“Hay que seguir los procedimientos que marca la Constitución” es la muletilla que usa el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, cada vez que le preguntan sobre el destino de los cuestionados ministros de la Corte Suprema. Ayer se sumaron a este comentario –y lo profundizaron– el presidente del bloque radical de senadores, Carlos Maestro, y el gobernador de Río Negro, Pablo Verani, y generaron un clima menos propicio para los jueces. Hoy, y coincidiendo con el quinto cacerolazo contra la Corte, se dará el primer paso para que estén listos los “mecanismos constitucionales” que pueden terminar con los actuales supremos: la conformación de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Ayer por la noche en la Cámara baja se debatía quiénes serían los integrantes de la comisión, que estaría presidida por el justicialista de Santa Cruz Sergio Acevedo, cercano a Néstor Kirchner. Serían de la partida los peronistas Franco Caviglia, Graciela Camaño y Miguel Angel Toma; Ricardo Bussi de Fuerza Republicana y el tucumano José Falú, de Frente de Todos. La frepasista Nilda Garré y la líder del ARI, Elisa Carrió, también estarán en la Comisión. Entre los integrantes por el radicalismo figuran Carlos Iparraguirre, Benjamín Nieto Brizuela y Fortunato Cambareri.
Esta Comisión era la última de importancia que quedaba por formar en Diputados, y su constitución se aceleró luego de que el martes legisladores de Frente para el Cambio, ARI, Izquierda Unida y el Frente Grande pidieran una sesión especial para tratar dos proyectos que acusaban a los supremos de mal desempeño y delito en ejercicio de sus funciones.
Los diputados ya estarán en condición de analizar a través de los mecanismos previstos la conducta de los jueces de la Corte que, según reconoció ayer Vanossi, cobran alrededor de diez mil pesos. Los legisladores deberán elegir una subcomisión que se encargará de las varias denuncias que esperan ser tratadas y aconsejará abrir o no el juicio político. En caso de que se decida iniciar un proceso, los acusados serán llamados a hacer su descargo, que podrán efectuar en persona o por escrito. Finalmente, la Cámara debe aprobar el juicio con dos tercios de los presentes. A partir de ahí, el trámite continúa en el Senado.
El desprestigio de la Corte fue tratado ayer en una reunión de gobernadores y legisladores de la Alianza que se realizó en la sede del CFI. “Hay que apoyar los juicios políticos pedidos luego del análisis jurídico de cada uno de ellos. Estoy de acuerdo en que se analice la conducta de los jueces, de manera tal que puedan ser sancionados aquellos que no han estado encuadrados dentro de las normas de su desenvolvimiento”, aseguró Verani luego del encuentro. Otra muestra de la disposición radical para promover una renovación de la Corte la dio Maestro, titular del bloque del Senado, quien sostuvo que “la UCR va a habilitar en la Cámara de Diputados el tratamiento de la cuestión”.
Los legisladores deberán analizar la remoción de los jueces con la mirada atenta de quienes se congregan todos los jueves a las 17 –hoy inclusive– frente al Palacio de Tribunales para pedir “que se vayan” los nueve ministros. Tal vez para paliar algo del desprestigio del Poder Judicial, Vanossi impulsará que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, del que hasta ahora están exceptuados.