El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, le pidió al juez Norberto Oyarbide que se inhiba de seguir al frente de la causa del espionaje, donde tanto él como Mauricio Macri y el ex ministro de Educación Mariano Narodowski están citados a declarar como sospechosos. Montenegro argumenta que cuando era fiscal pidió la indagatoria del magistrado que ahora lo investiga y eso, “según el Código Procesal, lo obliga a apartarse” porque podría “haber parcialidad”. En un escrito que llevó personalmente al juzgado, el funcionario además destaca que por “paradojas del destino”, cuando imputó a Oyarbide, en el año 2001, fue por “intervención ilegal de teléfonos”. Ayer mismo Su Señoría rechazó el planteo citando, entre otras, jurisprudencia de la Sala I de la Cámara Federal, que ahora deberá pronunciarse.

La estrategia macrista apuntó, en los últimos días, a atacar al juez atribuyéndole una supuesta “intencionalidad política”. En esa tónica, aunque con un enfoque jurídico, Montenegro directamente le pidió en una presentación que se aparte y “suspenda la tramitación” del expediente, invocando un asunto que los enfrentó en el pasado. El objetivo de máxima de los funcionarios implicados es sacarle la causa. La meta a menor plazo es dilatar el proceso y las indagatorias –excepto la de Jorge “Fino” Palacios, que será este viernes–, que fueron fijadas para la semana que viene. Macri fue el primero en anunciar que su citación coincidía con un viaje oficial a la India. Montenegro, dicen en su entorno, difícilmente acepte sentarse frente al hombre que cuestiona antes de que la Cámara defina el conflicto.

En su escrito, el ministro porteño recapituló que “en dos oportunidades” había pedido la indagatoria de Oyarbide por escuchas supuestamente ilegales al abogado Mariano Cúneo Libarona y otras personas. Esas intervenciones habían sido parte de un expediente en el que Oyarbide llegó a dejar detenido a Cúneo Libarona, a quien acusó de coaccionar al ex juez Juan José Galeano con el famoso video donde se lo veía negociando con el reducidor de autos Carlos Telleldín en la causa AMIA. Más allá de los detalles de la historia, lo que sostiene Montenegro es que según el Código Procesal “el juez deberá inhibirse de conocer en la causa (...) si antes de iniciado el proceso hubiera sido (...) acusado o denunciado por alguno de los interesados”. “La imparcialidad” del juez resulta una de las garantías básicas del Estado de Derecho. Se tendrá que apartar y tendrá que continuar otro juez”, se despachó ante los movileros en Tribunales.

Antes de sentarse a cenar, Oyarbide firmó una resolución en la que se niega a apartarse y rechaza la recusación que venía adjunta. Usó tres argumentos, según pudo saber Página/12: un llamado a indagatoria de un fiscal no es una denuncia ni una acusación, sino la oportunidad del imputado de defenderse; los fiscales actúan por un “imperativo legal” que los obliga a impulsar las investigaciones como representantes de la sociedad, para que el juez esté obligado a correrse, la causa en su contra debería haber prosperado, pero Oyarbide fue sobreseído, ni siquiera fue indagado, y Montenegro, como fiscal, tampoco apeló. Como respaldo, cita antecedentes de la Cámara de Casación Penal y la Cámara Federal, incluso de la Sala I que tendrá que intervenir.

Un tramo del texto recuerda que el propio Cúneo Libarona, que había pedido su juicio político ante el Consejo de la Magistratura, desistió de esa denuncia porque el tiempo lo había llevado a “reflexionar” –dijo– y a concluir que “Norberto Oyarbide es un muy buen juez, que se de-sempeña con denuedo y honestidad en su cargo, que trabaja con enjundia, que honra su investidura y que, sin lugar a hesitaciones, merece el puesto que ostenta”.

Montenegro anticipó que recurrirá a la Cámara y que no descarta llevar el tema a la Corte. Entre sus conocidos hablaba de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juez impugnó expresamente el planteo de suspender el trámite de la causa, que le pareció improcedente. A menos que el funcionario le haga un pedido expreso, para postergar la indagatoria, quedará en pie para el miércoles que viene.

Oyarbide está convencido de que al menos desde 2007 operó una asociación ilícita dedicada a hacer escuchas telefónicas en la que el ex jefe de la Policía Metropolitana, Palacios, y el espía Ciro James, tuvieron papeles centrales, apoyados en policías y jueces de Misiones. A Macri lo llamó a indagatoria como posible integrante de la organización y lo vinculó con el espionaje a su propio cuñado, Daniel Leonardo, y a Sergio Burstein, familiar de las víctimas del atentado a la AMIA. A Montenegro y Narodowski les imputa encubrimiento. Al primero, porque James se movía familiarmente dentro de su ministerio, donde está la Metropolitana, en la que no llegó a ser nombrado. A Narodowski, porque nombró a James en su cartera, en la misma época de la escucha a Leonardo, en un cargo que no ejerció.