Contrarreloj y bajo la presión de las patronales agropecuarias, la Comisión Bicameral especial de Facultades Delegadas hizo su primer balance sobre el destino de más de 1200 leyes en las que el Congreso delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo, entre ellas la potestad para fijar retenciones a las exportaciones agrícolas. Los asesores legales sugirieron excluir la discusión política sobre el Código Aduanero, pero la oposición rechazó el pedido. La Bicameral debe emitir un informe no más allá del 30 de junio y el 24 de agosto vence el plazo para que el Parlamento defina la continuidad de esas facultades en manos del Gobierno. Con varias ausencias, los legisladores que integran la Bicameral escucharon ayer el primer balance de sus asesores legales sobre el “reordenamiento jurídico sobre las leyes delegantes”. Los juristas Alberto García Lema, Alfonso Santiago, Enrique Paixao y Bernardo Licht fueron los encargados de brindar detalles sobre la compleja trama legal y la jurisprudencia que se estableció sobre algunas de estas 1268 leyes que se analizan y que abarcan desde 1853 hasta la reforma de la Constitución en 1994, que prohibió la delegación de facultades legislativas sin plazos.

Según los juristas, más de mil de estas leyes ya estarían caducas y solo unas 210 todavía tienen vigencia. También se incorporó para el análisis de la comisión un informe del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, en el que se detalla las leyes que el Gobierno considera “de vital interés” y un pedido para prorrogar el plazo de su delegación hasta su discusión.