Al cierre de esta nota proseguía la sesión en Diputados, encaminándose a la aprobación de la reforma al Consejo de la Magistratura mocionada por el arco opositor. Más allá de que la votación sería en la madrugada de hoy, el autodenominado Grupo A tuvo el supermiércoles que buscaba con afán. El score de dos votaciones y la segura repercusión mediática serán traducidos como un triunfo enorme por su narrativa y por la de los medios que lo conducen e incitan.

Bien mirada, esa lectura es desmesurada y resultadista, así suelen ser los análisis de la política actual. El proyecto del Consejo pasará al Senado con destino incierto a una votación por estrecho margen. El debate acerca de la divulgación del acta taquigráfica de las declaraciones del ex embajador Eduardo Sadous vuelve a comisión. Que esa minucia atrajera tanta atención es una prueba acerca del minimalismo del debate político.

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Secretos en reunión y mala educación: La polémica acerca de mantener o levantar el secreto del testimonio de Sadous está contaminada. El resguardo fue establecido por la Cámara y está en línea con disposiciones reglamentarias de la Cancillería. En principio, si los diputados hubieran acatado la consigna, el secreto debería mantenerse. El problema es que hubo sucesivas, enormes, filtraciones de su contenido obviamente producidas por integrantes del Grupo A. La última (al cierre de esta edición, al menos) se consumó ayer cuando el diario Clarín añadió otro supuesto párrafo del acta encriptada.

Cualquier sistema de reglas exige para su subsistencia acatamiento compartido por quienes lo dictan y se someten a ellas. Si el pacto básico se resquebraja, ronda la anomia y se hace vidrioso el camino a seguir.

Si, como todo lo indica, la comisión de origen mantiene el “secreto”, no habrá honrado el decoro del encuentro. Legitimará la divulgación selectiva de una parte sustantiva del testimonio, la que mejor se acomoda al discurso del Grupo A. Levantarlo es también quebrar un compromiso del cuerpo con el declarante, que tiene su densidad. A esta altura, merced a la inconducta de los diputados, no hay salida virtuosa disponible. Sin buena fe, la institucionalidad deviene imposible. El ejemplo es pequeño, muy inferior a la dimensión que se le está dando, pero preocupante.

El núcleo duro del Grupo A se emblocó en la defensa del seudosecreto. El GEN de Margarita Stolbizer caviló, por los flagrantes incumplimientos de sus pares, pero a la hora de votar privilegió mantener la regla pautada con el ex embajador.

Proyecto Sur acompañó el reclamo del oficialismo. Amén de que la reserva ya es una quimera, la fuerza piloteada por Fernando Pino Solanas se distanció del Grupo A por motivos político-ideológicos. Le incomodó que sus habituales aliados obraran con un doble objetivo: salpicar al Gobierno con una denuncia de corrupción y echar una mano de bleque a la relación estratégica con Venezuela. “No nos vamos a sumar a un circo antichavista”, explicaron. Repararon en que (como en tantos otros casos) el anhelo del Grupo A es tirar al chico junto con el agua supuestamente sucia.

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Si te hace falta un Consejo: El Consejo de la Magistratura jamás funcionó bien, ni con su regulación original, ni con las modificaciones introducidas durante el gobierno kirchnerista. Habrá, pues, una afligente continuidad si el proyecto presentado ayer llegara ser ley.

El problema dista de ser una exclusividad autóctona. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, suele destacar que en España fue un fracaso y recomendar frondosos volúmenes que así lo explican. Más allá de la recuperación de la presidencia del Consejo, que es sensata porque lo dota de una cabeza con autoridad, en la Corte no se entusiasman con la reforma, por usar un eufemismo. Varias organizaciones no gubernamentales especializadas en la administración de justicia también señalaron discrepancias severas.

La finalidad del proyecto es coyuntural: achicar la preeminencia del kirchnerismo. Nuevamente, un objetivo temporario sobredetermina medidas que deberían pensarse con sentido estratégico y construcción de mayorías muy amplias. En ese sentido, en el de ser un proyecto de facción, el opositor es pariente cercano del que sancionó el kirchnerismo, que adoleció de la misma debilidad de origen.

