuesta a fallos de la Corte Suprema de Justicia en los casos Prieto I y Prieto II, en los cuales dijeron que faltaba un resorte legal para obligar a los jueces a actuar como corresponde”, explicó. “No es un nuevo banco, es el mismo”, aclaró Carlotto en referencia al Banco Nacional de Datos Genéticos. Explicó que la doble dependencia funcional (de los gobiernos de Nación y Ciudad de Buenos Aires) que caracterizaba su funcionamiento “traía problemas, confusiones y retrasos”. “Ahora va a pasar a ser de un solo Estado, en otro espacio físico que va a haber que estudiar”, admitió.

Verbitsky recordó que la despenalización de los “delitos contra el honor” referidos a temas de interés público “es resultado de una solución amistosa en la CIDH en el caso del periodista Eduardo Kimel, condenado por su investigación de la masacre de los padres palotinos”. Destacó que el CELS patrocinó al periodista, elaboró un proyecto del cual el Poder Ejecutivo “tomó una parte”, y agregó que “vamos a seguir insistiendo, como pidió la Corte Interamericana, que se modifique también el Código Civil”, dado que “por vía de las sanciones económicas también es posible intimidar a la prensa”. El periodista destacó que la nueva ley implicará la obligación de cerrar juicios pendientes de funcionarios contra periodistas y puso como ejemplo “el que tiene Antonio Stiuso (director de operaciones de la SIDE) contra directivos de Clarín y La Nación, ya que las afirmaciones que dieron lugar a la querella eran sobre temas de interés público”.