Retrocediendo raudamente en el pasado, como al visionar al revés alguna película del cine mudo, la visita del enviado del presidente Obama y encargado de asuntos latinoamericanos de Estados Unidos al sur del continente, Arturo Valenzuela, dejó una sensación de déjà vu en la política de Washington sobre nuestro país (desde Cordell Hull y Braden, de recordada actuación en épocas de “relaciones tumultuosas”, hasta Terence Todman, denominado el “virrey”, en los más apacibles tiempos de las “relaciones carnales”). Sus dichos y acciones levantaron una ola de suspicacias sobre la forma de entender los vínculos mutuos. Valenzuela no fue recibido por los presidentes en Argentina y Brasil, donde se reunió con funcionarios subalternos, pero en Buenos Aires (no en la nación vecina) tuvo también entrevistas con políticos opositores que respaldaron sus conceptos.

En conversaciones con éstos y con empresarios locales Valenzuela señaló la “falta de seguridad jurídica” en Argentina y comparó este momento con la “mejor” situación que se vivía en la época del menemismo, esa que llevó directamente –es bueno recordarlo para tanto repentino desmemoriado– a la crisis de 2001-2002. Claro está que la seguridad jurídica a la que se refería era exclusivamente la de los inversionistas y no las de las personas o ciudadanos. Se trata lisa y llanamente de una seguridad jurídica corporativa y vista con los ojos de la potencia del Norte. Pero Valenzuela no mencionó el revés de la trama. El país con mayor inseguridad jurídica del mundo actualmente, a raíz de la crisis económica y financiera, con un fuerte componente especulativo, que se originó en él y se extendió como un reguero de pólvora sobre todo el planeta, es justamente los EE.UU.

¿Qué tipo de seguridad jurídica tuvieron los depositantes o inversores que han visto a cientos de bancos donde tenían colocados sus ahorros derrumbarse de la noche a la mañana? En el 2009 quebraron poco más de 130 bancos de los 8500 existentes y aunque el gobierno de Washington rescató varias entidades financieras, una gran cantidad, sobre todo medianas y pequeñas, se fueron a pique sin su ayuda. En cuanto a los depósitos, la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) sólo cubre hasta un cierto límite los de aquellos bancos asegurados en ella, no la de todos los bancos ni toda clase de acreencias.

¿Qué seguridad jurídica existió para los miles de propietarios de inmuebles que se encontraron sin poder seguir pagando sus hipotecas y fueron desalojados de sus hogares? ¿Cuál fue la seguridad jurídica de los futuros jubilados cuyos fondos de pensión cayeron en el pozo interminable creado por las pérdidas de valor de los activos financieros a los que estaban ligados y se quedaron sin ingresos futuros después de años de aportes y de trabajo? ¿De qué seguridad jurídica se habla para los que perdieron sus empleos en numerosas empresas que achicaron masivamente su personal o cerraron directamente sus puertas? En fin, ¿cómo se aprecia la seguridad jurídica de grandes industrias que se encontraron financieramente arruinadas hasta llegar a ser nacionalizadas, como General Motors, en un país que pregona que ése es el principal peligro para sus compañías fuera de sus fronteras? Puede decirse que muchos de estos casos tienen que ver con la mecánica misma de la crisis, pero es imposible no mencionarlos por la retórica existente.

Yendo a interrogantes referidos directamente a políticas públicas: ¿cuál fue el marco de seguridad jurídica que brindó la revocación, en 1999, de la Glass-Steagall Act, que establecía una separación entre la banca comercial y la de inversión? Desde ese momento se extendió la posibilidad, en un mercado totalmente desregulado, de que cualquier entidad del rubro pudiera crear sus propios medios e instrumentos financieros con una falta de límites claramente establecidos en sus operatorias y un estímulo a actividades especulativas. Esto constituyó una de las causas de la crisis que se desató en 2007. En verdad, la seguridad jurídica está muy lejos de existir en un país que hizo temblar a los inversionistas de todo el mundo y provocar la quiebra de entidades de otros países con intereses en EE.UU. O que permitió fraudes empresarios como los de Enron o WorldCom, compañías que estafaron hasta a sus mismos empleados. Para no hablar de la seguridad que deviene del respeto de la libertad personal, una de las bases mismas de la Constitución del país del Norte, vulnerada en el pasado por el tristemente célebre macartismo o por la aprobación de la patriotic act, que redujo el derecho de privacidad y estableció la detención sin tiempo y sin intervención judicial de extranjeros y hasta de ciudadanos. O la que sostiene el principio de soberanía, transgredido por razones falsas en la invasión a Irak.

La cuestión no queda allí. Como se señala en un artículo publicado en 2007 por el Instituto de Estudios Legales Alternativos de Colombia (ILSA, org. com), el fin último de la seguridad jurídica que preconizan los Estados Unidos para proteger a sus inversionistas en América latina –abandonada la etapa del “big stick” que subsistió en gran parte del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX, con algunos “revivals” posteriores– es la adopción de “normas homogéneas, durables, con poder de coerción y que aseguran transparencia” en los acuerdos comerciales o de inversión que realice el país del norte. Pero su desarrollo ha ido en una sola dirección: “La supremacía de la legislación estadounidense” por sobre la local para sus capitales invertidos en el exterior (la obligada intervención del Ciadi –una institución del Banco Mundial con sede en Washington–, apañada por dirigencias nativas, constituye un ejemplo en el caso argentino). Asimismo, esas normas favorecen sistemáticamente a los inversionistas por sobre los demás ciudadanos desconociendo otros derechos como los humanos, ambientales o laborales. Se establece así “la paradoja de que la seguridad de un tipo de leyes somete a la inseguridad a los otros tipos de legislación”. La no aceptación por Washington del Protocolo de Kioto sobre el calentamiento global, defendiendo la depredación de recursos naturales y la contaminación del medio ambiente por parte de empresas de su país, es una demostración de la poca importancia en la seguridad de una vida prolongada para millones de habitantes del mundo, posición no alterada en demasía en la Cumbre de Copenhague, donde se llegó a un acuerdo poco satisfactorio al respecto.

A todo esto debemos agregar la cuestión de la seguridad social en los mismos EE.UU. En una entrevista dada en 2008 a una revista europea, Paul Krugman decía que “la realidad no había estado jamás a la altura del sueño americano”, y esto se reflejaba en la distribución de los ingresos. Los Estados Unidos –concluía– ante la pregunta de si seguía siendo la primera potencia económica del mundo “son todavía un lugar privilegiado para aquellos que están entre el cinco por ciento de los más ricos”. Los esfuerzos de Obama por establecer un seguro de salud universal, boicoteado por gran parte de la clase política, medios y entidades civiles, dan cuenta de que sobre la seguridad social el presidente norteamericano debe enfrentar a intereses poderosos. Inseguridad jurídica, social, ambiental, EE.UU., con toda su potencia y riqueza (en muchos casos más pasada que presente), no es un ejemplo en este sentido. Pero, sobre todo, no puede dar lecciones a otros y menos imponer sus leyes. Eso sí, debe preocuparse por recuperar la salud de su economía, hoy la más endeudada del planeta, cuya suerte representa una incógnita para el futuro económico de la humanidad.