El titular de La Bancaria, Juan José Zanola, su pareja Paula Aballay, el empresario Néstor Lorenzo y otros cinco imputados en la investigación de la mafia de los medicamentos seguirán detenidos. Así lo resolvió el juez Norberto Oyarbide y todo hace pensar que es difícil que recuperen la libertad en el corto plazo. Ayer, finalmente, también quedó preso el ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense Alberto Costa, que estaba prófugo. Su abogado lo llevó al juzgado y argumentó que había sufrido una “descompensación” al enterarse de su complicada situación judicial. Hoy comienzan las indagatorias, pero no sería raro que los implicados se nieguen a contestar preguntas ya que sus defensores dicen que no pudieron consultar el voluminoso expediente, que está bajo secreto de sumario desde fines de septiembre. Aquí, las claves de lo que viene en esta megacausa.

- ¿Zanola y los demás imputados van a quedar presos?

Oyarbide rechazó ayer los pedidos de excarcelación que presentaron Zanola y los demás detenidos. Por ahora tampoco le concedió el beneficio del arresto domiciliario al líder sindical, quien argumentó, con un certificado de su médico, que padece una “broncopatía” y requiere tratamientos médicos muy específicos, además de que supera los setenta años. Oyarbide lo hará revisar por médicos forenses. Así, todos seguirán presos por lo menos hasta que el magistrado resuelva su situación procesal, algo que seguramente hará diez días después de indagarlos. Pero como les imputa el delito de asociación ilícita, que es considerado grave, la lógica indica que si los procesa lo hará con prisión preventiva. Es, de hecho, el criterio que viene siguiendo en la causa: la semana pasada, cuando procesó a tres imputados de la droguería Del Plata, los dejó tras las rejas.

- ¿Cuáles son las pruebas que más complican a Zanola?

El armado de historias clínicas truchas para cobrar subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud por tratamientos oncológicos, hemofílicos y contra el sida que nunca se hicieron será, probablemente, uno de los puntos más difíciles de justificar para el sindicalista y sus colaboradores. En el Policlínico Bancario se secuestraron cientos de carpetas que incluían recetas apócrifas y troqueles falsos (el cuadradito con el código de barras que traen las cajas de remedios) con los que se aparentaba el suministro de medicamentos muy costosos (de 1500 a 15 mil pesos). Los pacientes que figuraban tal vez habían fallecido o nunca estuvieron enfermos, o con suerte tuvieron un resfrío. Las droguerías facturaban medicación pero lo que entregaban eran troqueles truchos. La semana pasada aparecieron importantes evidencias en el allanamiento a una imprenta que imprime troqueles falsos para San Javier y otras droguerías vinculadas a la Obra Social Bancaria (OSBA)

La relación de la OSBA con la droguería San Javier, del empresario Lorenzo, es muy comprometedora para Zanola. San Javier hasta tenía un depósito y una oficina dentro del Policlínico Bancario y está comprobado no sólo que comercializaba troqueles truchos sino medicamentos provenientes de piratería del asfalto y otros robados de los programas nacionales de distribución gratuita. Remedios de ese tipo, y en menor medida otros vencidos y adulterados, fueron hallados por la Justicia en la clínica de los bancarios. Zanola, según un documento en manos del juez, hasta le había cedido a San Javier el derecho de cobro de los subsidios otorgados por la APE para tratamientos de enfermedades graves. Incluso armaron un fideicomiso en el Banco Provincia a través del cual se giraban los pagos a la droguería de Lorenzo. Más allá del fideicomiso, hay movimientos financieros sumamente sospechosos entre la obra social que dirigía Zanola –hasta su intervención– y las droguerías de Lorenzo y sus socios, tres de los cuales también están presos. La ruta del dinero daría cuenta de una actividad de blanqueo.

- ¿Cuáles son las maniobras más difíciles de imputarle a Zanola?

