La relación fiscal entre la Nación y las provincias será el principal tema de discusión en el encuentro que mantendrán hoy los gobernadores justicialistas con el presidente del Consejo Nacional del PJ, Néstor Kirchner. “No está dentro de los planes modificar las alícuotas de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Sería una misión imposible”, afirmó a Página/12 uno de los mandatarios provinciales que asistirán al cónclave. A mediados de 2004, Kirchner intentó impulsar algunos cambios en el esquema de coparticipación pero se encontró con la resistencia de los entonces gobernadores Felipe Solá (Buenos Aires), Jorge Sapag (Neuquén) y Ricardo Colombi (Corrientes). Las propuestas que se están evaluando ahora buscan mantener los Programas de Transferencias Condicionadas, que son fondos de distribución directa pero con asignaciones específicas, en ocho áreas determinadas: salud, educación, seguridad, jubilaciones, Justicia, seguridad social, infraestructura y deudas provinciales. Los recursos saldrían de la Nación, pero cada provincia debería impulsar un reordenamiento de su situación fiscal. Este esquema se complementaría con la creación de un Fondo de Convergencia, que serviría para formalizar la actual distribución de fondos para el impulso de la obra pública.

La Constitución fija que el Estado nacional no puede quitarles recursos a las provincias. En términos de la ley de coparticipación esto significa que cada jurisdicción no puede recibir menos fondos por parte del Estado que en el ejercicio anterior. Este es el argumento que esbozan funcionarios y gobernadores a la hora de explicar por qué no se avanzará en un cambio de la ley de coparticipación, donde cada provincia debería sentarse a la mesa de negociaciones a discutir las alícuotas del actual esquema. “Lo que se está buscando es la sustentabilidad fiscal de las provincias en el largo plazo”, dijo a este diario Jorge Capitanich, gobernador de Chaco.

Al año y medio de iniciado su mandato, Néstor Kirchner había conseguido el apoyo de varios gobernadores para realizar algunos cambios en la ley de coparticipación. Según contó a este diario el ex senador Fabián Ríos (FpV), la idea de Kirchner era “congelar en valores absolutos los fondos que recibía cada provincia”, es decir, si en 2003 se habían distribuido –a modo de ejemplo– 100 pesos, al año siguiente se distribuiría la misma cantidad de dinero, mientras que del excedente de recursos se tomaría el 12 por ciento para la creación de un fondo de desarrollo destinado a inversiones de infraestructura para provincias del NOA, NEA y el conurbano bonaerense (similar a la propuesta del Fondo de Convergencia). Solá se había negado a este esquema, ya que no había intenciones de devolverle los 8 puntos de coparticipación cedidos en la década de 1980.

Ahora, una de las principales propuestas gira alrededor de un esquema de Transferencias condicionadas, que son de distribución directa pero con asignaciones específicas (como la Asignación Universal por Hijo). Las áreas a cubrir son salud, educación, seguridad, jubilaciones, Justicia, seguridad social, infraestructura y deudas provinciales. “Lo que se está buscando es que cada provincia pueda cumplir metas específicas de recaudación. Al mismo tiempo debería darse un reordenamiento de la situación fiscal en cada jurisdicción”, indicó Capitanich.

La otra idea sobre la que están trabajando los gobernadores es la creación de un Fondo de Convergencia, propuesta realizada por Juan Manuel Urtubey (gobernador de Salta), que prevé la distribución de 1323 millones de pesos por año, a partir de un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Estos recursos serían destinados a infraestructura social y sanitaria. “Sería la formalización de lo que ya se está haciendo a partir del Fondo de Infraestructura”, agregó el gobernador chaqueño.

Según un trabajo realizado por el Centro de Investigación y Formación de la Argentina (un instituto de la CTA), el 69 por ciento de los recursos coparticipables proviene del Impuesto a las Ganancias y del IVA, mientras que otro 21 por ciento proviene de las leyes especiales, como por ejemplo, el Impuesto a los Combustibles.

El tan discutido Impuesto al Cheque representó en 2009 el 4 por ciento de los recursos coparticipados. Sobre este tema, el Gobierno pendula entre dos extremos. De llegarse a sancionar una coparticipación total de este tributo, como pregona la oposición, el Ejecutivo vetaría la medida o eliminaría el Fondo Solidario de la Soja o el Programa de Asistencia Financiera. Luego de la primera reunión con gobernadores, Cristina Fernández sorprendió a sus comensales con la posibilidad de eliminar este tributo a partir de 2011.

Sin embargo, en la mesa de negociación de los gobernadores del PJ apareció otra variante. En vez de eliminar el tributo, se lanzó como posibilidad incrementar la alícuota del actual 0,6 por mil al 0,75 por mil y tomarlo a cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias (esto se remonta a la época en que Cavallo instrumentó el impuesto). “Las provincias recibirían así 10 mil millones de pesos más, mientras que el costo para el Estado sería de 5 mil millones”, explicó a Página/12 uno de los mandatarios que participa de las negociaciones.