La Sala I de la Cámara Federal anuló la prisión preventiva del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, “por vicios que afectan su validez”, pero no lo dejó en libertad. El tribunal cuestionó al juez Norberto Oyarbide y al fiscal Jorge Di Lello por haber dispuesto la continuidad de la detención del ex comisario en la causa del espionaje sin dar precisiones sobre cómo podría entorpecer la investigación o la recolección de pruebas ni detallar qué indicios hacen pensar que podría fugarse. Ahora el juez deberá reformular la resolución cuestionada.

La decisión mayoritaria de la Cámara –un tirón de orejas para el fiscal y el juez– fue firmada por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero y avala un reclamo de la defensa de Palacios. Los camaristas argumentan que Oyarbide se basó en “consideraciones genéricas de la asociación ilícita que integraría el imputado, sin aclarar cuáles serían los medios exhibidos en la causa que demostrarían que podría sustraerse a la acción de la Justicia”. Advierten que cuando rechazó excarcelar al Fino lo hizo invocando la opinión del fiscal, que en realidad –según analiza el tribunal– se había limitado a decir que el expediente es “complejo y voluminoso” y “constantemente se agrega evidencia documental, testimonial, informativa y pericial”. Sobre la situación de Palacios, Di Lello decía estar dispuesto a acompañar “la decisión que el juez adopte”.

“Un dictamen de esa especie resiente indudablemente la decisión del juez cuando éste lo utiliza como piedra basal de la denegación de la libertad del imputado”, sostienen Freiler y Ballestero al anular tanto la disposición de la fiscalía como la del juzgado. “La complejidad y voluminosidad de la causa –continúan– no son fundamento hábil para ninguna restricción de derechos, menos para privar de la libertad a una persona antes de que recaiga sobre ella una sentencia de condena.”

El camarista Eduardo Farah votó en disidencia, en respaldo de la detención preventiva del ex jefe de la policía de Mauricio Macri. Recordó que la misma sala de la Cámara, hace menos de tres meses, confirmó la prisión y advirtió que “aún restan medidas por producirse” y ni siquiera “se sabe a ciencia cierta cuántos abonados telefónicos han sido interceptados utilizando el mecanismo investigado”. Para Farah, son suficientes motivos para negar la excarcelación a Palacios. También refrescó que la Cámara de Casación señaló que era peligroso que Palacios estuviera en libertad en este tramo de la causa por los cargos que ocupó, sus contactos con otros miembros de las policía y el tipo de maniobra investigada.

Palacios está preso desde el 17 de noviembre del año pasado. Algo más de un mes antes había sido detenido su ladero, el ex policía Ciro James. En poco tiempo la Justicia corroboró que fueron dos engranajes fundamentales de una organización que pinchó, entre otros, los teléfonos del familiar de las víctimas de la AMIA Sergio Burstein, del cuñado de Macri –el parapsicólogo Daniel Leonardo–, del empresario televisivo Carlos Avila, de gerentes de supermercados Coto, de otros hombres de negocios, abogados prestigiosos, maridos y amantes. En Misiones se abrían causas truchas en dos juzgados para justificar pedidos de escuchas a la SIDE. Las grabaciones las retiraba James en la central de inteligencia en Buenos Aires, que se comunicaba sistemáticamente con el Fino.

El histórico lazo de Palacios con Macri –que lo puso al frente de la policía porteña–, las escuchas a Leonardo y a Burstein y la contratación de James en el Ministerio de Educación porteño en un cargo fantasma fueron datos claves que llevaron a investigar y a procesar al propio Macri y su ex ministro de Educación Mariano Narodowski. La Sala I de la Cámara hasta ahora avaló la investigación y confirmó a Oyarbide cada vez que las defensas intentaron apartarlo y le señaló una mirada más amplia –no tanto basada en el análisis de cada víctima del espionaje– sobre una posible “estructura paraestatal” de espionaje con base en el gobierno porteño.

La nueva resolución vinculada con Palacios llega en momentos en que se esperan grandes definiciones de los propios camaristas en el expediente: deben resolver, por empezar, si confirman o no los procesamientos de Macri y Narodowski. Y es probable que también reciban un planteo de nulidad de toda la causa que presentó el macrismo.