Al gobierno no le resultó fácil asumir la asignación universal por hijo. Sin duda, el empleo estable y bien remunerado es irremplazable como asignador de recursos no sólo económicos sino también simbólicos. Pero hasta la ministra Alicia Kirchner, entusiasta de los programas que junto con la transferencia de fondos crean puestos de trabajo y organización social, debió admitir la insuficiencia del empleo en sus distintas formas para perforar el núcleo duro de la pobreza, cristalizado en tres décadas de políticas clasistas. Esto se hizo inocultable cuando la crisis internacional acabó con las tasas asiáticas de crecimiento. A partir de esta semana comenzarán a cobrar la asignación cerca de 2,7 millones de niños. El ministerio de Economía realizó algunos estudios para medir el impacto que tendrá cuando se complete el universo comprendido en el decreto presidencial. Casi el 40 por ciento de los hogares que la recibirán integran el decil de ingresos más bajo y poco menos del 30 por ciento el que le sigue. Así se invierte la norma de que las mejoras en la distribución del ingreso favorecieran a los segmentos de asalariados formales y beneficiarios del sistema previsional de ingresos medios y medios bajos. También es interesante la perspectiva del impacto regional. En las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Formosa la transferencia por este programa rondará un tercio de todo el gasto público municipal; en el Chaco llegará al 64 por ciento. Pero esos son promedios por provincia. En los municipios más pobres el impacto será del 75 por ciento del presupuesto.

Memorias del FRENAPO

El ex presidente Néstor Kirchner hizo un reconocimiento al Frente Nacional contra la Pobreza, FRENAPO, que a fines del siglo pasado se organizó en torno de esta propuesta. Pero no se privó de una comparación intencionada, al recordar que los socialistas decían que la legislación protectora concretaba proyectos de Alfredo L. Palacios. “Es cierto, pero los llevó a la práctica Perón”, dijo Kirchner, en un discurso ante una audiencia nac&pop ajena al PJ. También incluyó la primera definición explícita sobre el propósito de que “este espacio” (un recurso nominativo que revela la endeble construcción política) presente una candidatura con posibilidades de triunfo para el periodo 2011-2015. Kirchner explicó que la asignación universal por hijo reducirá la indigencia a menos del 3 por ciento. Atribuyó ese cálculo a una consultora privada que no identificó. Se trata de la Consultora Equis y de Artemio López, quien acaba de terminar un estudio comparado del desempleo en la Argentina, España y los Estados Unidos y otro sobre el impacto de la asignación sobre la pobreza en la provincia de Buenos Aires. Según este último, tomando en cuenta el número de beneficiarios y la inflación prevista la pobreza por ingresos descenderá en 2010 del 32 al 17,7 por ciento de la Población Económicamente Activa y la indigencia del 12 al 2,6 por ciento. Si nunca se actualizara el monto, ni dentro de una década volvería al nivel actual. López fue uno de los consultores que desde fines de 2008 opinó que la mejor estrategia proselitista sería una masiva inversión social en el segundo cordón del conurbano bonaerense. El escrutinio del 28 de junio pasado muestra que fue la caída de Kirchner en ese sector social la que dejó sin compensación posible las pérdidas en los sectores medios del interior y del primer cordón, más afines al comportamiento porteño. Pero la distorsión en las cifras del Instituto Nacional de Exterminio de la Credibilidad (INDEC) limitaron el aprovechamiento de estos datos contundentes. Kirchner ni siquiera pudo hablar de la pobreza (“no vamos a discutir el número”, dijo) porque el INDEC ya había puesto el termómetro en un balde de hielo, para que la pobreza no trepara por encima del 13 por ciento. Si esto fuera así, con la asignación universal se incrementaría del 13 al 17,67 por ciento, en vez de descender desde los 32 reales. Con lo cual la devaluación de la palabra pública se muerde la cola. Al decir que se reducirá a la mitad, Kirchner admitió la inverosimilitud de la información oficial. Si esa aberración no se corrige de una vez, el futuro del kirchnerismo es dudoso.

