La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar una demanda judicial porque considera que el nuevo régimen jubilatorio para los profesores viola la autonomía universitaria. El cuestionamiento apunta contra el artículo que fija que los docentes universitarios pueden optar por quedarse hasta los 70 años en sus cargos. Esta disposición contradice lo establecido por el estatuto de la UBA, según el cual todos los profesores deben dejar sus funciones al cumplir 65 años. Los sindicatos docentes ya presentaron recursos de amparo para defender el derecho estipulado en la nueva normativa: “La inconstitucionalidad no es de la ley sino del artículo 51 del estatuto”, dijo el titular del gremio AGD, Néstor Correa.

El texto del artículo 51 del estatuto de la Universidad de Buenos Aires establece que “todo profesor regular cesa en las funciones para las que ha sido designado el 1º de marzo del año siguiente” al que cumple los 65 años. Con la sanción del nuevo régimen jubilatorio, aprobado por el Congreso el año pasado, aquellos profesores universitarios que llegan a esa edad pueden “optar por permanecer en la actividad laboral durante cinco años más”. La nueva norma otorga además el 82 por ciento del salario como haber jubilatorio, integrando a los profesores al régimen especial que ya habían recuperado los maestros y los investigadores científicos.

El recientemente reelecto rector de la UBA, Ruben Hallu, decidió recurrir a la Justicia para impugnar la prolongación de la vida laboral de sus profesores. Lo hizo siguiendo lo recomendado por la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, que, a su vez, le encomendó a la Facultad de Derecho elaborar un dictamen sobre la aplicación de la nueva ley jubilatoria. En ese trabajo, el profesor Alejandro Barbagelata concluyó que “la Ley 26.508 viola de forma inequívoca la autonomía universitaria” al interferir “indebidamente con la especial relación de empleo que vincula a la UBA con sus docentes universitarios”. Por ello aconsejó a la UBA iniciar una “demanda judicial de certeza para obtener la condigna declaración de inconstitucionalidad” del artículo de la ley que hace referencia a la edad de los docentes. La resolución del rector suspende además la aplicación del artículo en cuestión “hasta tanto se dicte sentencia en la acción judicial”.

La decisión de Hallu fue rechazada por los gremios docentes. “El planteo de la UBA contiene una concepción retrógrada cuando dice que la ley interfiere de forma indebida en la relación laboral. Plantea una autonomía por fuera de las leyes nacionales y supone que no puede haber mejoras en los derechos de los trabajadores”, señaló el secretario gremial de Feduba, Federico Montero. El dirigente explicó que “ya se presentaron tres recursos de amparo antes de que se conociera la resolución, porque ya se veía venir. Es una medida cautelar para que no modifiquen la situación contractual”.

A su vez, en medio del conflicto, la Anses ya tiene en su página web el formulario de opción para los docentes de las universidades que deseen trabajar hasta los 70. “Para la Anses está claro y los profesores que cumplieron 65 años pueden optar por quedarse a partir del momento en que se promulgó la ley. Si no, se está incurriendo en un acto donde se discrimina al empleado por su edad”, afirmó Correa, titular de AGD. Por su parte, el secretario general de Aduba, Daniel Ricci, aseguró que “la UBA tiene que aceptar lo que indica la ley. Hasta el momento ya se han presentado las solicitudes de opción de permanencia y la universidad tiene que responder en febrero. Allí veremos cuál es su posición”. Mañana, Feduba presentaría más acciones de amparo y se espera que el viernes la Justicia responda por las tres cautelares ya presentadas.