El boxeador llega cansado al refugio del rincón y su asistente, en vez de reconfortarlo, le pega para que tenga. Es la peor situación de todas, porque las trompadas vienen desde donde menos se lo espera. Esa sería una “crisis institucional boxística”. El caso de Redrado y el Gobierno es una crisis institucional en una zona muy sensible relacionada con las finanzas de un país. En cierto sentido es peor que la crisis institucional planteada por el vicepresidente Cobos, que se pasó a la oposición.

Los jefes de bloques opositores, que son concesivos ante actitudes como las de Cobos y Redrado, se preocupaban por aclarar ayer que no estaban discutiendo una crisis institucional. Son todos conscientes de las consecuencias funestas que puede tener la rebelión de Redrado en el Central sobre una economía que comienza a despegar de la crisis del año que pasó. Si a la economía le va mal seguramente repercutirá sobre la suerte del Gobierno. Pero además, repercutirá sobre los bolsillos del ciudadano.

Hay ángulos donde los Decretos de Necesidad y Urgencia pueden ser discutibles desde el punto de vista de la institucionalidad. Pero que la reunión en el Senado para discutir desde ese punto de vista esté convocada y dirigida por un vicepresidente que a mitad de mandato se pasó a la oposición demuestra que no importa tanto la institucionalidad, sino el desgaste del Gobierno, a cualquier costo, y la promoción de un candidato.

La situación de Redrado genera otros interrogantes sobre institucionalidades. ¿Es menos institucional un DNU o que la oposición obligue al Gobierno a mantener al frente del BC a alguien que rechaza su política? ¿Es institucional que el BC, apoyado por la oposición, boicotee las políticas económicas de un gobierno?

Con la defensa de Redrado, encabezada por Cobos, la oposición eligió la peor causa y la peor manera para discutir la institucionalidad de los DNU o del Gobierno, porque lo hace desde los lugares más perjudiciales para cualquier inquietud institucional. Tal como está planteada la discusión, es la oposición la que aparece como un factor no institucional capaz de disparar los gatillos de una crisis económica. En el fondo, ésta es la discusión que se plantea, pero la que menos importa.

La radicalidad de la oposición sobre el filo de una posible crisis tampoco tiene base de sustento en una realidad que no se presenta con el mismo dramatismo. Los pies de esa radicalidad se apoyan, en cambio, en un clima mediático, una materia que se deshace con el tiempo. Con el agravante de que puede detonar una crisis evitable que obstruya el despegue de la economía que fue anunciado desde todos los sectores. La oposición sería responsable en ese caso de esta profecía apocalíptica autocumplida.

Nada de lo que está haciendo la oposición para discutir la institucionalidad de los DNU es muy institucional. Ese es el país real: con poca institucionalidad de un lado y del otro. Resulta una ficción plantear que un sector –la oposición o el oficialismo– es dueño de la institucionalidad y el otro su destructor, porque, a diferencia de otras sociedades, como la uruguaya, la cultura del sistema político argentino en su conjunto es poco institucionalista. No hay un Ceaucescu (el peronismo) de un lado y un Alberdi (la UCR) del otro, como lo plantean algunos analistas en los grandes medios. Es cierto que el peronismo tuvo expresiones autoritarias. Igual de cierto es que la UCR fue golpista durante sus largos años de antiperonismo.

Es probable que haya muchas paradojas en este entramado, pero sería importante señalar una más. Porque es la misma oposición la que está avalando en este momento la necesidad de los DNU que quiere rechazar. Al usar cualquier medida y cualquier argumento, al punto máximo de arriesgar una crisis institucional y económica y de alterar la gobernabilidad, le da argumentos al Gobierno de que ésa es la única forma de gobernar, o por lo menos de tomar decisiones.