Los ex jefes de la Prefectura responsables de las condiciones de detención híper flexibles que tuvo Héctor Febres antes de aparecer muerto fueron finalmente procesados por la Justicia. Hace casi dos años, cuando faltaban pocas horas para que se conociera su sentencia en la causa ESMA, el represor fue encontrado sin vida en su “celda” de la dependencia Delta de la Prefectura Naval y su cadáver contenía una enorme cantidad de cianuro. En pocas horas los investigadores comprobaron denuncias que habían sido desoídas por las autoridades respecto de los considerables privilegios de los que gozaba el ex prefecto, enlace entre esa fuerza y la Armada durante la dictadura: departamento privado cuya llave estaba en manos del “preso”, telefonía, computadora, visitas ilimitadas, uso de las instalaciones para fiestas privadas, vacaciones en la base naval de Azul y hasta chofer para su familia. Semejante escenario dificultó de manera determinante la posibilidad de establecer cómo llegó el cianuro a manos de Febres.

Por semejantes concesiones, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin prisión preventiva, al ex jefe de la Prefectura Naval Carlos Fernández, al ex responsable de la base Delta Rubén Iglesias y a los ex prefectos Víctor Sosa, Luis María Morel, Rodrigo Olazábal, José Luis López y Roberto Cherey. El procesamiento dio por probado que Febres tenía en su celda teléfono, celular y una computadora, recibía visitas fuera del horario permitido y le permitían salir a descansar en dependencias de la Armada, junto a su familia. Hubo “traslados durante los meses de enero y febrero a fin de residir o vacacionar en dependencias del Arsenal Naval Azopardo (Azul), durante los años 2003, 2004 y 2005, viajes a los que, en general, era autorizado en virtud de su diabetes o de las necesidades invocadas por la misma fuerza vinculadas con la refacción de su lugar de alojamiento”, escribió la jueza. La resolución también sostiene que Febres estuvo “vacacionando junto a toda su familia en comodísimas instalaciones, con variados banquetes de comida a su alcance, que en nada se compadecen con el sometimiento a un tratamiento médico tendiente a tratar la diabetes de la que adolecía”.

Consultada sobre el fallo, la abogada Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, opinó: “El caso Febres demostró la capacidad operativa que tienen los sectores de la dictadura para seguir actuando, López era un testigo indefenso pero Febres estaba, en teoría, detenido en Prefectura. Nos preocupa el secuestro de un testigo en Santa Fe, los juicios siguen con el mismo nivel de desprotección, por eso más que cuidarnos a nosotros que vigilen a los genocidas que hacen estas cosas”.

Febres fue detenido en diciembre de 1998 en la causa sobre la apropiación sistemática de menores nacidos en cautiverio, por su actuación de enlace entre la Prefectura y la Armada durante la dictadura. En diciembre de 2007 estaba terminando el juicio que lo tuvo como único represor sentado en el banquillo de los acusados. El 10 de ese mes apareció su cadáver en la celda y luego de la autopsia los peritos informaron a la jueza el hallazgo de altas dosis de cianuro. Luego de varios meses de investigación, Arroyo Salgado dio por probado que la muerte se produjo por la ingesta de ese veneno a la que habría sido forzado, y por ello procesó a los dos prefectos asignados a la custodia, junto a la esposa y el hijo de Febres, a quienes consideró cómplices en la alteración de la escena del crimen. Sin embargo, la Cámara de San Martín revocó esos procesamientos al entender que no habían sido suficientemente probados. Ahora la jueza dictó el segundo procesamiento en esta causa en la que se intenta buscar a los responsables de los privilegios que quedaron al descubierto con la muerte de Febres.

Pero ya en su primer fallo, la magistrada tenía claro que el encarcelamiento que había ordenado en su momento el ex juez Adolfo Bagnasco, y que debieron controlar sus sucesores, estuvo muy lejos de ser una prisión. “El alojamiento de Febres distaba de ser aquel proporcionado a una persona comúnmente privada de su libertad en forma cautelar”, había dicho la jueza. “El occiso se manejaba con absoluta libertad e incluso contaba con diversos medios de comunicación y poseía las llaves de su camarote”, agregó.