La presidenta Cristina Fernández y la titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Patricia Mejía, convalidaron ayer el pago de demandas judiciales a jubilados que promovieron recursos a mediados de los ’90. En un acto realizado en Casa de Gobierno, la representante de la CIDH aceptó también integrar el Observatorio de la Seguridad Social, encargado de monitorear el efecto de las políticas de seguridad social. El acuerdo se realizó tras un proceso que duró catorce años, luego de que un grupo de jubilados argentinos denunciara ante la CIDH que sus derechos fueron sucesivamente vulnerados a partir de las políticas previsionales implementadas por Carlos Menem.