Las causas judiciales por la remoción de Martín Redrado y la creación del Fondo del Bicentenario volverán a entrar hoy en movimiento. Será cuando los abogados del titular del Banco Central y los diputados de la oposición que promovieron demandas presenten sus contestaciones a la apelación del Estado contra las medidas cautelares que devolvieron a Redrado a la presidencia del BCRA y bloquearon el uso de reservas de la entidad para el pago de la deuda. Con este paso cumplido, en cuanto el nuevo juez del caso –Ernesto Marinelli– vuelva a elevar los expedientes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo con su nueva composición de feria estaría en condiciones de fallar.

El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, había intentado la semana pasada que la Cámara se “abocara” a revisar las medidas cautelares dictadas por la jueza María José Sarmiento en forma urgente, casi a modo de un per saltum, pero no tuvo eco. El tribunal intentó una salida política, que pensaba instrumentar a través de una especie de conciliación entre los presidentes de las cámaras legislativas, pero una recusación sin causa presentada por el diputado de PRO Federico Pinedo hizo que quedara abortada al dejar al tribunal con un solo juez.

Lo que viene ahora es una batalla argumental. El Estado, al apelar las resoluciones que suspendieron la aplicación de los decretos de remoción de Redrado y de creación del Fondo del Bicentenario, sostuvo entre los puntos centrales que el proceso de revisión parlamentaria de los DNU está en marcha desde el momento en que se reunió la Comisión Bicameral encargada del tema y que, por lo tanto, la demanda judicial pierde sustento. También planteó, en el mismo sentido, que los diputados de la oposición carecen de legitimación para seguir impulsando el expediente contra el uso de reservas. La decisión de la jueza Sarmiento de convertir el amparo de los legisladores en un juicio ordinario fue otro punto impugnado por los abogados oficiales. Para ellos existe una contradicción entre la esencia expeditiva del amparo, para dar respuesta a situaciones de gravedad, con la parsimonia de los expedientes comunes. ¿Qué pasó con la gravedad?, cuestionan en el Gobierno. En cuanto a la reposición de Redrado en el BCRA, objetaron los fundamentos de Sarmiento, quien sostuvo que era la única forma de garantizar el bloqueo de reservas. “Eso se discute en otra causa, no en ésta, por lo tanto la resolución es nula”, le explicaron a este diario. “El objetivo de cualquier medida cautelar es garantizar al actor que podrá satisfacer su pretensión si gana la demanda. La de Redrado era recuperar el cargo”, añadieron

Los abogados de Redrado –Gregorio Badeni y Juan Carlos Cassagne– y los distintos grupos de diputados opositores que litigan contra el Estado (PRO y la Coalición Cívica, la UCR y el PJ disidente) llevarán hoy sus presentaciones ante el juez Marinelli –quien tiene una relación tensa con el Gobierno–, que no tendría mucho por hacer más que elevarlas a la Cámara. El diputado Juan Carlos Vega (CC) adelantó en diálogo con Página/12 que dirán que la jueza Sarmiento “concedió la medida cautelar y ordinarizó el trámite del expediente para dar las garantías judiciales y el derecho de acceso a justicia que exigen los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. “Cualquier ciudadano que ha sufrido un daño tiene legitimidad. Nosotros somos diputados, pero lo que discutimos desde el punto de vista judicial no es una política económica, que sí debatiremos en el Congreso, sino si el proceso de toma de decisiones en el Gobierno fue o no constitucional”, explicó Vega.

Las juezas que están de turno en la Cámara Contencioso Administrativo y que deberán resolver si dejan las cautelares en pie son Clara Do Pico y Marta Herrera. Do Pico tendría una relación de bastante cercanía con Sarmiento. Herrera, cierto pasado radical, dicen en tribunales. Lo más probable es que esta misma semana, tal vez en cuestión de horas, ya estén dadas las circunstancias para que se expidan. Habrá que ver qué celeridad están dispuestas a darle al asunto. Lo único que podría paralizar el trámite serían nuevas recusaciones o alguna medida del juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral, quien está a cargo de la investigación sobre una supuesta “estafa procesal” de Pinedo, Vega y la jueza Sarmiento que se abrió con una denuncia del Gobierno (ver recuadro).

Si el desenlace judicial quedara postergado para después de la feria, llegarán entonces a sus camaristas definitivos. Los expedientes promovidos por diputados tienen asignada la sala IV, cuyo único juez titular es Jorge Morán, y desde febrero tendrá como subrogantes a Sergio Fernández y Luis Márquez. Ambos fueron denunciados por el juez Marinelli en el marco de un concurso del Consejo de la Magistratura para la Cámara, donde Fernández era jurado y Márquez concursante. Marinelli advirtió que son amigos. Fernández es hermano de Javier Fernández, un auditor general de la Nación con fama de poderoso operador judicial del Gobierno. La causa de Redrado estará en la Sala I, que componen Néstor Buján –quien intervino la semana pasada–, Do Pico y Pedro Coviello, un militar retirado.