A priori, que haya más efectivos, de la Federal o de la Metropolitana, patrullando las calles de la ciudad, es una buena noticia. Se supone que sirve a la prevención porque esos efectivos, patrullando, son un obstáculo más para alguien que se dispone, por ejemplo, a robar.

A nivel mundial, los especialistas coinciden en que el delito no tiene estrecha relación con la pobreza sino con la desigualdad social, algo que internacionalmente se refleja en el llamado coeficiente de Gini: a mayor desigualdad, proporcionalmente mayores índices de delito. Casi cualquier ladrón veterano cuenta en la Argentina que empezó robando zapatillas: quería competir con otros que tenían zapatillas mejores durante el fin de semana. La condena a la marginalidad, la falta de trabajo, los barrios sin calles, sin luz, sin salud y sin educación le ponen el sello a la desigualdad y, paralelamente, a los índices de delito.

En ese marco, se plantea el papel de las fuerzas de seguridad locales. Especialistas como Alberto Binder han manifestado muchas veces que su propuesta para la Bonaerense, por ejemplo, es que las policías –comisarías, patrulleros, efectivos– se les entreguen en gran parte a los intendentes. Ellos, que son los funcionarios más cercanos a los ciudadanos, deberían conocer mejor cuáles son las zonas críticas, los problemas de seguridad y cómo prevenirlos. En todo caso, la gente les reclamará allí mismo, en la sede municipal o las jefaturas de Gobierno, por las fallas que existan. Por supuesto que entregar las policías a los intendentes hará que en cada lugar la fuerza tenga el sello de quienes gobiernen.

Cuando Mauricio Macri puso a Jorge “El Fino” Palacios al frente de la Metropolitana exhibió, asombrosamente, lo que quería. Palacios estaba al borde del procesamiento en la causa AMIA. Además, traía el antecedente de que estuvo a cargo de los policías que actuaron en la represión de Plaza de Mayo el día de la renuncia de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001. La Justicia no lo condenó pero esos hechos están en su currículum.

Con semejante historia, lo que ocurrió más tarde era previsible: un hombre de Palacios, Ciro James, fue sorprendido en una operación de espionaje ilegal. Y no estaba escuchando a un delincuente común, sino a una víctima del atentado, Jorge Burstein, un dirigente de los familiares que perdieron a sus seres queridos en el ataque contra la AMIA. Cuando Página/12 reveló esa trama, tampoco Macri echó a Palacios. Lo que siguió fue grotesco: el juez Norberto Oyarbide descubrió que el hombre de Palacios había espiado también a empresarios como Carlos Avila y Alfredo Coto, a esposas en conflicto matrimonial, a abogados que intervenían en causas de importancia y, lo peor de todo, al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, peleado con parte de la familia. Ni siquiera cuando todo eso quedó en evidencia, Macri condenó públicamente a Palacios. Hasta hoy no lo ha hecho. Y la Metropolitana terminó debutando con un record mundial: sus dos jefes, Palacios y Osvaldo Chamorro, tuvieron que irse antes de que la fuerza saliera a la calle. Semejante desaguisado obligó a sucesivos recambios que terminaron con un civil, Eugenio Burzaco, al frente de la Metropolitana. Un paréntesis a la manía de que la seguridad quede en manos de uniformados en lugar de en las de funcionarios políticos.

Los interrogantes respecto de la Metropolitana pasan ahora por varios aspectos:

- Los integrantes de la fuerza provienen de otras fuerzas. Vienen con todos los vicios anteriores, incluyendo la vinculación con el delito y los delincuentes. No será nada fácil controlar una fuerza de ese estilo.

- La convivencia entre la Metropolitana y la Federal plantea también un enorme signo de pregunta. Desde ayer confluyen en la calle, en principio, en unos pocos barrios. Pero las calles cobijan inmensos negocios ilegales. Es conocido que los policías cobran peaje por las cuevas financieras, los dealers de drogas, curanderos, pasadores de juego clandestino, aborteros, adivinadores, reducidores de cosas robadas, boliches, trapitos, departamentos de prostitución y una multitud de otras actividades. Ni hablar de los tratos con los que roban. Las preguntas son: ¿quién cobrará el peaje?, ¿se pondrán de acuerdo o confrontarán por el botín?, ¿existe alguna chance de que se termine con estas prácticas?

- La derecha hizo un culto de la idea de darle más poder a la policía y condena el concepto de realizar un estricto control interno, expulsando de la fuerza a los que pactan con el delito y a los que violan los derechos humanos. “Eso hace bajar los brazos a los policías, los desmoraliza, les ata las manos”, argumentan. Con semejante modelo, el destino inevitable es que ese mayor poder termina en que lo usan para pactar con el delito.

En este terreno, el antecedente de Macri con Palacios es malo. Ayer, el propio Macri y el ministro Guillermo Montenegro dijeron que cometieron errores. La inevitable sospecha, sin embargo, es que aquello a lo que ahora llaman errores expresa más bien su forma de pensar.