El titular La Bancaria, Juan José Zanola, quedó detenido por una orden del juez Norberto Oyarbide en la causa sobre la mafia de los medicamentos, en la que también dispuso la captura del ex subsecretario de Salud bonaerense Alberto Costa, quien está prófugo. El sindicalista quedó imputado como jefe de una asociación ilícita dedicada a suministrar remedios robados, vencidos y adulterados y también a estafar al Estado con el cobro de fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud para tratamientos inexistentes, simulados con historias clínicas truchas y troqueles falsificados. También fueron arrestados la mujer de Zanola, Paula Aballay; el empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, otros tres directivos de esa firma y una subdirectora administrativa del Policlínico Bancario.

A Zanola y Aballay la detención les cayó como un baldazo de agua fría.

Creían estar lejos de algo así porque Oyarbide les había concedido la eximición de prisión a cambio de una fianza de tres millones y un millón de pesos, respectivamente, que nunca depositaron porque apelaron el monto y la Cámara Federal aún no definió. La decisión del juez se debe a que ayer incorporó a la carátula del expediente el delito de asociación ilícita, que no es excarcelable. Zanola, ex titular de la Obra Social Bancaria –intervenida por esta causa–, quedó imputado como líder de la banda y Aballay, secretaria administrativa del Policlínico Bancario, como una de las organizadoras junto con la subdirectora administrativa, Susana Griselda Fionna. Las dos, todo indica, tenían manejo de la caja.

El líder gremial y su pareja recibieron la visita sorpresiva de la policía a la mañana temprano. Estuvieron en una dependencia policial en Palermo hasta la tarde, cuando fueron llevados, igual que los otros detenidos, a la Superintendencia de Investigaciones de la Federal en Villa Lugano. Allí seguirán hasta mañana, cuando todos serán indagados. Luego el magistrado evaluará si siguen presos.

Según explicaron allegados a la causa, en el juzgado ya cuentan con evidencias sobre tres maniobras con medicación muy costosa (puede costar desde 1500 a 15 mil pesos) para tratamientos de alta complejidad, para pacientes oncológicos, hemofílicos o con VIH:

- El cobro al Estado de tratamientos que nunca se realizaron y remedios que jamás se fabricaron. Se armaban historias clínicas truchas, con recetas apócrifas. La Obra Social Bancaria les pedía los medicamentos a algunas de las droguerías sospechadas, como San Javier, que no proporcionaban medicación alguna sino troqueles (los cuadraditos de cartón con un código de barras que se usan como constancia de entrega) también falsos. Con todo ese papelerío, la Obra Social Bancaria le reclamaba a la APE –dependiente del Ministerio de Salud– el reintegro del dinero por tratamientos inexistentes. A veces ni los médicos sabían de la existencia de las recetas ni los pacientes padecían las enfermedades que les atribuían.

- El suministro, a través de la Obra Social Bancaria (OSBA), de medicamentos que provenían de la piratería del asfalto, es decir, del robo de la carga de camiones. En estos casos las droguerías truchas que distribuyen medicamentos de origen ilícito blanqueaban lo robado facturándole, por ejemplo, a la obra social.

- El suministro y cobro de medicamentos robados de Programas Nacionales que prevén su distribución gratuita. También se habrían detectado medicamentos vencidos, reciclados para su distribución. Ambos casos requieren un procedimiento artesanal: borrar la inscripción que indica “distribución gratuita” o modificar la fecha de vencimiento.

Según la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, durante varios años la APE adelantó subsidios a la obras sociales para enfermedades graves y hay unos 300 millones de pesos sin rendir hasta 2006, cuando cambió el sistema de reparto de fondos. Funcionarios con acceso al expediente de Oyarbide aseguran que el grueso del negocio es el de la falsificación de troqueles.

Lorenzo, a quien Ocaña bautizó como “el Yabrán de los medicamentos”, manejaba varias droguerías. Entre ellas San Javier, cuya vinculación con la OSBA quedó al descubierto porque tenía un depósito y una oficina adentro del Policlínico Bancario. Pero otro asunto comprometedor es el fideicomiso que armaron el sindicato bancario y la droguería San Javier en el Banco Provincia, a través del cual se giraba a la droguería el pago de medicamentos subsidiados con partidas de la APE. Incluso, según una resolución analizada en la causa, La Bancaria le cedió a San Javier el derecho de cobro de los subsidios otorgados por la APE.

En una de las escuchas de la causa, Lorenzo habla con Costa, el ex subsecretario de Salud bonaerense. El hombre perdió su cargo en septiembre cuando Oyarbide dijo que había entre ellos diálogos “muy comprometedores”. Según trascendió, aludían al pago de sobornos, ya que Lorenzo habría sido proveedor de la provincia. En una conversación Costa le pregunta a Lorenzo si tiene Tamiflu, un medicamento para la gripe A que el Estado sólo compró a través del Ministerio de Salud de la Nación. El ex funcionario pidió ayer la eximición de prisión. Para el juzgado es un prófugo.

Lorenzo tenía múltiples negocios alrededor de los medicamentos, entre otros con el asesinado Sebastián Forza. Es uno de los varios dueños de droguerías truchas que hicieron aportes al Frente para la Victoria en la campaña de 2007. Otros jueces (Ariel Lijo y María Servini de Cubría) investigan si ésa fue una forma de blanquear dinero proveniente de ilícitos. Pero Oyarbide deslizó tiempo atrás que investiga a quien fue recaudador de la campaña, Héctor Capaccioli, ya que desde su cargo de ex titular de la Superintendencia de Salud debía supervisar a las obras sociales. La megacausa, de hecho, abarca maniobras de más de una veintena de sindicatos y sus obras sociales. Ocaña destacó ayer que “el juez empezó a desmantelar tres o cuatro líneas” de “comercialización ilegal de medicamentos, descubriendo la relación con algunos sectores del Estado”. “Hoy la principal alianza del Gobierno es con estos sectores de la dirigencia sindical”, cuestionó.

Junto con Lorenzo, ayer fueron detenidas otras personas vinculadas con San Javier: Carlos Horacio Torres –que sería su testaferro–, María Victoria Berisso y Sergio Gustavo Blanco. Oyarbide investiga sus lazos con un grupo de financieras, a través de las cuales se canalizaba dinero de la APE. Ayer hubo nuevos allanamientos en busca de la ruta del dinero.

Zanola hizo varios intentos por desplazar de la causa a Oyarbide, quien fue respaldado por la Cámara Federal. El juez ayer les devolvió la gentileza a los abogados del sindicalista, Armando Murature y Federico Figueroa. Los apartó del caso por una supuesta irregularidad en su actuación como letrados. Mientras tanto, un socio de Figueroa y la defensa de Aballay asisten a Zanola. A ella la defiende Daniel Pastor, ex director del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana.

Días atrás, Oyarbide ordenó una decena de detenciones de directivos de droguerías. Tres de ellos, de droguería Del Plata, fueron procesados con prisión preventiva, lo que algunos leen como el temperamento que podría seguir el juez con quienes cree que están seriamente involucrados. A Zanola, Aballay y compañía prevé interrogarlos por dos delitos muy graves, que son la asociación ilícita y la venta o distribución de medicamentos y sustancias peligrosas para la salud, a los que se suma la defraudación.