El ministro de Salud, Jorge Lemus, avaló una licitación para tercerizar el lavado de ropa de cama en dieciséis hospitales que la Justicia penal investiga porque se sospecha que fue dirigido a tres lavaderos. Como anticipó Página/12, uno de los tres lavaderos, El Lucero, fue clausurado por el propio gobierno porteño “a fin de preservar la vida y la salud de los trabajadores”, porque no contaba con las mínimas condiciones de seguridad e higiene. Cuando le preguntaron sobre este tema en la Legislatura, Lemus derivó la respuesta a uno de sus funcionarios, que contestó que los lavaderos “habían sido inspeccionados por el Comité de Evaluación”. Ahora deberá explicar por qué consideraron que estaba en condiciones.

El fiscal Carlos Giménez investiga la licitación 1643/09 del Ministerio de Salud porteño, en la que se adjudicó por más de 30 millones de pesos el lavado de ropa de cama de cinco mil camas de los hospitales porteños a tres empresas: Lavadero ANCA, Tex Care y El Lucero. Esta última también ganó una segunda licitación, la 2819/09, por otras trescientas camas.

En la causa judicial se pudo comprobar que el director de ANCA, Héctor Ricardo Andrelo, está casado con Magdalena Gacceta, que era vicepresidenta de Tex Care (renunció antes de la licitación). En el directorio de ANCA también está Estela Maris Andrelo, que es esposa de Luis Alberto Nerguizian, quien era presidente de Tex Care. Según la denuncia que presentaron otros lavaderos, la madre de los Andrelo, Haydeé Mouriño, sería propietaria del 50 por ciento de ambas compañías, lo que haría que fuera incompatible que se hubieran presentado en la misma licitación compitiendo como dos empresas separadas. La tercera empresa, El Lucero, hizo una oferta por la cifra exacta de sus presuntos competidores, pero por los tres hospitales en los que ellos no se interesaron.

Cuando Lemus asistió a la Legislatura, el diputado Aníbal Ibarra le preguntó por las condiciones de esta licitación: quiso saber por qué exigían una superficie de más de 1200 metros cuadrados y que las plantas estuvieran a 70 kilómetros de los hospitales, lo que dejó afuera a varios competidores. “Es una licitación dirigida a determinadas empresas”, sostuvo Ibarra. Lemus respondió que se trataba de una “cuestión compleja” y derivó las explicaciones en el subsecretario de Administración del Sistema de Salud, Ralph Kirby. El aseguró que “el tema no está judicializado”, pero unos minutos más tarde debió aclarar que “hay una denuncia penal”. Los asistentes lo aplaudieron con sorna.

Kirby también se ocupó de responder una pregunta del legislador del MST-Nueva Izquierda Marcelo Parrilli, sobre la inspección que hizo en el lavadero El Lucero la Dirección de Protección del Trabajo. “Se han labrado las actas correspondientes que certifican que ese predio no cumple con ninguna de las disposiciones en materia de seguridad, higiene y prevención del trabajo exigidas por el pliego licitatorio. Es decir, como ese predio no cumple con las condiciones de la licitación, jamás podría haber sido comprendido dentro de la licitación”, advirtió Parrilli. Kirby aseguró que “todos los lavaderos han sido inspeccionados por el Comité de Evaluación y El Lucero se encuentra entre ellos”.

Sin embargo, la Dirección del Trabajo encontró 29 infracciones que impedían su funcionamiento: entre ellas, “falta adecuar condiciones de trabajo de los trabajadores expuestos a riesgo biológico”, “falta adecuar ventilación en toda la planta y control de emisión al exterior” y faltaban las condiciones de adecuación de las calderas y el montacarga. Además, el lavadero no contaría con las medidas para tratar ropa de hospitales, como una barrera sanitaria que aísle la parte con ropa contaminada y que pueda tener residuos patogénicos. El lavadero fue clausurado el jueves de la semana pasada por una disposición que el director de Protección del Trabajo, Angel Rodríguez, firmó el 7 de abril “por configurar graves incumplimientos a las normas de higiene y seguridad”.

Según pudo saber este diario, desde la gestión PRO buscaban la forma de que se levante rápidamente la clausura al lavadero, que arroja más sombras sobre una licitación investigada por la Justicia. Página/12 intentó hablar con el subsecretario de Trabajo, Miguel Angel Virgilis, pero no respondió a los llamados. En su oficina señalaron que “es un hombre muy ocupado”.