El juez federal de Salta Miguel Antonio Medina accedió a una petición delComité de Defensa al Consumidor (Codelco) y dictó una medida cautelar contra la ley de medios. La resolución sostiene que la nueva reglamentación “generará disparidad entre los consumidores de las distintas localidades del país”.

De acuerdo con la medida, seis artículos de la Ley de Servicios Audiovisuales aprobada en octubre pasado “conculan derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pues parte de su articulado está destinado a cercenar el acceso a los medios de comunicación de los cuales goza actualmente el consumidor”. La resolución, además, ordena al Estado que “se abstenga” de avanzar en la puesta en marcha de la norma.

La solicitud de amparo fue realizada por la organización Codelco, con sede en Salta pero de proyección nacional. Su titular, Guillermo Durán Cornejo, sostuvo que “esta ley parece que la hizo el Proceso, que fue concebida por Videla. Por eso fuimos a la Justicia, ya que a mí ni a nadie le gusta que nos vengan a decir lo que nuestras familias tienen que escuchar o ver”.

Además de ser presidente de Codelco, Durán Cornejo es diputado provincial por el Partido Conservador Popular salteño. Entre sus hitos recientes destacan su oposición a la reestatización de la empresa Aguas de Salta, siendo que –tal como se denunció en su momento– la organización que preside recibía aportes de dicha compañía.

El juez Medina, por su parte, tiene una citación del Consejo de la Magistratura para el próximo martes, luego de que se le iniciara un proceso por “mal desempeño” vinculado con su intervención en la causa por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone en 1976. Fernando Pequeño Ragone, nieto del mandatario desaparecido, impulsó la auditoría a Medina por considerarlo “responsable” del mal proceso.