El fiscal federal Eduardo Villalba pidió ayer la pena de prisión perpetua para los coroneles retirados Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gaspar Gastón Zírpolo, imputados por el secuestro y la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, ocurrida en la madrugada del 2 de febrero de 1978 en Tartagal. La misma condena habían solicitado los abogados de la familia de la víctima, quienes reclamaron que cumplan su pena en una cárcel común. El primer juicio por crímenes de lesa humanidad de Salta continuará hoy con la palabra de los defensores de los militares.

Melitón Bustos fue secuestrado por un grupo comando en su casa de Tartagal, en el norte salteño, frente a su hijo, que entonces tenía dieciséis años. Raúl Federico Bustos reconoció entre los captores a Arias, ahora imputado como autor material del secuestro. Un segundo testigo, Juan Javier, relató que vio a poco más de treinta metros cuando dos hombres llevaban por la fuerza a un tercero y dijo haber identificado a Arias y al escribano Bustos, sujeto de los hombros, a quienes conocía con anterioridad. Javier declaró que cargaron a Bustos en un Opel color amarillo o naranja. El dato coincide con uno de los autos que utilizaban los grupos de tareas del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal, principal guarnición militar de la región, comandada entonces por Zírpolo, imputado como autor mediato de los delitos.

Los abogados de Sonia y Raúl Bustos, hijos de la víctima, alegaron el lunes. “Lo hicieron desaparecer por sus ideales”, afirmó Tania Kiriaco, quien hizo una semblanza del escribano. David Leiva describió las pruebas y destacó que Zírpolo, como jefe interino del Regimiento 28, dio su apoyo logístico para que se consumara el secuestro del profesional. Citó como testigo al ex jefe de la unidad militar, Roberto Felipe Domínguez, quien declaró que al asumir el cargo, trece días después del secuestro, Zírpolo le informó que Bustos había sido “detenido” y entregado al Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, con sede en Salta. Los letrados acusan a los militares por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, secuestro y vejámenes, en concurso real con homicidio.

El alegato del fiscal Villalba conmovió a la sala, repleta de familiares de Bustos y de dirigentes de organismos de derechos humanos. El representante del Ministerio Público recordó el testimonio del hijo de la víctima, quien relató que “no había nadie que me ayude”. “No había nadie porque en realidad nadie lo podía ayudar. Durante treinta años no hubo nadie”, destacó, en referencia a la impunidad que imperó durante décadas. Villalba expresó “la certeza de la responsabilidad de los imputados”, reclamó cadena perpetua y motivó los aplausos de la sala de tribunales, donde se desarrolla el juicio desde fines de noviembre.

Luego comenzó a alegar el defensor oficial de Arias, Federico Petrina. Calificó a su defendido como “chivo expiatorio” y sugirió que “estamos creyendo que en la persona de Arias está un Videla, un prototipo del genocida”. Luego barajó dos hipótesis sobre posibles secuestradores: oficiales de Gendarmería o miembros del Destacamento 143. Hoy Petrina concluirá su alegato. Luego será el turno de Pablo Tobío, defensor de Zírpolo.