La Justicia procesó ayer al general retirado Alfredo Arrillaga por las torturas y ejecuciones de miembros del Movimiento Todos por la Patria que participaron del intento de copamiento del cuartel de La Tablada en 1989. El juez federal de Morón Germán Castelli le imputó el cargo de “homicidio agravado por alevosía” y, además de ratificar su prisión preventiva, embargó sus bienes por un monto equivalente a dos millones y medio de pesos. Por los mismos delitos –que hace un mes declaró de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles–, el magistrado ordenó también la captura internacional del prófugo, mayor retirado del Ejército, Jorge Varando, procesado por la represión previa a la caída de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001.

Arrillaga fue el responsable del operativo de recuperación de La Tablada y había sido detenido por orden de Castelli a mediados del mes pasado, a partir de la declaración de imprescriptibilidad de los crímenes que se le imputan. El juez reiteró que corresponde esa tipificación porque “un número indeterminado de agentes del Estado planificó que los atacantes apresados durante y con posterioridad a la recuperación del cuartel fueran, en algunos casos, ejecutados, y todos ellos torturados”.

La causa en la cual Arrillaga fue ahora procesado investiga la detención de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz en la “guardia de prevención” de La Tablada y los maltratos a los que fueron sometidos los integrantes del Movimiento Todos por la Patria arrestados en el intento de copamiento al regimiento. Ruiz y Díaz fueron asesinados y sus cuerpos reconocidos en 2000 y 2009 respectivamente.

Castelli consignó en el procesamiento de Arrillaga que los maltratos a los prisioneros habrían continuado “incluso hasta momentos antes” del arribo al lugar del entonces presidente Raúl Alfonsín. “Las violaciones a los derechos humanos investigadas fueron realizadas contrariando las expresas directivas presidenciales de preservar la integridad física de los prisioneros”, expuso el magistrado en su resolución de 138 páginas. En ese sentido, agregó que los agentes “no sólo desconocieron las órdenes impartidas por el propio presidente en lo relativo al tratamiento que debía darse a los prisioneros, sino que también prolongaron la agresión fuera del cuartel”.

A pesar de que en su declaración Arrillaga había negado la existencia de fusilamientos en el marco de la recuperación del regimiento, Castelli dio por probadas al menos nueve ejecuciones y decenas de casos de torturas, algunas de ellas de prisioneros capturados fuera del cuartel. La conclusión del juez fue clara: el objetivo de los militares con los prisioneros fue “matar algunos de ellos y torturarlos a todos”. “Aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional, que incluyó dificultar las investigaciones”, concluyó Castelli.