Las secretarias de los dos juzgados de Misiones que participaron del armado de causas truchas que sirvieron de base para las escuchas telefónicas, les echaron la culpa a los respectivos jueces de todo lo ocurrido. Mónica González y Lidia Kruchowski declararon lo esperable: “Una escucha telefónica sólo se puede hacer por orden de un juez, de manera que nosotras firmamos lo que los magistrados nos pidieron que firmemos”, argumentaron, palabras más, palabras menos. El paso por Tribunales de las secretarias dejó un dato curioso. Cuando le preguntaron a González por qué registraba llamadas con el espía Ciro James, la secretaria respondió: “Trató de seducirme. No sé ni cómo consiguió mi teléfono”. A más de un empleado de Comodoro Py el relato le pareció verosímil. Es que dicen que González es muy llamativa.

El juez Norberto Oyarbide y su secretario letrado, Gustavo Russo, habían convocado a las secretarias de los juzgados de Misiones para que declaren sobre las increíbles causas armadas en Posadas para justificar las órdenes de intervenciones telefónicas. En base a expedientes instruidos por los jueces Horacio Gallardo, cuya secretaria es Mónica González, y José Luis Rey, en la secretaría a cargo de Lidia Kruchowski, se pincharon los teléfonos de numerosa cantidad de personas. En esos expedientes, por ejemplo, se imputó por homicidio o robo a personas como Sergio Burstein, integrante de la agrupación Familiares de las Víctimas de la AMIA; Carlos Avila, empresario de la televisión y el deporte; dos gerentes de Supermercados Coto; Jorge Navarro, hermano de Juan Navarro, titular de una multinacional; Francisco Castex, un abogado de importancia, la esposa de un anticuario, en conflicto por un divorcio, y hasta el cuñado de Mauricio Macri, Néstor Daniel Leonardo. La mayoría de los escuchados nunca estuvo en Misiones o sólo estuvieron en esa provincia para visitar las Cataratas. La acusación contra todos ellos era tan descabellada que cuando saltó el escándalo, los magistrados anularon las órdenes de las escuchas, incluyendo las que se estaban haciendo a los verdaderos sospechosos de aquellos homicidios y robos.

En la declaración de ayer, las secretarias no aceptaron ninguna responsabilidad en la maniobra, sino que apuntaron a los jueces. Oyarbide las citó esencialmente porque parte de la documentación, incluyendo los pedidos de escuchas a la SIDE, estaba firmada por ellas. La línea de defensa fue idéntica en González y en Kruchowski: los jueces fueron los que ordenaron, ellas sólo firmaron lo que los jueces les pidieron que firmaran. En verdad, el fiscal Alberto Nisman ya pidió la destitución e incluso la detención de ambos magistrados, Gallardo y Rey. El juez Oyarbide los citó a indagatoria y ninguno de los dos se presentó.

La causa del espionaje judicial es, en este terreno, una especie de juego del gran bonete. Las secretarias les echan la culpa a los magistrados de Misiones. Los jueces, en cambio, dicen que fueron los policías de esa provincia los que les señalaron a los sospechosos y que ellos sólo se limitaron a ordenar las escuchas. Es un argumento endeble, porque se supone que un magistrado debe realizar alguna verificación antes de ordenar una intervención telefónica. Los policías misioneros descargan la responsabilidad en Ciro James: afirman que el espía es quien les dio los nombres y los vinculó con las causas por homicidio y robo. James, por el contrario, sostiene que él únicamente colaboró con los policías misioneros y que éstos aportaron los nombres y las pistas. La realidad es que existió una industria del espionaje ilegal con James como protagonista, complicidad de los magistrados y policías, y seguramente con el ex jefe de la Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, como cabeza de la operación. Así lo indicarían las 150 llamadas que se entrecruzaron entre James y Palacios.