Esta vez el 20 de diciembre llegará con mayores previsiones. Organismos de derechos humanos, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Amnistía Internacional solicitaron al gobierno nacional y provincial informes detallados sobre las medidas previstas para evitar prácticas represivas como las aplicadas en anteriores movilizaciones populares. En particular exigieron la individualización de los uniformados que intervendrán, armamento y vehículos, un detalle de los operativos previstos, y que sean excluidos los policías comprometidos con la represión del 20 de diciembre de 2001 y del 26 de junio de este año. Al ministro de Justicia y Seguridad Juan José Alvarez le reclamaron que “se respeten los derechos constitucionales del pueblo a concentrarse, manifestarse y peticionar”. Además gestionan un hábeas corpus preventivo.
Por iniciativa de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otras agrupaciones el Colegio Público de Abogados y a la Asociación de Abogados están elaborando esa presentación con el sentido de otorgar una cobertura a las personas que pudieran ser detenidas durante la manifestación. Por otra parte, la Liga junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, Amnesty International, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora y el Servicio de Paz y Justicia solicitaron al ministro Alvarez “que se instruya a las fuerzas policiales y de seguridad para que se abstengan de intervenir, interceptar o reprimir actos programados y menos aún utilizar armas contra los manifestantes como ha ocurrido en las ocasiones anteriores”. Los organismos destacaron “el clima enrarecido que se está preparando” en base a posibles saqueos y aprestos represivos, y recordaron el “tendal de víctimas del pueblo que dejó el accionar policial” el año pasado en Plaza de Mayo y este año en Puente Pueyrredón. En su carta advirtieron que hacen responsable “al Gobierno por cualquier accionar represivo que se produzca, sea por haberse dado la orden o por tolerar o consentir el accionar de las fuerzas contra el pueblo que prepara movilización para esos días”. Y pidieron una pronta audiencia para ampliar estas inquietudes. Además de Alvarez recibieron una copia el juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Oscar Amirante, que estarán de turno cuando se cumpla un aniversario de la masacre que precedió el final del gobierno de la Alianza.
Por su parte, la sección Argentina de Amnistía Internacional, Abuelas de Plaza de Mayo, la APDH, el Comité de Acción Jurídica de la CTA, el CELS, Familiares de Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Serpaj requirieron a Alvarez el listado del armamento a utilizar y la munición prevista, y la identificación de los jefes de cada dispositivo. Pusieron especial énfasis en que no se permita la participación de todo aquel personal policial comprometido en la represión ilegal de manifestaciones públicas, especialmente los que intervinieron en los sucesos del 20 de diciembre de 2001 y que están implicados en la causa que investiga el asesinato de cinco manifestantes en Capital Federal, el Cuerpo de Caballería que reprimió a las Madres en la Plaza de Mayo, los grupos A-5 y A-7 del Cuerpo de Operaciones Federales porque en su área de acción ocurrieron los crímenes de Gastón Riva, Carlos “Petete” Almirón y Diego Lamagna.