Se habían juntado a principios de 2006 para planear un golpe de Estado. Eran ex policías y ex militares vinculados con partidos marginales y carapintadas, y un año más tarde fueron denunciados en la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Hubo allanamientos, que coincidieron con el primer año de ausencia del testigo clave del caso Etchecolatz, pero la Justicia nunca analizó esa información ni citó a dar explicaciones a los presuntos conspiradores. Dos años más tarde, el nuevo fiscal del caso López decidió que el hecho debía ser investigado en otra causa. Las autoridades nacionales en materia de seguridad están al tanto de esta iniciativa. Por su parte, la querella de Justicia Ya! sigue considerando que, por su nivel operativo y sus vínculos con la represión de la dictadura, esta banda podría haber sido la responsable de secuestrar a López. Algunos de sus miembros tienen relación con asiduos visitantes al pabellón de represores de la cárcel de Marcos Paz.

Como con el caso AMIA, también con López hubo golpes de efecto en cada aniversario. El del primer año fue la revelación de la llamada pista Chicano, por Oscar Raúl Chicano, un ex secretario del represor Miguel Etchecolatz que fue detectado en una serie de fotos de actos y reuniones políticas donde había participado López. A pocos meses de su desaparición, las fotos llegaron al juzgado federal de Arnaldo Corazza, pero los compañeros del testigo y los querellantes no sabían quién era ese hombre mayor, de pelo ralo, aunque sospecharon que podía haberse infiltrado para realizar la inteligencia previa al secuestro.

A fines de agosto de 2007, un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense lo identificó como Chicano. Su fuente fue un testigo de identidad reservada que, además, relató la realización de un encuentro de ex militares y ex policías, del que participó Chicano, en el que planeaban un golpe de Estado y hablaban, con bronca y preocupación, del avance de los juicios de lesa humanidad. Tres semanas más tarde, el juez allanó las casas de cuatro ex policías y dos ex militares y encontró panfletos carapintadas, armas, símbolos nazis y elementos relacionados con López.

De esa reunión política, realizada en febrero de 2006, participaron doce personas lideradas por el “teniente coronel Palavezatti”, que dijo tener “grupos de combate en todo el país para dar un golpe de Estado”. El testigo afirmó que en ese encuentro se habló del avance de los “juicios de lesa humanidad”. Luego de su declaración, le exhibieron las fotos y el testigo reconoció a Chicano.

Los enviados del juez Corazza allanaron su casa y las de los demás participantes de esa reunión: el anfitrión Eduardo Sáenz Saralegui, Anselmo Palavezatti y Aldo Conter, entre otros. Encontraron folletos del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR) con la leyenda “Boletín informativo Mohamed Alí Seineldín en Libertad, lista 51”, cargadores vacíos para revólver 9 milímetros, variedad de cartuchos, una pistola Browning 9 milímetros, una cartilla de adiestramiento de conducción de grupos y hojas de afiliación al PPR, elementos de computación, celulares, volantes sobre la recompensa por López, un informe titulado “Serían delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos por la subversión en los ’70”, una cartilla del Partido Revolucionario Etico, otra pistola calibre 22, materiales químicos, un cuadro con un águila y una esvástica y una pistola del Ejército. También había una copia de la sentencia del juicio al genocida Etchecolatz, en el que López fue uno de los testigos principales. Entre los planes delirantes de esta banda figuraba la idea de “utilizar a los beneficiarios de los Planes Trabajar para cultivar el campo”, tras el golpe que les permitiría acceder el poder. En aquel momento, los investigadores dijeron que se trataba de grupos con códigos, lealtades y dinero, lo cual les daba el grado de autonomía de una “sociedad anónima”. Y afirmaron que el hallazgo debía dar origen a una nueva causa, lo que nunca ocurrió hasta ahora.

A fines del año pasado, el fiscal federal Marcelo Molina quedó a cargo del caso López, revisó todo el expediente y decidió impulsar las medidas de prueba que le pidieron los abogados querellantes Aníbal Hnatiuk y Guadalupe Godoy, de Justicia Ya! Los letrados solicitaron un nuevo interrogatorio al testigo de identidad reservada que originó la pista Chicano. El testigo fue citado, ratificó todo lo que había dicho y avaló la hipótesis de los querellantes respecto de la capacidad operativa que ostentaban estos ex policías y ex militares. De hecho, ésta podría ser la sospechada banda mixta que hizo desaparecer por segunda vez a López: contaba con miembros de Inteligencia del Ejército y ex coroneles –posibles futuros imputados por delitos de lesa humanidad–, manejaban dinero, son de La Plata y conocen bien a la Policía Bonaerense, tenían un presunto infiltrado en el entorno de López y relaciones con los represores alojados en Marcos Paz.

En un pasaje de su declaración, el testigo dijo que se habían vanagloriado de que podían derribar un helicóptero. A la mente de los que lo escuchaban vino de inmediato el reciente incidente con la aeronave presidencial. “Para nosotros esto nunca fue una pavada, pero recién ahora vemos que lo tomaron en serio. Aunque la toma del poder suene descabellada sí podrían haber secuestrado al testigo. Y si no hay relación con López cabe igual ver qué hubo detrás, no eran dos cabos delirando aburridos en una guardia nocturna, tenían armas y un plan de gobierno, el Estado debe estar alertado de estos grupos”, dijo el abogado Hnatiuk.

La nueva causa recayó en el juzgado de Corazza, quien ya la delegó al fiscal Molina. Recién cuando se ponga en marcha serán revisadas las computadoras secuestradas a la banda. La Policía Bonaerense había hecho una selección de archivos “interesantes”, pero la Justicia no los abrió porque “era complejo hacerlo”. Como pasaron más de dos años sin que nadie ordenara los peritajes del material secuestrado, la situación de los dueños de las viviendas allanadas estaba indefinida. Ahora los presuntos conspiradores, que ni siquiera fueron interrogados como testigos, podrían ser indagados por atentar contra el orden constitucional, entre otros delitos. Uno de ellos, el ex miembro de Inteligencia del Ejército Palavezzatti, está imputado en causas por delitos de lesa humanidad. Otro mantiene relación con visitantes frecuentes del llamado “pabellón de lesa humanidad” de Marcos Paz, que aloja a condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, según surge de los cruces telefónicos de la causa.