José Alfredo Martínez de Hoz, el ex ministro de economía de la última dictadura, procesado con prisión preventiva por dos secuestros extorsivos en 1976, fue trasladado ayer al hospital de la unidad penal de Ezeiza por orden del juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado rechazó el pedido de arresto domiciliario formulado por los abogados del ex funcionario de facto, que invocaban problemas de salud propios de sus 85 años. A más de un cuarto de siglo del final de la dictadura, el ex hombre fuerte del dictador Videla abandonó ayer la clínica De Los Arcos, donde se alojó por una supuesta descompensación el día que la policía fue a detenerlo a su residencia en el edificio Kavanagh. Ayer pasó su primera noche en una prisión común. Sus abogados ya apelaron la medida.

Un hijo de Martínez de Hoz difundió el martes la versión según la cual médicos de la clínica De Los Arcos se habían opuesto a la externación. Desde el juzgado de Oyarbide desmintieron ayer el trascendido y aclararon que los únicos reportes válidos para la Justicia son los del Cuerpo Médico Forense. “Los peritos que lo examinaron dijeron que no tiene ningún problema que le imposibilite el traslado y permanencia en una prisión”, precisó un vocero del juzgado. Aclaró que la decisión de enviar a Martínez de Hoz al penal de Ezeiza se debe a que esa unidad del Servicio Penitenciario tiene un hospital donde los detenidos pueden alojarse en habitaciones individuales con todos los controles necesarios. De hecho, allí se alojan varios imputados por crímenes de lesa humanidad en la ESMA con problemas de salud.

“El traslado de Martínez de Hoz a una cárcel es el fruto lógico de los informes médicos del Cuerpo Médico Forense, que siempre terminaban con la misma conclusión: está compensado, con inconveniencias mínimas y ningún impedimento para ser trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal que cuente con un hospital central”, resumió el abogado Rodolfo Yanzón. “Se trata de un paso más para poder juzgar a uno de los responsables civiles emblemáticos de la dictadura”, consideró el letrado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, que en 2006 pidió la reapertura de la causa y la inconstitucionalidad del indulto que le concedió el ex presidente Carlos Menem en 1989, y que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional a principio de mes.

Dos semanas atrás, el fiscal federal Federico Delgado se opuso a la excarcelación de Martínez de Hoz, pero aceptó concederle el arresto domiciliario. Entendió que ese beneficio “debe ser concedido porque la edad y la salud del procesado lo ubican dentro del artículo 33 de la ley 24.660”. Aludió en su dictamen a informes médicos, según los cuales el imputado “posee grandes dificultades para moverse por sí mismo en su vida diaria debido a afecciones traumatológicas y padece una lumbociatalgia que le impide caminar y que aconseja su reposo”. Los querellantes señalaron que varias personas habían visto a Martínez de Hoz caminar sin inconvenientes por la plaza San Martín, cercana a su residencia, días antes de la detención, que se concretó el pasado 4 de mayo.

Martínez de Hoz fue procesado por el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes extranjeros en 1976. Luego de que la Corte declarara inconstitucional el indulto de Menem, Oyarbide lo procesó y le embargó sus bienes por dos millones de pesos. El economista ya había sido procesado por los mismos delitos en 1988, junto con Videla y el ex ministro del interior, Albano Harguindeguy. Martínez de Hoz estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte a 1100.

El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó las detenciones de los Gutheim, y ordenó liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su responsabilidad sino porque, a diferencia de los uniformados, no había dejado sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como el imputado afirmó en una solicitada el día de su detención. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos. El proceso estuvo paralizado hasta mediados de 2006, cuando la Fundación LADH y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos pidieron la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, reclamo al que luego se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.