El aviso de Krugman

La Población Económicamente Activa es de 17,4 millones de personas, de las cuales 1,6 no tienen empleo, es decir el 9,1 por ciento, lo cual significa un avance de siete décimas en un año y medio. A esto hay que sumar un 10 por ciento de subocupados, en un contexto en que la informalidad llega al 38 por ciento. En resumen, de cada diez trabajadores, cuatro tienen problemas de empleo. Por lo menos 1,2 millones de ellos son jefes o jefas de hogar, todo lo cual fundamenta la necesidad imperiosa que había de aplicar programas de transferencia directa de recursos, como la asignación por hijo, el pago adicional de fin de año a los jubilados o el programa de Recuperación Productiva (REPRO), que subsidia parte del salario de 85.000 trabajadores, la mayor parte en la industria, de modo de impedir suspensiones y despidos. López coteja ese incremento de la desocupación con lo sucedido en Estados Unidos (donde llegó al 10 por ciento y tardará años en bajar del 7) y España, que a fin de año tendrá un 20 por ciento de desocupados. En ambos países el desempleo se duplicó. Paul Krugman advierte que el peligro en su país no es la caída del dólar o el peligro chino, sino el desempleo masivo. En el año 2000, por cada puesto de trabajo vacante en Estados Unidos había 1,2 personas que lo buscaban. Ahora son 5,7 postulantes por cada puesto ofrecido. Dicho de otro modo: mientras en Estados Unidos y en España las tasas de desempleo crecieron el 100 por ciento, en la Argentina su moderado incremento fue del 10 por ciento.

Sobre ruedas

El cuidado del gobierno por el empleo y el salario tuvo reciente manifestación en los conflictos gremiales de camioneros, el subterráneo y la alimentación. El súbito oscurecimiento mediático impidió conocer la finalización del conflicto de los conductores de camiones que transportan diarios, con un resultado que no afectó la libertad de expresión sino las ganancias empresariales, ya que los camioneros triplicaron sus ingresos al encuadrarse en el gremio de la familia Moyano. Los ochenta delegados del nuevo sindicato de trabajadores del subte y el premetro obtuvieron garantías de la empresa y del gobierno de que no habrá despidos y un compromiso de discutir una serie de reivindicaciones pendientes de los trabajadores. En ambos casos fue decisiva la representatividad gremial de las respectivas organizaciones, los sindicatos fuertes a los que se refirió CFK. Cuando escucha las quejas de la desplazada conducción de la UTA, Hugo Moyano se encoge de hombros y responde con una frase que ha hecho historia: “La única verdad es la realidad”. El empecinamiento de Roberto Fernández en oponerse a la inscripción gremial contemplada en la vieja ley de asociaciones profesionales, terminó por permitir a los delegados del subte conquistas concretas más atractivas, aún antes de obtener esa legalización que, más tarde o más temprano, les concederá la justicia. La UTA anunció que recurrirá a la justicia y amaga con un paro de colectivos. Un sindicato que aboga en contra de beneficios para los trabajadores es una curiosidad argentina. En cuanto a un paro, en la propia CGT descreen de su posibilidad. Antes de viajar a Roma, donde ayer agradeció la contribución más valiosa que la Iglesia Católica ha hecho a la Nación y el pueblo argentino en toda su historia, la presidente analizó con el ministro de Trabajo Carlos Tomada, la situación en la fábrica de galletitas Kraft. La inflexibilidad de la empresa, que insiste con despedir trabajadores, no deja otra opción que elegir entre las partes. Cuando se conozca la decisión presidencial volverán a escucharse las quejas de los lobbies patronales.

