EL PAíS › LA DENUNCIA DE COIMAS DE FERROSTAAL AG
El Ministerio de Defensa rechazó ayer “categóricamente” la información publicada por el semanario alemán Der Spiegel que denunció el supuesto pago de coimas por parte de una empresa de ese país a funcionarios argentinos en 2006, con el objetivo de beneficiarse con la adjudicación de un contrato. La cartera conducida por Nilda Garré calificó de “temerarias” las afirmaciones que sostienen que la compañía de ingeniería Ferrostaal AG habría pagado coimas a un funcionario de Defensa para la construcción de barcos para patrullaje costero. En tanto, la Oficina Anticorrupción, junto a otros organismos internos de auditoría del propio ministerio, fueron instruidos para investigar la totalidad de las contrataciones efectuadas por la Armada que pudieran tener relación con la denuncia.
El escándalo que estalló en Alemania en torno del supuesto pago de sobornos por parte de Ferrostaal AG para asegurarse contratos vinculados con la industria naviera salpicó a la Argentina y a Colombia. Der Spiegel sostuvo que en el país, los pagos fueron destinados a funcionarios del Ministerio de Defensa y a miembros de la Armada, por un negocio relacionado con el patrullaje costero. Algo que la cartera castrense negó, al consignar que el ministerio nunca tuvo vínculo comercial directo con la firma denunciada. Desde el ministerio aclararon que en referencia al proyecto “Patrullero Oceánico Multipropósito (POM)”, efectuaron la compra de ingeniería básica para la fabricación de barcos de patrullaje –a través de un convenio de cooperación– con la firma chilena Asmar. Esta última tuvo relación directa con Fassmer, una de las subsidiarias de Ferrostaal investigadas por la Justicia alemana.
Según pudo saber Página/12, la investigación de la fiscalía apunta, en el caso argentino, a un abogado de apellido Parrenella que habría oficiado de intermediario entre la Armada y la compañía alemana para la compra de baterías para submarinos.
Este episodio distinto al de la compra de los POM es el que ahora también tendrá que investigar la Oficina Anticorrupción, junto a la Oficina de Transparencia y a la de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa.
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