“Lo logramos, no sale, el fallo no sale”, celebraban ayer en la Casa Rosada. Flanqueada por presiones del Gobierno y nuevos intentos de juicio político, la Corte Suprema postergaría otra vez el fallo contra la pesificación de los depósitos. La principal excusa es que los dos conjueces que intervienen en el tema pidieron más tiempo para pronunciarse. Carlos Fayt también aportó su granito para dilatar una definición, al enviar ayer a sus colegas –horas antes de que la Comisión de Juicio Político de Diputados resolviera abrir el proceso de remoción en su contra– un texto en el que advertía sobre la necesidad de meditar a fondo los alcances de la resolución redolarizadora antes de tomarla. El tribunal suspendería el acuerdo que había fijado para el 30 y no trataría el tema hasta febrero.
El ministro de Justicia, Juan José Alvarez, encabezaba ayer los festejos de lo que consideraba prácticamente un triunfo personal, al haber sido uno de los principales gestores ante los supremos para que frenaran el fallo despesificador. En la Corte, un tribunal que rinde culto constante a la versatilidad, no daban ciento por ciento por hecho que se vaya a levantar la reunión plenaria del lunes aunque dos ministros admitieron a Página/12 que consideran que “eso sería lo lógico, suspender el encuentro”.
Que el máximo tribunal cuente con las cinco voluntades necesarias para firmar un fallo que ordene la devolución de los ahorros en moneda de origen, hoy por hoy no define nada. Fayt, que es uno de los que integra esa mayoría –junto con Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Eduardo Moliné O’Connor– envió ayer un texto a sus pares sugiriéndoles que evaluaran en profundidad la “oportunidad y alcances de la decisión respecto de los depósitos bancarios”. Lo hizo a la mañana, mientras los diputados intentaban juntar el quórum para tratar en comisión el nuevo pedido de juicio político en su contra, lo que cayó pésimo a algunos de los supremos de la llamada mayoría automática.
El escrito de Fayt incluía citas de su libro Teoría de la Política del Siglo XXI, donde postula que antes de una “decisión política” se debe analizar en profundidad “qué debe hacerse, cómo y cuál será el resultado”. Para sus colegas este mensaje no fue otra cosa que un pedido de postergación del tratamiento de las causas sobre la pesificación. Incluso en dos vocalías aseguraron a este diario que Fayt explicitó ante Nazareno que creía conveniente dejar el asunto para febrero.
Todo esto venía reforzado por la solicitud de los dos conjueces que fueron designados cuando la Corte no lograba conformar una mayoría. Santiago Kiernan (de Comodoro Rivadavia) dijo que no puede concurrir a la reunión del lunes. Edgardo Bello (de Rosario) sostuvo que necesitaría todo el mes de enero para estudiar bien el asunto y después pronunciarse. Ambos, sin embargo, ya han fallado contra el corralito en las cámaras de apelaciones que integran.
“Si la intención es ponerle un plazo al Congreso para que instrumente la devolución de depósitos, ¿qué sentido tiene sacar el fallo ahora si los legisladores en enero no trabajan?”, argumentaba Fayt entre sus colaboradores. También les anunció que el nuevo juicio político lo “atornilla mucho más” a su cargo y no piensa irse.
A los requerimientos de los conjueces “no se les puede decir que no”, explicó un juez de la Corte. Una opción remota para que el fallo se firme pronto que imaginan en algunos despachos de ese cuerpo, donde reina un especial enojo con la gestión del presidente Eduardo Duhalde –que los mantuvo largos meses bajo enjuiciamiento– es la de convencer a los conjueces de que directamente se abstengan y advertirle a Fayt que sus constantes variaciones de postura están incomodando al resto del tribunal.
La realidad es que, más allá de los comentarios cruzados entre los jueces y sus disputas internas, la Corte –o buena parte de ella– hace lo que quiere según cada circunstancia. En menos de un mes el escenario enrelación al fallo redolarizador cambió varias veces. El propio Fayt fue quien elaboró el proyecto para que se respete el derecho de propiedad de los ahorristas que definió la mayoría de cinco. Después fue recusado, cuando se supo que tenía un plazo fijo de 200 mil dólares, al igual que Vázquez, acusado de prejuzgar y también tener dinero acorralado, algo que él negó rotundamente. La misma Corte se encargó de limpiar esos obstáculos y en los últimos días incluso parecía haber un acercamiento entre Sus Señorías para que el fallo redolarizador y fijar un plazo al Congreso y el Ejecutivo para que diseñen un esquema de devolución.
El Gobierno, especialmente Alvarez y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, viene haciendo una suerte de trabajo de hormiga para evitar el fallo sobre las mentes de varios ministros, con particular esfuerzo sobre Nazareno, no siempre disponible ante los reclamos oficiales. Los bancos, además, vienen insistiendo con su teoría de que no pueden afrontar la devolución. Con este escenario, otra vez vuelve el suspenso. En el entorno presidencial dan por hecho que tendrán aire al menos por un mes más.