Desde 2006 el país cuenta con una Ley de Financiamiento Educativo. Allí se estipuló el incremento gradual de los recursos del sector de modo de llegar en 2010 al 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Cabe recordar que en 2002 este gasto había sido del 4,1 por ciento de un PBI reducido al mínimo por la crisis económica. Contra toda expectativa inicial –dados nuestros antecedentes de incumplimiento de este tipo de normas– durante los primeros años de su vigencia se sobrecumplieron los porcentajes fijados. Todo parece indicar que al finalizar este año se alcanzará la meta de la ley.

Para poner en perspectiva el significado de este indicador, bastan sólo algunas magnitudes: según datos del Ministerio de Educación Nacional el gasto educativo total del país pasó de los $ 23.755 millones anuales en 2005 a $ 57.477 millones en 2008 (última información disponible). En términos reales, aun con índices de inflación de consultoras privadas, el aumento fue de un 60 por ciento. El gasto por alumno promedio creció un porcentaje similar y en 2008 fue de $ 5085.

Las remuneraciones docentes influyeron mucho en estas variaciones. Su recomposición se inició antes de la propia ley: el salario bruto mensual promedio del país de un cargo testigo en el sector, el del maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad, era de $ 541 en diciembre de 2002. Tres años después había pasado a $ 988, y en septiembre de 2009 ya se encontraba en $ 2272. Si se descuenta la inflación, en seis años y medio el aumento fue de un importante 101 por ciento. Esto no habla tanto del salario actual como del deteriorado nivel anterior.

Como se puede ver, los avances no fueron pocos. Pero no debe olvidarse que el financiamiento es un instrumento y no un objetivo: se trata de disponer de los recursos para generar algunas de las condiciones mínimas para una educación de equidad y calidad.

La vigencia de la ley concluirá al terminar este año. Será una oportunidad para discutir, mejorar y corregir algunos de los desafíos planteados en la norma vigente.

En primer lugar, la nueva etapa debería apuntar no sólo al aumento y sostenimiento de los recursos sino a armonizar las metas educativas que se propongan con el esfuerzo presupuestario de las provincias y el Estado nacional. Esto exige una especial coordinación de la inversión entre ambos niveles de gobierno y, posiblemente, un mayor protagonismo financiero por parte de la Nación para acelerar su cumplimiento.

Hasta el presente, el destino principal de los mayores recursos fue la atención de las remuneraciones. Ahora, la nueva ley debería declarar como inversión protegida las acciones no vinculadas con la política salarial, y fijar qué parte del aumento del gasto educativo se le dedicará. Esto no significa discontinuar la recomposición de las retribuciones que perciben los docentes.

Es más, para no disminuir partidas salariales, una estrategia posible sería destinar parte de futuros incrementos presupuestarios a –entre otros rubros– infraestructura, equipamiento, libros, jornada extendida y formación y capacitación docente. Como a partir de 2011 el 6 por ciento del PBI sólo podrá integrarse con partidas para el sector excluyendo del cálculo otros ámbitos como Ciencia y Técnica, debería haber un nuevo incremento de recursos para la educación. De aquí podría provenir, también, parte de los fondos destinados a aquellas acciones.

La distribución de recursos nacionales –incluyendo el Fonid y la Compensación Salarial– tendría que responder a nuevas reglas de juego que contemplen las necesidades educativas, la capacidad financiera y el esfuerzo provincial en la inversión sectorial. Este aspecto está contemplado en la actual ley (art. 14) y es en sí mismo una innovación dentro de la innovación que ya es la ley en su conjunto. Sólo es necesario que se reglamente.

La agenda futura también incluye otros temas no menores: a) la constitución de un fondo educativo anticíclico con los propios recursos del sector que se generen en los períodos en que se sobrecumplen metas financieras. La amenaza de una eventual caída en 2009 como consecuencia de la crisis debería aleccionarnos al respecto; b) el diseño de nuevas medidas para garantizar los 180 días de clase. Su formato legal actual no pasa de una mera declaración de intenciones; c) la discusión de otros indicadores como el gasto por alumno que complementen los empleados actualmente; d) la integración de las distintas normas nacionales donde se tratan cuestiones del financiamiento educativo; e) la evaluación de lo realizado hasta el presente, y f) la revisión del esfuerzo –y su factibilidad– que deben realizar algunas provincias.

En síntesis, debería coordinarse no sólo el financiamiento sino las condiciones que aseguren el mejor uso de los recursos para sostener los objetivos de política educativa. Esto implica que deberían contemplarse, también, aspectos relativos a la carrera y condiciones laborales docentes, a mejoras en la eficiencia del gasto y a garantizar la equidad en la asignación de los recursos.

Si bien no hay nada concluyente en los estudios sobre la relación entre lo que se invierte en educación y los resultados en pruebas estandarizadas de aprendizaje, el país se encuentra en una situación positivamente inédita de disponibilidad de recursos para el sector. Más allá de los aumentos que se puedan seguir logrando en el futuro, es hora de que comience a considerarse seriamente que la responsabilidad por nuestro pobre desempeño escolar, ya no se puede atribuir (sólo) a la escasez de dinero sino, como corresponde, a las acciones y efectividad de la política educativa que se adopte de aquí en más.

* Docente y consultor del IIPE-Unesco, Buenos Aires.