Concluye el martes uno de los peores años de la historia argentina con un deterioro económico y una penuria social sólo comparables con la degradación de las instituciones simbolizada en el encargo del Poder Ejecutivo a un senador que fue rechazado por el voto popular cuando postuló para el cargo que hoy detenta. Lejos de concebirse como un accidente transitorio, el Senador Eduardo Duhalde procura ejercer en plenitud el cargo y aun encontrar algún resquicio que le permita retenerlo. Sus únicos límites son aquellos que le imponen la liga de gobernadores (que si no llega a cogobernar al menos retiene poder de veto) y el desdén del electorado, que no amaina. En los comicios del remoto octubre de 2001 apenas uno de cada cinco votantes empadronados en Buenos Aires permitieron a Duhalde acceder a la banca sobre la cual luego se empinaría para tomar por asalto la dignidad que el pueblo le negó. Ni la demostrada incapacidad para gobernar de la coalición que lo batió en las urnas en 1999, ni las extravagancias de un mandatario interino que había asumido con el compromiso de convocar a elecciones en 90 días y no mostraba el menor entusiasmo por cumplir con ese término, disculpan la atropellada que lo llevó sin escalas al Polideportivo de Olivos. Los primeros cien días de su gestión agravaron todos los problemas acumulados en los años anteriores y recién a partir de abril, el paciente minimalismo de Roberto Lavagna trajo algún sosiego a las variables macroeconómicas, que siguen siendo desastrosas. Pese al retroceso en el desempleo registrado por el INDEC, la exclusión del mercado laboral triplica la que existía cuando Menem y Duhalde asumieron el gobierno en 1989. Si no se hubiera incluido como ocupados a los receptores del subsidio de 150 lecops en realidad el desempleo habría crecido, hasta un nivel nunca alcanzado antes, de casi un cuarto de la población activa. Ninguna manipulación de cifras puede disimular el drama que más de cinco millones de trabajadores y sus familias sienten en su vida cotidiana. Más de la mitad de los argentinos siguen por debajo de la línea de pobreza y casi un tercio no supera la de indigencia. Si aun así se insinúa un tímido cambio en las expectativas y el humor social, éste sólo mide la profundidad del desplome, que no ha concluido. El único alivio proviene de la ilusión de que se está abriendo el paracaídas.
Freaks
Sobre el manejo clientelístico del ex intendente de Lomas de Zamora habla el vaciamiento del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por créditos incobrables a sus amigos y asociados. El cheque que Raúl Castells exhibió triunfal en la Plaza de Mayo mostró que Duhalde no es afecto a odiosas discriminaciones ideológicas. Como decía el general, hace todo en su medida y armoniosamente. En el aniversario de la renuncia de Fernando De la Rúa la confluencia entre las asambleas populares que están intentado renovar los modos de hacer política, los distintos grupos piqueteros y los variados aparatos políticos de la izquierda tradicional, produjo una plaza colmada y mostró la capacidad de convocatoria que el justicialismo ha perdido. Algunos de los líderes partidarios propinaron a la multitud discursos extraídos del Museo de la Década de 1960. Pero ni ellos escapan al teorema de Baglini. Esa dirigencia política parece haber aprendido la táctica de golpear para negociar que el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica Augusto Timoteo Vandor convirtió en su forma estable de relación con los gobiernos ilegítimos que se sucedieron al derrocamiento de Juan D. Perón. El repudio a la convocatoria electoral que ese neo-vandorismo rojo argumenta con tonos revolucionarios, deleita a todas las fracciones del justicialismo, que se aprestan a la Tercera Deglución, como hicieron décadas atrás con la juventud maravillosa y los liberales alsogaraistas. Horas antes, en la misma Plaza de Mayo, las columnas de la Corriente Clasista Combativa que responden a las orientaciones del Partido Comunista Revolucionario escucharon una arenga de Luis D’Elía, quien blandía la imagen de una Virgen. Estos creyentes en Nuestra Señora de la Revolución se suman a la galería de freaks nacionales encabezada por la coalición, única en el mundo, entre estalinistas y trotskistas. En uno de sus textos menos citados Rodolfo Walsh señaló que lo que llamó “el pensamiento de izquierda”, cuya penetración en la conducción montonera le preocupaba, es ahistórico al analizar la toma del poder. Por eso, conoce cómo “Lenin y Trotsky se adueñan de San Petersburgo en 1917, pero ignora cómo Martín Rodríguez y Rosas se apoderan de Buenos Aires en 1821... Perón desconocía a Marx y Lenin, pero conocía muy bien a Irigoyen, Roca y Rosas, cada uno de los cuales estudió a fondo a sus predecesores”.
