Por I.H.

La Corte Suprema se dispone a sacar finalmente el próximo lunes un fallo contra la pesificación de los depósitos, a pesar de las advertencias del Gobierno. La bronca de algunos de los supremos hacia el oficialismo refuerza más aún esa posibilidad. El ministro Adolfo Vázquez hizo ayer dos denuncias penales para que se investigue al Banco Nación y a una abogada que trataron de apartarlo de la causa así como los intentos de reavivar su juicio político en la Cámara de Diputados. También apuntó al Banco Central, porque en las recusaciones en su contra se ventiló información sobre cuentas bancarias ligadas a su familia. La mayoría necesaria para la redolarización ya está constituida entre los supremos, que todavía deben consensuar qué dirán sobre los mecanismos de devolución de los ahorros.
El Jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, insistió ayer con la teoría alarmista de que el inminente fallo “echaría por la borda los esfuerzos realizados por los argentinos durante este año” y “repercute en forma negativa en las negociaciones con el Fondo”. La semana pasada, en sus intentos por frenar la resolución la Corte, el Gobierno recusó a Vázquez, a quien acusó de prejuzgar y de ocultar tres plazos fijos que lo volverían parte interesada en los expedientes sobre el corralón. La Comisión de Juicio Político de Diputados intentará este jueves reabrir el juicio político por posible mal desempeño tanto contra él como contra su par Carlos Fayt, quien reconoció un plazo fijo de 200 mil dólares.
En las presentaciones judiciales de ayer Vázquez denuncia, basándose en comentarios periodísticos, que es objeto de “coacción agravada” y “violación del secreto bancario”. En ambos expedientes, radicados en el juzgado federal de Jorge Urso, el ministro entendió que los intentos para reactivar su juicio político apuntarían a presionarlo para que cambie de criterio en relación con la redolarización. Y pidió que se analice cómo hizo la abogada Estela Iribarren, a quien calificó de “ignota”, para acceder a información sobre su caja de ahorro en el Banco Itaú, y los plazos fijos correspondientes a una fundación que lleva el nombre de su esposa fallecida, Norma Lidia Troncos de Vázquez, y a su suegra de 91 años. En relación con este tema, el juez de la Corte también señaló la posible responsabilidad del titular del BCRA, Alfonso Prat Gay.
En la Corte dicen que no hay razones para que el Gobierno haga una tragedia alrededor de los posibles efectos del fallo que ordene la devolución de depósitos en moneda de origen. El desenlace sería el lunes, ocasión en la que se resolverían entre otros el expediente conocido como “Beratz”, de una ahorrista de Bahía Blanca –que en realidad ya cobró los 13 mil dólares que reclamaba– y el de la provincia de San Luis, que reclama 247 millones de dólares acorralados. Todo indica que habría siete votos por la despesificación. La decisión, insisten en el tribunal, no será aplicable a las deudas pesificadas.
Los ministros, en su mayoría, están dispuestos a sacar una resolución que tenga aplicación diferida. En ese sentido, una de las opciones que por ahora alientan Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López es poner un plazo que podría ser de dos meses al Congreso y al Poder Ejecutivo para que disponga un esquema de devolución de los ahorros, lo que abriría la puerta a la aplicación de bonos compulsivos. A esa fórmula podría acercarse Antonio Boggiano, siempre que la devolución en bonos sea cubierta parte por los bancos (1,40 peso por dólar + CER) y la diferencia por el Estado. Fayt también considera que la pesificación es inconstitucional, pero cree que primero debe haber un intento de acuerdo entre los bancos y sus clientes que, si fracasara, tendría que ser resuelto por los jueces de grado. Vázquez consideraría que la Corte no tiene que establecer el modo de ejecución de las sentencias, aunque para el caso de San Luis admitiría la posibilidad de negociación entre las partes, porque la provincia se ha mostrado dispuesta a eso. Los conjuecesSantiago Kiernan y Edgardo Bello al parecer también se inclinarían por la redolarización. Belluscio votaría en disidencia.
La restitución de ahorros con bonos podría tener aval jurídico de la Corte. En nombre de los ahorristas, Nito Artaza anunció que si eso ocurriera la Justicia se va a encontrar con una nueva catarata de demandas reclamando los billetes propiamente dichos.