La Cámara Federal porteña ordenó ayer que el jefe de la Armada, Jorge Godoy, y el subjefe de esa fuerza, Benito Rótolo, sigan siendo investigados en la causa por presuntas actividades ilegales de inteligencia realizadas en Trelew. Los jueces de la Sala II sostuvieron que existen pruebas que demuestran que una unidad de Inteligencia de la capital chubutense, la Base Almirante Zar, habría ejecutado tareas de recopilación y procesamiento de información sobre políticos y organizaciones sociales, aunque afirmó que los datos obtenidos hasta el momento no son suficientes para poder procesarlos. Sin embargo, pidieron seguir con la causa para poder “obtener un panorama más completo de la situación de los imputados y su posible vinculación con las actividades ilícitas”. El juez federal Daniel Rafecas tendrá que seguir buscando pruebas.

En un fallo de diez páginas, los magistrados Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah aseguraron que si bien las pruebas reunidas hasta la fecha revelan que la investigación aún no se agotó, se mantiene la sospecha sobre la ilegitimidad de las prácticas de inteligencia denunciadas, así como la presunción de una eventual responsabilidad de Godoy y de Rótolo en esa red. Por todo ello, la Cámara resolvió “no hacer lugar a los planteos de las defensas (...) a que se sobresea a los nombrados”.

El dictamen afirma que sigue en pie la sospecha de que las prácticas ilegales denunciadas no se habrían limitado a una base operativa, sino que habrían respondido “a una actividad generalizada de las distintas seccionales de la Armada” que respondía a autoridades superiores. “La posibilidad de que estas posiciones formales se hayan traducido en una intervención activa de los imputados en los hechos no puede ser descartada y exige ser atendida”, se explica.

En suma, los magistrados concluyeron que “el conocimiento alcanzado hasta aquí permite afirmar que se habrían desplegado tareas ilegales en, como mínimo, una dependencia de la Armada” y que lo allí producido fue transmitido a autoridades de la Dirección de Inteligencia Naval y del Comando de Operaciones Navales. El dictamen afirma que “si en lo que resta de la investigación (...) se llega a establecer una conexión entre Godoy y Rótolo y esas prácticas”, ambos quedarán procesados.

La causa por espionaje ilegal en las bases navales comenzó en marzo de 2006, cuando el cabo Carlos Alegre denunció ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la existencia de una red ilegal de inteligencia que ordenaba tareas que el cabo se negó a cumplir. En ese marco, la Justicia realizó allanamientos en las bases de Trelew y Puerto Belgrano y descubrió fichas sobre organizaciones sociales, políticos y organismos de derechos humanos. La ministra de Defensa, Nilda Garré, separó entonces al jefe de Inteligencia de la Armada, vicealmirante Pablo Rossi, y al número tres de la fuerza, contraalmirante Eduardo Luis Aviles, implicados por los documentos. Además, cerró las oficinas de Inteligencia de las bases navales en todo el país.

En la causa fueron imputados más de una docena de marinos. Sin embargo, el CELS pidió que se incluyera en la indagatoria a Godoy y a Rótolo, dado que el jefe de la Armada y su segundo firmaron el Plan Básico de Inteligencia Naval 201 (PBIN) edición 2005, directiva que incluía el concepto de “comunicación institucional” que avaló el espionaje ilegal al permitir que los espías investigaran a aquellos que pudieran afectar la imagen de la Armada. De acuerdo con el CELS, la orden de Godoy permitió que las oficinas de Inteligencia naval “produjeran información sobre la comunidad islámica, grupos piqueteros y activistas indígenas”, así como seguimientos por los actos de la Masacre de Trelew.