Sea cual fuere el criterio utilizado para hacer el análisis, y el organismo privado que lo realice, la conclusión es unívoca: el dinero que la Nación transfiere a las provincias crece en forma permanente por encima de la inflación. Claro que no todas las gobernaciones se benefician en la misma proporción con ese mayor flujo, porque no siempre es igual el criterio utilizado para distribuir el dinero entre las ávidas jurisdicciones del interior. Ese uso de distintas varas hace que, a priori, no todas vayan a ganar con una eventual coparticipación plena del impuesto al cheque.

En febrero, el gasto total de la Nación creció un 36 por ciento respecto del mismo mes del año anterior. Pero en ese mismo lapso, las transferencias a las provincias, tanto “corrientes” como de “capital”, crecieron por encima de ese promedio, con un 66 y 64 por ciento, respectivamente. Los datos corresponden a un flamante informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que está focalizado en los recursos no coparticipados, como el fondo sojero, el destinado al tendido de líneas de alta tensión o la asistencia para cubrir los déficit de las cajas previsionales (como los que reciben Córdoba y Buenos Aires).

Esa masa de pesos se prorratea de modo absolutamente discrecional, como los giros para costear planes de vivienda. O con una pauta más objetiva, como el Fondo de Incentivo Docente, que responde a cada plantel provincial de maestros. Pero, en cualquier caso, con parámetros distintos a los índices de coparticipación fijados por ley.

Con otras categorías de análisis, la consultora privada Economía y Regiones describe el mismo fenómeno de giros crecientes desde las arcas centrales. Si a los pagos por coparticipación se les suma el Fondo Federal Solidario, resulta que las “transferencias automáticas” aumentaron en marzo un 34 por ciento respecto de ese mismo mes de 2009, ganándole a la inflación, que esa consultora estima en un 20,1 por ciento anualizada (por encima de la del Indec).

El incremento de los fondos que el poder central transfiere al interior es uno de los argumentos esgrimidos por la Nación para disuadir a los gobernadores y legisladores que desean una coparticipación plena del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, algo que restaría a las arcas centrales casi 10 mil millones de pesos por año a favor del interior.

Pero las provincias podrían contraargumentar que, aun así, en conjunto todavía no alcanzan el 34 por ciento de piso que les garantiza la Ley de Coparticipación sobre los tributos que se comparten.

Más difícil de refutar es el dato de que no todas se beneficiarían necesariamente con aquel botín fiscal, a distribuir en forma automática por los índices de esa norma. En particular si, para compensar aquella pérdida, el gobierno nacional quita fondos que hoy gira al interior de modo no automático, según anticipó el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal hizo el cálculo de qué ocurriría si se coparticipara el impuesto al cheque y la Nación compensara con aquella quita. Santa Cruz y Buenos Aires serían las principales perjudicadas, ya que hoy reciben la mayor proporción de fondos que se giran desde la Secretaría de Hacienda a voluntad.

A la provincia gobernada por Daniel Scioli le corresponde un 20,7 por ciento de la coparticipación federal de impuestos, porcentaje que sube al 28,5 en el caso del dinero que la Nación distribuye discrecionalmente. Algo parecido a lo que ocurre con aquel Estado patagónico, que por vía automática recibe un magro 1,7 por ciento del total, porcentaje que supera el 8 por ciento en el otro caso. Santa Fe y Corrientes, por el contrario, se ubican en el extremo opuesto de las potenciales beneficiadas con este eventual esquema. Córdoba ni ganaría ni perdería. Un complejo análisis podría dividir y realinear a los gobernadores en base al cálculo individual y no por afinidades políticas.