La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ratificó que el Gobierno porteño incumplió una orden judicial que lo intimaba a prestar un servicio de ambulancia en la Villa 21-24, de Barracas. En el lapso en el que debía cumplir esta orden murió un joven que esperó desangrándose en la calle al móvil que llegó 45 minutos tarde. Por esta muerte fue allanado el SAME, en mayo. El juez Roberto Andrés Gallardo volvió a allanar el servicio de salud ante una nueva denuncia. La Cámara intimó nuevamente al ministro del ramo, Jorge Lemus, a enviar la ambulancia al centro de salud. En tanto le impuso una multa de 500 pesos por día al funcionario macrista, que sigue teniendo todas sus cuentas y tarjetas de crédito bloqueadas por la Justicia. A Lemus no parece preocuparle: se pidió licencia y estaría pintando cuadros en Florencia, Italia.

El 8 de abril, Lemus compadeció en una audiencia ante el juez Gallardo, en la que debió explicar por qué desobedeció la orden judicial de enviar la ambulancia, que data de diciembre de 2007. Lemus pretextó que no tenía custodia policial, pero fue desmentido por la Policía Federal. Las explicaciones no convencieron a Su Señoría: Gallardo ordenó que se bloquearan todas sus cuentas bancarias, envió a la Legislatura una copia de la causa para que evalúen si hay causales de juicio político y envió otra copia más al fuero penal para que le inicien un proceso. A pesar de esto, Lemus siguió sin enviar la ambulancia.

Al final, sus funcionarios ofrecieron que la ambulancia estuviera disponible en el Hospital Penna, con custodia de la Policía Metropolitana. En el texto garantizaron que estaría en un promedio de “siete a diez minutos”. El nuevo servicio se puso en práctica el 19 de abril, con la orden de que tanto el SAME como la Metropolitana debían enviar partes al juez. Al día siguiente, una mujer llamó al 107 porque su hija de 5 años tenía una hemorragia y le respondieron que la ambulancia no entraba en la zona. Y el 21 de abril, un joven fue baleado por dos asaltantes y quedó tirado en la calle. La ambulancia llegó 45 minutos más tarde.

A raíz de esto, Gallardo allanó el SAME y secuestró todas las cintas de esos días. El juez comprobó que en los partes que le había enviado tanto la Metropolitana como el servicio médico no figuraban estos casos. Lemus se ocupó de apelar todo –especialmente el bloqueo de sus tarjetas de crédito– y partió rumbo al exterior. El motivo oficial fue que le iban a entregar una mención Honoris Causa en España, algo con lo que se ensalzó frente a todo el gabinete macrista. Sin embargo, este diario pudo saber que el ministro también se habría tomado unos días para ir a Florencia y pintar cuadros, un hobby que hace años que practica.

Mientras tanto, Gallardo recibió una nueva denuncia del asesor tutelar Gustavo Moreno: en la noche del 2 al 3 de junio, una mujer de 28 años, embarazada, se acercó a un carro de asalto de la Policía Federal y les pidió que mandaran una ambulancia porque estaba por dar a luz. Era la 0.30 y estaban en Iriarte y la vía. Según denunció la joven, estuvo media hora esperando y finalmente tuvo a su bebé en un banco público. La ayudó una amiga. “Si la ambulancia hubiese estado en el Cesac 35, esto no habría pasado. A raíz de esto pedí el secuestro de las cintas del SAME y estoy esperando a ver qué sucede. Esto es responsabilidad del ministro Lemus”, remarcó Moreno ante Página/12. Por este último caso, Gallardo allanó por segunda vez el SAME el lunes pasado y secuestró las cintas y las CPUs que contenían información sobre el episodio.

En tanto, los camaristas Inés Weiberg de Roca, Carlos Balbín y Horacio Corti ratificaron que existió un incumplimiento judicial, rechazaron una recusación a Gallardo que planteó la gestión PRO y le ordenaron a Lemus que adopte “en el plazo de cinco días todas las medidas conducentes con el objeto de ejecutar las prestaciones bajo apercibimiento de imponer astreintes en forma personal al nombrado funcionario a razón de quinientos pesos por cada día de demora”. Con esta medida, removieron una multa previa que había impuesto Gallardo (de mil pesos por día) y un embargo que existía, dado que consideraron que la notificación no había sido dirigida al lugar correcto. La reemplazaron, de todas formas, por una nueva multa. Los camaristas no se pronunciaron sobre el bloqueo de las cuentas de Lemus y le pidieron a Gallardo copia de las desgrabaciones de las cintas de las conversaciones del SAME, junto con el resto de la documentación, para resolver otra de las apelaciones del ministro-pintor.