La Justicia argentina acusa a cinco funcionarios iraníes por la organización del ataque a la AMIA.
Imagen: AFP.

El secretario general de Interpol, el estadounidense Ronald Noble, convocó a delegaciones de la Argentina e Irán a una cumbre a realizarse en Lyon a mediados de marzo. El encuentro tiene como objetivo tantear la posibilidad de que, en un tercer país, se concrete un juicio por el caso AMIA. Como se sabe, la Justicia argentina sostiene que cinco funcionarios iraníes tuvieron responsabilidad en la planificación y organización del ataque contra la mutual judía. Contra ellos, Interpol liberó alertas rojas que son un aviso de que existen órdenes de captura y que la Justicia argentina los busca. El mayor antecedente de un juicio en un tercer país fue el caso Lockerbie, el atentado contra un avión comercial norteamericano, de Pan American, que, producto de la explosión de una bomba, cayó en Lockerbie, Escocia. El juicio se terminó realizando en Camp Zeist, Holanda.

La situación con Irán no avanza desde hace años. El fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral sostienen la acusación de que el atentado contra el edificio de Pasteur 633 fue decidido en una reunión realizada en la ciudad de Mashad y en la que participaron los funcionarios del más alto nivel iraní, entre ellos el presidente Alí Akbar Rafsanjani. La ejecución, según el dictamen de Nisman, corrió por cuenta de hombres del brazo armado del partido libanés Hezbolá. Irán siempre rechazó las acusaciones, sostuvo que no tuvo ninguna relación con el atentado y que las imputaciones eran de origen político, con base en declaraciones falsas de opositores a Teherán, una especie de “gusanos” iraníes, además de informes de la CIA, el Mossad y la SIDE. El régimen de los ayatolas, aun en tiempos en que gobernaban los sectores más moderados, negó toda colaboración con la Justicia argentina.

Sorpresivamente en los últimos días llamaron desde Lyon, sede de Interpol, para informarle al fiscal Nisman que los iraníes dieron el visto bueno para un encuentro con las autoridades argentinas con un único tema sobre la mesa de negociación: la posibilidad de realizar un juicio en un tercer país. Esta variante, a imagen y semejanza de lo ocurrido con el atentado de Lockerbie, fue una idea pergeñada en su tiempo por el ex canciller Rafael Bielsa. Incluso se mencionó que hubo una oferta de Marruecos para ser sede de ese eventual juicio. Los iraníes siempre se negaron en forma rotunda. Esta vez, el secretario general de Interpol, Ronald Noble, afirma que Teherán acepta dialogar sobre el tema y que hasta designó a quien va a encabezar la delegación al encuentro de mitad de marzo: el ex encargado de Negocios en la Argentina Mohsen Baharvand.

En realidad, Baharvand llegó a Buenos Aires no por su experiencia en relaciones comerciales entre los países, sino porque era uno de los mayores especialistas en derecho internacional de Irán. Su papel consistió en responder a las acusaciones de la Justicia argentina, aunque sea en forma extraoficial. De todas maneras, estando en el país entregó en el juzgado, con la firma de un fiscal de Irán, una respuesta detallada a las imputaciones, pero siempre mantuvo la postura de que ningún iraní se presentaría ante un fiscal o un juez argentino. Esto motivó los permanentes reclamos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante las Naciones Unidas y otros foros internacionales.

Este diario consultó con fuentes judiciales argentinas para ver si existe realmente la posibilidad, desde el punto de vista legal, de concretar el proceso en un tercer país. La impresión es que, si existe un acuerdo real entre las partes, se podría buscar el camino para que se haga. El modelo de Lockerbie serviría de base.

El vuelo 103 de Pan Am del 21 de diciembre de 1988, de Londres a Nueva York, explotó en el aire producto de una bomba ubicada en el depósito de equipajes. Los restos del avión Boeing 747 cayeron sobre la localidad escocesa de Lockerbie, muriendo los 243 pasajeros y 16 tripulantes. Además, once habitantes de Lockerbie también murieron, producto de las heridas que les produjeron las partes de la aeronave que cayeron sobre el pueblo. Los investigadores británicos y norteamericanos acusaron a Libia por el atentado, pero el líder de ese país, Muamar Kadafi, negó rotundamente que su país tuviera que ver con el ataque. En concreto, se les achacó la operación a dos funcionarios de la inteligencia de Libia que habrían comprado parte de los elementos en Malta y los cargaron en el depósito de equipajes durante una escala del Boeing en Francfort.

En un sorpresivo giro hacia el mejoramiento de las relaciones con Occidente, once años después del atentado, Kadafi aceptó que fueran juzgados los dos funcionarios, uno de los cuales resultó condenado a muerte, mientras que el otro fue absuelto. El juicio, que empezó en 2000, se hizo en un tercer país, Holanda, y todos los participantes fueron escoceses: los tres jueces, los fiscales, los defensores, aunque éstos últimos tenían cerca de dos abogados libios. El proceso se hizo de acuerdo con las leyes de Escocia, el país donde se produjo la tragedia.

Hubo mucha controversia por las pruebas, los testimonios y acusaciones y hasta reconocimiento de coimas ofrecidas y cobradas por testigos. Las cosas terminaron de forma aún más extraña: Abdelbaset Al Meghabi, el condenado a muerte, fue enviado a una prisión en Escocia, pero lo dejaron en libertad en agosto de 2009 sobre la base de un diagnóstico de cáncer terminal de próstata, con una sobrevida de tres meses. Volvió a Libia, lo recibieron con todos los honores, y hasta el momento sigue viviendo en Trípoli.