Se eleva el número de miembros y se resta poder relativo, no ya al actual oficialismo, sino a los dos poderes estatales surgidos del voto popular. Un sesgo antipolítico da aureola al cambio, que prioriza las corporaciones sobre los representantes del pueblo. Corporaciones sectarias, irrisorias numéricamente y ligadas cultural e ideológicamente al Poder Judicial auguran un futuro de impunidad gremial, contra todo lo que se predica. ¿Cuán severos serán los delegados sindicales de jueces y abogados primando a la hora de juzgar magistrados...? Haga sus apuestas, lector.

Proponer que sea el estamento de jueces y abogados el que lleve la voz cantante para juzgar genera un espejismo de seriedad. Si se mira bien, contraviene la división de poderes. Esta consiste en el control recíproco, en balances y escrutinios cruzados: el juicio político a los funcionarios es potestad del Congreso, la inconstitucionalidad de las leyes las sanciona el Poder Judicial. En cambio, los magistrados se cocerán en su jugo, nula coherencia a la vista.

Entre tanto, nada se avanza sobre otro aspecto sustancial pendiente que es la calificación de los magistrados. Elegirlos es una etapa de un proceso que debería ser largo y de calidad. En verdad, aun con las magras herramientas disponibles hay ahora mejores jueces y más transparencia que en la era pre-Consejo, pero queda mucho por hacerse. La formación previa de los potenciales candidatos, la formación de escuelas judiciales, reglamentaciones más afinadas sobre concursos y jurados quedan en agua de borrajas. La Corte también ha indicado esa falencia a legisladores de todos los colores, con poca repercusión en el oficialismo y en la oposición. Claro, hablamos del largo plazo, de construcciones democráticas de maduración progresiva... difícil mechar esos temas fastidiosos en agendas urgidas por lo inminente.

Desde un punto de vista político, los partidos opositores con chances razonables para ganar las elecciones de 2011 conspiran contra la institucionalidad que deberán regir. Ese horizonte, parece, se subordina al día a día.

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La vetocracia deseada: También puede incidir la convicción de que, al final del camino, aguarda el veto presidencial. La dinámica de la actual etapa es paradójica, al menos en apariencia. La oposición se indigna por la vetocracia mientras genera todas las condiciones para incitar esa acción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A eso huele la implantación del 82 por ciento móvil, impulsada por partidos que gobernaron el país largos años y jamás se plantearon algo semejante. Desde luego, la iniciativa es, en su rumbo, encomiable, pero a condición de estar acompañada con propuestas financieras y fiscales que la hagan sustentable. Promover un incremento de un flujo, sin tocar en proporción el stock de recursos disponibles, suena poco serio. El debate recién comienza y ojalá cobre vuelo. Habrá que ver cuáles son los nuevos recursos que podrían sostener un sistema muy costoso. En el ínterin, da la impresión de que los únicos legitimados (por trayectoria e ideología) para mocionar ese salto de calidad son los partidos que no gobernaron nunca y que apoyaron la reestatización del sistema jubilatorio. Peronistas federales y radicales, que hicieron trizas los derechos de los jubilados, están bajo sospecha de instar una medida simpática para las mayorías, esperando (y ansiando) que sea vetada. Ni su discurso, ni su visión restrictiva del gasto social, ni sus pergaminos de veinticinco años condicen con sus planteos.

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Un miércoles más: Volvamos a la sesión que proseguía, fragorosa y hasta enardecida, cuando se entrega esta columna, bien entrada la noche del miércoles.

La aprobación del Senado es hipotética, el veto una perspectiva factible pero aún lejana. La Presidenta podría ahorrarlo, llegado el caso, para no gastar pólvora en chimangos. No da la impresión de que ése sea el criterio dominante en la Casa Rosada y en Olivos.

El Grupo A tuvo su supermiércoles, justo un día sin fútbol. Las tertulias de café o de laburo de hoy (intuye el cronista) se conmoverán poco por los tópicos de esa sesión, remotos para los ciudadanos de a pie. Tendrán su razón al obviarlos, para entreverarse discutiendo acerca del dilema de fierro: ¿la Brujita Verón, Bolatti o Maxi Rodríguez?

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