El Gobierno, a través del procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, presentó una denuncia penal contra el diputado de PRO Federico Pinedo por el delito de “estafa procesal”. Por el tipo de acusación, por transitividad, también deberá ser investigada la jueza María José Sarmiento.

El planteo oficial es que, después de que la magistrada bloqueara las reservas del BCRA, Pinedo le pidió que convirtiera su recurso de amparo en un juicio ordinario, a lo que la jueza accedió. De ese modo, se buscaba evitar que la apelación del Estado dejara en suspenso la medida cautelar. Pero el diputado hizo algo más, que sólo se puede hacer en un proceso “ordinario” y no en el de un amparo: recusó “sin causa” a uno de los camaristas, José Luis López Castiñeira, lo que lo obligó a apartarse sin más. Ese tipo de recusación puede ser utilizada por las partes una única vez en el proceso. En este caso, lo que se logró es que la Cámara en lo Contencioso Administrativo que tenía que resolver las apelaciones del Estado quedara sin posibilidad de actuar: quedó con un solo juez, Néstor Buján, ya que Carlos Grecco se había excusado antes.

De por sí, argumentan los asesores legales del Gobierno, que Sarmiento haya habilitado la feria para resolver todo el conflicto alrededor de las reservas y la presidencia del BCRA y luego transformase el expediente en uno de trámite ordinario, de tiempos más prolongados, es una contradicción. “El único objetivo era que el tribunal se quedara sin jueces”, dicen. Y la jueza Sarmiento fue inducida a error, sostienen, de modo que también habría que analizar su conducta. “Hubo mala fe procesal”, insisten.

La causa recayó en el Juzgado Federal 9, ahora subrogado por Rodolfo Canicoba Corral, que ayer mismo le dio intervención al fiscal Guillermo Marijuán. Pinedo, en respuesta a la denuncia, dijo: “Aparentemente quieren que nos metan a todos presos. Con un poco más de esfuerzo van a lograr que hagamos quórum en la cárcel. ¿A qué se debe? Yo lo único que quiero es defender los intereses de la Argentina”. Reclamó que el Gobierno dé “una señal de que el BCRA es independiente del Ejecutivo y así evitar el embargo de tres mil millones de dólares de todos los argentinos y reunir al Congreso en los próximos días”. Aclaró que no conoce a Sarmiento, a quien sólo vio unos minutos en su juzgado.