Rendición incondicional
Si a esta despreocupación por la izquierda suma la rendición incondicional del radicalismo luego del estrepitoso fracaso de su gobierno trunco, Duhalde siente que maneja la situación con comodidad entre dos fechas del calendario electoral. Su obsesión personal, tan absoluta que no tuvo reparo en confesársela a la prensa española, es su compañero de fórmula en 1989. El ex presidente Carlos Menem ha conseguido convencer por lo menos a Duhalde de que ganaría las elecciones internas de su partido, frente a lo cual Manolito no ha tenido mejor idea que postergarlas, con el cada día menos oculto propósito de suprimirlas. Luego de diez años de llevarse por delante el marco jurídico, Menem se postula nada menos que como el defensor de la legalidad democrática ante la conducta autoritaria de Duhalde. Los distintos proyectos de ley de lemas que el gobierno estudia tienen problemas difíciles de superar. La suma de votos de distintos candidatos sería inconstitucional y el acuerdo de caballeros para apoyar en la segunda vuelta al candidato más votado en la primera, de cumplimiento dudoso. ¿Qué texto legal podría obligar a los simpatizantes con el discurso liberal de Menem a votar por el seudoprogresismo de Kirchner, o a la inversa? Para acorralarlo y no dejarle alternativa ganadora Menem desafió a Duhalde a presentar su candidatura y enfrentarlo. Si se anima, quiebra el compromiso público asumido, lo cual podría ser irrelevante para el votante peronista pero es inadmisible para los independientes, que lo castigarían en la elección general. Si no se decide, confesará que carece de instrumentos idóneos para batir a su enemigo, dada la negativa de Carlos Reutemann y Felipe Solá a llenar tan pálido rol.
Imágenes
El Poder Ejecutivo está bien acompañado por el Legislativo y el Judicial en el torneo del menosprecio y la perversión institucionales. Será arduo borrar de la memoria la imagen de la senadora radical Amanda Isidori cuando abandona la sesión para permitir que el oficialismo apruebe una de las leyes ignominiosas exigidas por el Fondo Monetario Internacional, mediante el voto de desempate emitido por el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda. Isidori dijo entonces que no debía lealtad al electorado sino a su gobernador. Fue recompensada al día siguiente, cuando el Poder Ejecutivo Nacional envió medio millón de pesos a Pablo Verani, quien además de gobernar Río Negro es vicepresidente de la Unión Cívica Radical. Llovieron los pedidos de expulsión para ambos pero por supuesto seis meses después sólo los inadaptados de siempre lo recuerdan. O la del senador Maqueda, rojo de furia mientras ladraba contra la prensa porque no le gustó el tratamiento del diario “La Nación” a un decreto suyo que sumó 1.200 pesos mensuales al sueldo de 65 legisladores que viven a más de 200 kilómetros del Congreso. Llegó a atribuirlo a “una campaña dedesinformación que tiene como única finalidad el desprestigio de las instituciones de la República”. Un nuevo episodio de la misma tragicomedia tuvo lugar el viernes, cuando la parte del bloque radical que apoyaba la designación de Maqueda como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia se retiró del recinto, para que el justicialismo pudiera llegar a los 2/3 de los votos necesarios para aprobar el pliego. Para que se entienda bien: con el objeto de ayudar a Duhalde los radicales que estaban a favor no asistieron, y para salvar la ropa los que se oponían sí ocuparon sus bancas. “Al fin de cuentas, los peores jueces de la Corte no son políticos sino amigos o parientes de políticos, como el farmacéutico Nazareno o el tenista Moliné. Tan poco tienen que ver con la política que cuando les pidieron la renuncia por el Pacto de Olivos no pudieron moverlos”, dijo un alto funcionario del gobierno que así creía defender a Maqueda.
