El lanzamiento oficial de la Policía Metropolitana sumó ayer una nueva cuota de polémica luego de que legisladores y vecinos denunciaran la ubicación de las dos primeras comisarías de la fuerza. El gobierno de Mauricio Macri estaría violando el Código de Planeamiento Urbano al pretender levantar uno de sus “precintos” dentro del espacio verde del Parque Sarmiento, además de mostrar un alto grado de improvisación por proyectar una comisaría en Chacarita a metros de otra de la Federal. Sólo para esas dos construcciones previeron casi 23 millones de pesos.

Las primeras acusaciones surgieron luego de que el gobierno porteño hiciera un llamado a licitación para construir un edificio de la Metropolitana en el predio del Parque Sarmiento, en Saavedra. El macrismo pretende que este inmueble millonario, de cuatro plantas, sea el futuro “Precinto 12”. Sólo que ubicándolo en el medio de un espacio verde protegido.

La defensora adjunta de la Ciudad, Gabriela Muñiz, presentó ayer un recurso de amparo para impedir la licitación, entendiendo que el levantamiento de esta comisaría “se estaría realizando en una zona de parquización exclusiva, donde se prohíbe edificar cualquier tipo de construcción, además de violar derechos y garantías constitucionales de la ciudad de Buenos Aires”.

Muñiz detalló que el predio en cuestión “es un legado histórico, con un fin y destino determinado, deporte y recreación de los vecinos y en dicho predio funcionan colonias vacacionales para niños de esta ciudad, fines éstos que no pueden ser alterados discrecionalmente”.

El Parque Presidente Sarmiento, inaugurado en 1981, es un pulmón de sesenta hectáreas que conforma el diez por ciento de los espacios verdes de la ciudad. El Código de Planeamiento Urbano zonifica el predio como urbanización parque (UP) y establece que allí el Gobierno sólo puede autorizar obras que “sean de exclusiva utilidad pública, debiendo asimismo complementar y no alterar el carácter” de estos espacios.

Es en este sentido que la diputada de la CC Rocío Sánchez Andía presentó el jueves una medida cautelar en la que se pregunta de qué manera la construcción de una comisaría y su “futura capacidad de que allí pueda privar de la libertad a personas” pueda ser “complementaria” de un parque público. El amparo de Sánchez Andía recuerda, además, que la ordenanza 46.229 establece una “expresa prohibición de cambiar el destino” de los espacios verdes.

Carlos Pisoni, miembro del Observatorio de Derechos Humanos porteño, subrayó el hecho de que no haya tenido lugar ningún debate público sobre la ubicación del edificio. “Es importante consultar a los vecinos de Saavedra para ver si están de acuerdo con que se construya una comisaría dentro de un lugar de esparcimiento”, sostuvo. Para Pisoni, éste es otro ejemplo más del desorden del gobierno de la ciudad en su apuro por mostrar una Metropolitana operativa.

Ayer por la tarde, un grupo de vecinos se convocó en Villa Urquiza para “defender el espacio de recreación” y evaluar de qué manera impedir el levantamiento del edificio en el parque. “Este avance sobre el espacio público nos parece un disparate, más cuando hay otros lugares para construir comisarías”, comentó Carlos Grisafi, uno de los asistentes. Desafiando la lluvia, vecinos y miembros de organizaciones barriales coincidieron en unificar reclamos y prometieron nuevas acciones para la semana entrante.

Sin embargo, en el Observatorio de Derechos Humanos afirman que este avance del macrismo sobre el espacio público en Saavedra no es lo más llamativo. De acuerdo con Pisoni, el mejor ejemplo de la irreflexión con la que Macri lleva a cabo su política de seguridad lo dio en Chacarita, en donde la Metropolitana desplegará su segundo “precinto”.

Según consta en el Boletín Oficial, el gobierno porteño anunció la construcción de la sede policial de la Comuna 15 en Jorge Newbery y Guzmán. Fue entonces que varios recordaron que a apenas algunos metros, en Santos Dumont 4350, ya funciona la comisaría 29 de la Policía Federal.

“Esto demuestra un alarmante signo de improvisación. En vez de agarrar un mapa y establecer comisarías de acuerdo a las zonas más inseguras o a consultas con vecinos, deciden ponerla a la vuelta de una que ya funciona”, expresó Pisoni, y agregó que “por no consultar, el macrismo comete los mismos errores por los cuales luego tienen que salir a disculparse”.

El Observatorio y las organizaciones de vecinos resaltaron los montos “abismales” para la construcción de estas sedes policiales. Los llamados a licitación prevén 8,7 millones de pesos para la sede de Parque Sarmiento y casi 14 millones para la sede de Chacarita, es decir, para la comisaría que queda a la vuelta de la otra comisaría.

Informe: Federico Poore.