Lun 07.06.2010

EL PAíS  › LA SITUACIóN DE JOSé ALFREDO MARTíNEZ DE HOZ A UN MES DE SU DETENCIóN

Internado, pero en perfecto estado

Tras ser retirado del penal de Ezeiza, el ex ministro de la dictadura continúa en el Sanatorio de los Arcos, donde en forma extraoficial se reconoce que “ningún paciente en esas condiciones estaría internado”.

José Alfredo Martínez de Hoz está clínicamente estable y camina sin problemas en su habitación del Sanatorio de los Arcos. “Ningún paciente en esas condiciones está internado”, confió a Página/12 una fuente vinculada con la clínica. El ex hombre fuerte del dictador Jorge Videla, sin embargo, podría seguir internado diez días más. Así lo aconsejó una junta de peritos del Cuerpo Médico Forense, solicitada por el juez Norberto Oyarbide luego de que su colega Alberto Baños –por razones que aún se desconocen– ordenara trasladar al octogenario desde el penal de Ezeiza hasta la clínica en la que se refugió desde que se dictó su prisión preventiva. Los médicos Daniel Crescenti y Guillermo Macía consideraron el 26 de mayo que Martínez de Hoz debía permanecer internado tres semanas para recuperarse de una nucleoplastia, un tratamiento alternativo a la cirugía para atenuar la hernia de disco. Un facultativo consultado por este diario se asombró ante el dato y aseguró que un paciente normal sometido a ese tratamiento vuelve a su casa a más tardar en 48 horas. Mientras se aguarda que la Cámara Federal se pronuncie sobre la apelación al procesamiento y al propio Oyarbide sobre el pedido de arresto domiciliario, el Registro Nacional de Armas le comunicó al juez que Martínez de Hoz posee diez armas largas en el edificio Kavanagh.

El ex ministro de Economía de la dictadura fue detenido el 4 de mayo, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el decreto de Carlos Menem que lo indultó en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim. Por una supuesta descompensación, quedó alojado en la clínica del barrio de Palermo hasta el 20 de mayo, cuando Oyarbide ordenó su traslado al hospital del penal de Ezeiza, como lo solicitó la Secretaría de Derechos Humanos. Un día después, tras la presentación de una medida cautelar que terminó en manos de Baños, Martínez de Hoz volvió al sanatorio privado, desde donde siguió por televisión los actos del Bicentenario.

Oyarbide solicitó sin suerte una copia certificada de la resolución de Baños que ordenó dar marcha atrás con el traslado a la cárcel. El juez a cargo de la causa aún no conoce los fundamentos con los que su colega anuló de hecho su decisión: Baños le respondió que había enviado el expediente a la Justicia federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción sobre la cárcel. El mismo día, Oyarbide solicitó al Sanatorio de los Arcos una historia clínica del imputado de 84 años y ordenó la formación de una junta médica para que evaluara su estado de salud. Del historial de achaques de Martínez de Hoz, que hasta días antes de la detención solía caminar por plaza San Martín, surge que su estado de salud no varió desde el momento de la detención. La junta médica, formada por Crescenti y Macía, dictaminó sin embargo el jueves 27 que debía permanecer internado tres semanas más para recuperarse de la nucleoplastia.

Un médico consultado por Página/12 consideró que el plazo era “ridículo”, pues “un paciente normal en 48 horas, como mucho, se va a su casa”. Otra fuente cercana a la clínica De los Arcos contó que Martínez de Hoz “camina todos los días por la habitación y está clínicamente estable”. Desde su internación, el 4 de mayo, “no sufrió ningún tipo de agravamiento de su salud”. “Al principio tuvo algún problema metabólico que se resolvió rápidamente y después le hicieron algunos bloqueos, se le inyectaron antiinflamatorios y analgésicos que le provocaron algún dolor, nada más”, concluyó.

Al margen de la salud de Martínez de Hoz, se aguarda que la Cámara Federal se pronuncie sobre el procesamiento dictado por Oyarbide y también sobre la negativa a la excarcelación del imputado, que el juez dictó por tratarse de delitos de lesa humanidad. Oyarbide, en tanto, debe pronunciarse sobre el pedido de arresto domiciliario que los abogados de Martínez de Hoz reclamaron hace más de un mes, luego de que la Corte anuló el indulto y se vieron venir la inminente detención.

La otra novedad en el expediente es una nota del Renar, que ante el estado público de la prisión preventiva de Martínez de Hoz le informó al juez sobre las armas largas de quien supo ser amante de la caza mayor. “En nuestros registros, el nombrado es titular y poseedor de cuatro fusiles, cuatro escopetas y dos carabinas. Le hemos exigido el inmediata entrega de esas armas”, le advierten al juez. El abogado Rodolfo Yanzón, querellante en la causa, anticipó que le advertirá hoy al juzgado su rechazo a conceder el arresto domiciliario a un imputado con diez armas largas en su morada.

Al margen del expediente, una veintena de socios del Tiro Federal Argentino se sumó al pedido de expulsión de esa institución. En un nota presentada a su presidente Horacio Alegre, el grupo alegó el “desprestigio” que la permanencia de Martínez de Hoz produciría en el club. El reclamo había sido iniciado por Bernardo Alberte (h), socio vitalicio e hijo de un militar asesinado durante la dictadura, quien el mes pasado presentó su segundo pedido para quitarle la membresía al ex hombre fuerte del Palacio de Hacienda, quien tiene el número de socio 64.848. Alberte (h) fundamentó la denuncia en el estatuto del Tiro Federal Argentino, que define al club como “una asociación civil eminentemente patriótica”, mientras que –sostuvo– el ex ministro de facto “devastó a la Nación”. Los nuevos socios sumaron a esa consideración que “los golpes militares que ha sufrido nuestro país han tenido siempre sus socios civiles, que solamente por esta vía han podido llevar adelante sus proyectos político-económicos”. La vinculación de Martínez de Hoz con el Tiro Federal se relaciona con su afición a la caza mayor, una de las especialidades que se practican en los polígonos ubicados frente a la cancha de River Plate. Por idénticos motivos a los ahora invocados, el Club Atlético River Plate expulsó en abril de 1997 a los miembros de la Primera Junta militar Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, en tanto la Asociación Atlética Argentinos Juniors –en enero de 1999– le retiró la credencial a su entonces socio 322.082, Carlos Guillermo Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército.

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