Transparencia
Ex ministro de educación en Córdoba, convencional constituyente nacional en 1994, el ex presidente provisional del Senado parece haber tenido más roce con el derecho que varios de sus colegas en la Corte. “Mejora el promedio”, afirma el funcionario del área que, al mismo tiempo, descarga en el presidente toda la responsabilidad por la designación. Eso no era tan difícil, dado el nivel de partida, y no reside allí el problema. Hace quince años, en octubre de 1987, el Senado de los Estados Unidos rechazó el pliego del ex camarista federal Robert Bork, remitido por el entonces presidente Ronald Reagan, al cabo de cinco semanas de lo que el diario New York Times llamó “electrizantes audiencias y debates públicos” (transmitidos en directo por televisión). Nadie había puesto en duda la idoneidad y honorabilidad del candidato, pero la mayoría opinó que su filosofía jurídica no garantizaba la plena vigencia de los principios y valores constitucionales. Por supuesto, antes de que el pliego llegara al Senado el FBI y la oficina recaudadora de impuestos había concluido un minucioso escrutinio de los antecedentes de Bork. Todavía hoy el caso se discute en Washington y sigue sin haber acuerdo entre los bandos. Para unos, Bork fue víctima de una “campaña de desinformación” (frase familiar, ¿no?). Para los otros también se trató de una campaña, pero de educación cívica y constitucional, “lo mejor del proceso democrático, un grandioso debate de ideas”.
Aquí, la designación se negoció en secreto entre los partidos políticos y el acuerdo se prestó sin que hubiera antes una sola audiencia. Duhalde firmó el pliego el 17 de diciembre y diez días después Maqueda recibió el acuerdo. Para mayor irrisión, al mismo tiempo se anunció una reforma al reglamento del Senado por la cual la designación de los jueces de la Corte requerirá audiencias públicas, pero recién a partir de marzo. ¿Alguien en el gobierno o la oposición podría exponer al menos cinco minutos acerca de la filosofía jurídica del Pato Maqueda, por no hablar de sus inversiones, sus impuestos o sus intereses? Según el diputado socialista Jorge Rivas, “ha sido protagonista y defensor a ultranza, en el trámite legislativo, de las normas que hoy se hallan en conflicto esperando ser resueltas por el alto Tribunal como la pesificación, la emergencia económica y la reforma al calendario electoral”.
Darse corte
Mientras el gobierno impulsaba el juicio político a los nueve miembros de la Corte Suprema, del que luego retrocedió, para volver a avanzar ahora sobre dos de ellos, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Consumidores Libres sostuvieron que un eventual cambio en su composición”no bastaría para recuperar al tribunal”, dadas las “prácticas impropias que han socavado su prestigio y legitimidad”.
Sobre el proceso de selección señalaron la ausencia de “deliberación pública acerca de los antecedentes y calidades de los nominados”, la búsqueda de los acuerdos “entre los partidos políticos fuera del recinto, en reuniones secretas de comisión, o aun fuera del ámbito parlamentario” y “la designación de magistrados de ostensible carácter partidista”. Propusieron la autolimitación presidencial, que sugirieron debería incluir la publicidad de los criterios de selección, mediante un estudio sobre los eventuales conflictos de interés y sobre la situación impositiva de los candidatos. Los criterios sugeridos debían procurar, respecto de la composición de la Corte en su conjunto, equilibrio en materia de género y en la especialización jurídica y una representación balanceada de las procedencias regionales del país. Respecto de los propios candidatos, los criterios debían considerar su idoneidad técnico-jurídica y moral, su independencia de criterio y su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. La propuesta incluía la solicitud al candidato de una declaración jurada acerca de sus contrapartes laborales o profesionales pasadas, ex clientes o contratistas, así como también las sociedades comerciales y estudios de abogados en los que participó, de modo tal que la Oficina Anticorrupción evaluara posibles incompatibilidades legales o morales y/o conflictos de intereses. Además, la DGI, debería informar sobre su situación impositiva y patrimonial. Para cada cargo vacante se propondría una terna, que el Ministerio de Justicia daría a conocer junto con los antecedentes académicos, laborales, profesionales y personales de los candidatos. Durante 30 días corridos se recibirían objeciones o apoyos a las candidaturas durante una ronda de consultas con docentes universitarios, ONGs, empleados del Poder Judicial, medios de comunicación, periodistas, etc. Las reuniones deberían ser públicas, registradas taquigráficamente, difundidas en Internet y filmadas. Junto con el pliego elegido luego de este proceso no vinculante, el Presidente debería elevar al Senado las observaciones recibidas y las versiones taquigráficas de las reuniones. Por su parte el Senado debería convocar a una Audiencia Pública para recibir objeciones sobre la candidatura, previa inscripción en un registro de oradores. Luego el candidato debería ser invitado a responder las preguntas de los senadores sobre sus antecedentes profesionales y en cuestiones de fondo. Este coloquio debería ser televisado por el canal oficial y grabarse en video para su posterior difusión. También debería existir versión taquigráfica completa. Claro que así resultaría difícil sentar en la Corte a otro compañero.