Mientras Elisa Carrió vuelve de Punta del Este, acusa al Gobierno de “abuso de autoridad” y le recomienda a Redrado hacer caso omiso de la medida ordenada por el Gobierno, Pino Solanas amenaza con una “querella penal” contra la Presidenta y todos sus ministros, Mauricio Macri y Federico Pinedo hacen otro tanto denunciando que “el mensaje que se está dando a todo el planeta es que éste es un país sin leyes”, Carlos Reutemann clama por la preservación de las instituciones, Ernesto Sanz reclama un pronunciamiento del Poder Judicial.

Cualquier argentino mínimamente informado sobre la historia del país no puede menos que haber pensado en la “unión democrática” que había entrado en escena el 3 de diciembre del año pasado. Pero hay otros ingredientes que le dan un sabor picante. Gerardo Morales se pone como el defensor del salario de los trabajadores, lo cual puede ser considerado como el chiste del siglo y Julio Cobos –¡hic Rhodus, hic saltus!–, igual que Carrió, vuelve urgentemente de vacaciones para “brindar las respuestas que correspondan institucionalmente”.

Defensa de las instituciones y calidad institucional constituyen muletillas de quienes no pierden oportunidad, porque toda ocasión es buena para un brindis, en desgastar al Gobierno y su capacidad de llevar adelante la gestión para la que fue elegido. Se reproduce el conflicto que ya conocemos. Precisamente un dirigente ruralista vuelve a aclararnos lo que ya nos dijera Eduardo Buzzi: “La Sociedad Rural y CRA juegan a desgastar al Gobierno en el largo plazo”.

Mientras esto sucede en nuestro país, en Honduras se ha producido un golpe de Estado para defender las instituciones y en Paraguay se está en vías de hacer algo parecido. Hillary Clinton ha dicho que “debemos utilizar lo que se ha llamado el ‘smart power’, el rango completo de herramientas que están a nuestra disposición, diplomáticas, económicas, militares, políticas, legales y culturales”.

Los casos de Cobos y Redrado, aunque no son iguales, presentan, sin embargo, características semejantes. En ambos casos se pretende que quien ejerce una función política lo hace a nivel personal, y no respondiendo a un proyecto político que necesariamente es colectivo, y depende en un régimen presidencial, de la política fijada por la Presidencia.

Cobos llega a la vicepresidencia por el voto popular, pero este voto estuvo dirigido a un proyecto político. En la medida en que no sólo ha dejado de compartirlo, sino que se transforma en cabeza de la oposición, debe renunciar. No hacerlo y seguir hablando de defensa institucional es pura hipocresía. Como lo insinuaron Mariano Grondona y Hugo Biolcati en amigable conversación, Cobos está allí esperando que la manzana le caiga en las manos, mientras la oposición sacude el manzano con todas sus fuerzas.

En el caso de Redrado, en cambio, su designación como presidente del Banco Central no provino del voto sino del poder político. En la medida en que deja de responder al proyecto político por el cual fue designado, no le quedaba otra que renunciar. Lo contrario es destruir la concepción misma de lo político, transformándola en una cuestión personal, como ha hecho Cobos, que antepone una pretendida cuestión de conciencia sobre el proyecto político.

* Filósofo, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).