Vie 19.02.2010

EL PAíS  › MENENDEZ REIVINDICO EL “COMBATE AL TERRORISMO MARXISTA”

Gruñidos de dinosaurio

En el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán, el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército leyó una defensa del terrorismo de Estado, pero se negó a declarar.

Ni la acumulación de condenas ni los gritos de “¡asesino!” que lo acompañan cada vez que atraviesa la puerta de un tribunal, modifican la actitud de Luciano Benjamín Menéndez. Ayer, ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán y, por séptima vez en dos años, el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército reiteró su negativa a declarar, sostuvo que los juicios por crímenes de lesa humanidad son inconstitucionales, celebró que “se combatió y venció al terrorismo marxista” y consideró que “la Argentina es el primer país donde compatriotas juzgan a sus soldados victoriosos”. Durante la misma audiencia se negó a declarar el general Luis Alberto Cattáneo, en tanto abrió la ronda de testigos la abogada Mirta Mántaras, experta en derecho militar, quien consideró que “los militares nunca supieron hacer Inteligencia, sino que obtenían información a través de la tortura y la infiltración en los grupos subversivos”.

A pedido de sus médicos, Menéndez sigue el juicio desde una oficina cercana a la sala, frente a una cámara que transmite su imagen al tribunal. Desde allí, tal como lo hizo dos veces en Córdoba y otra ante los jueces tucumanos, comenzó a leer su tradicional arenga para justificar el terrorismo de Estado. “Estos juicios son inconstitucionales, ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de sus jueces naturales”, aseveró el octogenario, imputado esta vez por secuestros, torturas y homicidios en la Jefatura de Policía de Tucumán. “Cuando la subversión marxista inició el asalto armado contra la patria, estaba vigente el Código de Justicia Militar, que designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”, agregó.

Menéndez aseguró que las Fuerzas Armadas actuaron “sin cometer delito alguno” y que, “por mi carácter de comandante, fui el único responsable”. “Por eso, a mis dignos subordinados de ayer no se les puede imputar nada”, reclamó. “Hoy se da una paradoja grotesca”, continuó. “Los terroristas marxistas, que desde el extranjero atacaron la República, y que no creían en nuestras instituciones, usan esas mismas instituciones para juzgarnos por haberlas defendido”, añadió. “Este es el primer país en el que sus compatriotas juzgan a los soldados victoriosos que lucharon por y para ellos”, dijo, y advirtió que “no declararé ante nadie que no sea mi juez natural”, para “no ser cómplice de los marxistas que, haciendo uso de las vías legales, quieren llevarnos otra vez al abismo”.

La abogada Mántaras recordó que el golpe de Estado fue cívico-militar, ya que había intereses particulares en concretar un cambio económico y político sin resistencia ni disturbios sociales. La abogada de la APDH de Bahía Blanca, autora de Genocidio en Argentina, explicó que al comienzo del Operativo Independencia había limitadas acciones foquistas en Tucumán, protagonizadas por no más de ochenta guerrilleros. El objetivo era “la población urbana, no lo que pasaba en los montes”, dijo.

“Los militares nunca supieron hacer inteligencia, sino que obtenían información a través de la tortura y la infiltración en los grupos subversivos. Atacaron al pueblo para torturar y hacer desaparecer a la gente. Las cuentas bancarias en Suiza nacieron de negocios turbios paralelos a la matanza, con privatizaciones de empresas públicas y achicamiento del Estado”, planteó. “Desde el Estado hubo acciones criminales organizadas en forma sistemática y voluminosa, cuando aniquilar significaba sólo que se detenga la actuación subversiva”, concluyó.

Durante la audiencia del miércoles, además de la declaración de Antonio Domingo Bussi, quien calificó como “una epopeya” la actuación de las Fuerzas Armadas que implantaron el terrorismo de Estado, declararon el ex comisario Roberto Albornoz, ex jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la policía, y el agente Carlos de Cándido. “Presté declaración no sé en cuántas causas, porque hace seis años que me tienen guardado injustamente”, renegó El Tuerto Albornoz. “Niego y rechazo de manera terminante: no he cometido ningún delito, no soy un asesino”, afirmó a los gritos. Aceptó responder preguntas pero pronto comenzó a contradecirse y optó por el silencio.

De Cándido, imputado por usurpación de domicilio, dijo desconocer que la casa que ocupó pertenecía a desaparecidos. Aseguró que estaba desesperado porque se le vencía el alquiler, su familia no sabía adónde ir, por lo que aceptó la vivienda que le ofreció un superior.

–Cuando se enteró de quién era la casa, ¿no le llamó la atención que usted y su hermano ocuparan distintas casas pero de los mismos dueños? –le preguntó el fiscal Alfredo Terraf.

–Más vale –respondió el imputado–. Dijimos “estamos viviendo en la casa de una persona que no está”.

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