Ni olvido ni perdón

Las entidades donde se siente el poder de la transnacional italiana Techint tratan al gobierno con una intolerancia que nunca ejercieron contra otra administración y que no se compadece con la realidad económica y social del país. Ejemplos de ello son la Asociación Empresaria (AEA), la Unión Industrial (UIA) y el Foro Iberoamericano, que sesionó la semana pasada en la Fundación PROA, donde protege las bellas artes Paolo Rocca. Esta actitud responde a la decidida intervención oficial que impidió 2.400 despidos en Siderar, a los controles que dispuso ante el default de TGN y a la designación de directores estatales en aquellas empresas que habían colocado emisiones de capital a las AFJP, un negocio con aristas oscuras que aún no ha sido investigado. El gobierno tampoco cedió ante la presión de los Rocca a favor de una nueva devaluación, que hubiera implicado un brusco descenso en los ingresos populares, como ocurre por lo menos una vez cada siete años desde la dictadura militar, según el cálculo de Martín Redrado. Ocurrió con la dictadura militar, con Alfonsín, con Menem, con Duhalde y De la Rúa, pero no con los Kirchner. Para advertir qué sucede cuando los gobiernos no se manejan con la misma firmeza que el argentino es interesante el documento firmado el 30 de octubre en Bérgamo, Italia, por el Comité Mundial de los Trabajadores de Tenaris. El grupo fundado por el asesor siderúrgico de Benito Mussolini, el capitán de artillería Agostino Rocca, con capitales alemanes e italianos que fugaron de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, dividió sus operaciones en dos grandes holdings. Tenaris reúne a las empresas que fabrican tubos y Ternium a las de aceros planos, ambas con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, para no pagar impuesto a las ganancias distribuidas. Desde allí controlan un centenar de empresas en más de veinte países, que emplean a 40.000 trabajadores. La declaración del comité mundial que los representa sostiene que pese a su declaración de “responsabilidad social corporativa” Tenaris ha utilizado la crisis económica mundial “para aumentar los beneficios de los accionistas a cuenta de los convenios colectivos y de sus obreros y empleados”. En muchas partes del mundo ha manipulado la negociación colectiva y obtenido concesiones, “sin aumentos salariales o con aumentos mínimos muy por debajo del aumento del costo de vida”.

La mesa afónica

“Voy a tener que hacer una evaluación de sus dos meses de gestión”, le dijo el patrón de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, al ministro de Agricultura. “Garantíceme que habla mal de mí”, le respondió sonriente Julián Domínguez. Las apariciones de los agitadores agrarios han perdido rating y hasta los canales de cable más enconados con el gobierno los sacan de pantalla cuando empiezan con sus discursos farragosos. Tampoco conservan gran capacidad de movilización, como lo comprobó Alfredo De Angeli hace dos semanas cuando intentó cortar el túnel subfluvial y luego se dirigió a la gobernación en Paraná. No lo seguían ni cincuenta personas. Tal vez por eso el otrora temible De Angeli aceptó firmar con el abominado gobernador Sergio Uribarri y con Domínguez un acta de compromiso sobre la defensa del precio y el reintegro de retenciones a las exportaciones de trigo y maíz y la creación de una oficina provincial de la ONCCA. Pero pidió que no se publicara el acta, para no tener con la Mesa de Enlace los problemas que le hicieron a Eduardo Buzzi por negociar ayuda para productores sin los otros cuatrillizos. Biolcati dijo que Domínguez defendía el modelo agropecuario del gobierno, lo cual es una obviedad. El desconcierto para los Gordos del Campo es que acepta dialogar con ellos pero no sobre las retenciones a la soja y está resolviendo los problemas acuciantes con las provincias y los municipios, con asistencia directa a las economías regionales. En el encuentro del viernes participó también la presidente del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, quien señaló que la presión del sector debe dirigirse a las provincias. Una ley nacional redujo en 70 por ciento la deuda de los productores en situación crítica y estiró su pago a veinte años, pero para que se concrete es necesario que las provincias adhieran a esta ley convenio y asuman esa cartera morosa. Por ejemplo, Chaco firmó y esto salvó del remate a 681 productores que debían 70 millones de pesos. Si la provincia de Buenos Aires no firma, serán rematados 1531 productores. La estrategia política de la Mesa se volcará a la calle el jueves 10, en el acto convocado en Palermo para saludar a los diputados y senadores de la oposición que asumirán ese día y apoyarlos en su propósito de despojar a la primera minoría de todo poder en el Congreso. Esto sólo sería posible si Pino Solanas, Claudio Lozano y Martín Sabbatella formaran junto con Julio Cobos, Francisco De Narváez y Felipe Solá para forzar al gobierno a recurrir al veto y caotizar la política. Falta sólo un par de días para conocer qué harán.