Especialistas consultados por Página/12 advierten que no será fácil probar la vinculación del sindicalista con el suministro y la distribución de remedios adulterados, vencidos o robados. Pero también admiten que hay toda una discusión jurídica: si el juez decide acusar a los detenidos de participar en una asociación ilícita, eso hace que lo que le imputan a uno se extienda a los demás. Se considera que todos participan de una banda para cometer delitos. Por ejemplo, si está probado que Lorenzo vendía medicamentos robados, a Zanola –dada la vinculación entre ambos– se le adjudicará cuanto menos un conocimiento.

- ¿Con qué argumentos se va a defender Zanola?

Negarse a declarar es un derecho de todo imputado, y no está para nada descartado que Zanola y el resto de los detenidos hagan uso de él. O tal vez pidan exponer su postura y no contestar preguntas, que es otra posibilidad. Esto se deduce de un reclamo que vienen haciendo los abogados defensores, que dicen que Oyarbide no les dejó ver el expediente: desde que el 21 de septiembre decretó el secreto de sumario. Es decir, se supone que no saben a ciencia cierta de qué los van a acusar y con qué pruebas, algo que recién se enterarían en la indagatoria. Más allá de eso, es casi cantado que si Zanola y su mujer deciden hablar digan, por ejemplo, que desconocían que San Javier distribuía medicamentos de origen ilícito.

- ¿Cuál es la relación con el triple crimen de General Rodríguez?

Está probado en este expediente y en el del triple crimen que Sebastián Forza colocaba en el mercado medicamentos robados por piratas del asfalto. Ahí está uno de los orígenes de su relación con Lorenzo, con quien compartía negocios en la distribución de remedios truchos. Pero en el fondo, no se trata de una relación con el triple crimen en sí mismo. Es que según el fiscal de la causa del homicidio, Juan Manuel Bidone, el disparador del homicidio no tuvo que ver con los medicamentos sino con las relaciones que estableció Forza con grupos mejicanos para venderles efedrina para la producción de drogas sintéticas. La viuda de Damián Ferrón, otro de los asesinados, reveló ante Oyarbide que su esposo tenía vínculos comerciales con Zanola y que se habían reunido tiempo antes del crimen. Lo que sucede es que para meterse en el fabuloso negocio de la efedrina –comprada en la India a 300 dólares el kilo, vendida a traficantes mexicanos en la Argentina a diez veces ese valor y puesta en México a 10.000 dólares el kilo– se necesitaba una estructura de droguería a la que se le permitiría la importación de ese precursor desde el país asiático. Es decir que los que se dedicaban a los medicamentos robados o truchos rápidamente se pasaron a la efedrina.

- ¿De qué está acusado Costa?

La base son unas escuchas telefónicas en las que hablaba con Lorenzo y mencionaban una distribución de dinero. Además, en esos mismos diálogos le preguntaba a Lorenzo si podía conseguir Tamiflú, el medicamento para combatir la gripe A, porque él podría vendérselo al Ministerio de Salud bonaerense. El titular de Salud, Claudio Zin, siempre sostuvo que nunca se le compró nada a San Javier, aunque igualmente desplazó a Costa –que estaba en el cargo desde la gestión de Felipe Solá– ante su relación con Lorenzo. Se dice que en la causa existirían datos de que Costa operó alguna compra, no con San Javier, pero sí con otro laboratorio sospechado. Pero el secreto en el que está la causa impide confirmar ese dato.

- ¿Va a haber algún otro funcionario detenido o imputado?

Es probable que hoy el fiscal Comparatore pida la indagatoria de Héctor Capaccioli, ex superintendente de Salud de la Nación. Es que era el funcionario encargado de supervisar a las obras sociales, entre ellas La Bancaria, en la que se producían esos desmanejos. Además, buena parte de los titulares de las droguerías que él debía controlar, terminaron aportando fondos a la campaña del Frente para la Victoria, en 2007, campaña de la que justamente Capaccioli era recaudador. El ex superintendente era un allegado a Alberto Fernández. Es muy probable que Oyarbide lo llame a declarar. Lo que nadie sabe es si llegará a Tribunales detenido –como Zanola y los demás– o si será convocado a indagatoria manteniendo la libertad. El interrogante es si Oyarbide lo va a incluir en la asociación ilícita. Parece difícil, pero habrá que ver cuáles son las pruebas que tiene el magistrado.