La Cámara de Diputados se encaminaba anoche a darle media sanción al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Con el impulso de la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el PJ disidente, el GEN, el socialismo y Proyecto Sur, el Grupo A conseguía aumentar de 13 a 18 los miembros del Consejo, otorgándole a la corporación judicial 8 integrantes, contra 7 representantes electos por la voluntad popular. Después de pregonar durante años en contra del “poder de veto” del Gobierno, la oposición lograba reformar la iniciativa impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández en 2006. “Claramente el proyecto es un retroceso para lo que se pretende que sea un Poder Judicial democrático”, aseguró el diputado kirchnerista Alejandro Rossi.

El tratamiento de la reforma arrancó cerca de las seis de la tarde con la palabra del miembro informante del proyecto de mayoría, el radical Ricardo Gil Lavedra, quien recorrió la historia del derecho y cuestionó la reforma impulsada por la Presidenta hace cuatro años. “El Consejo de la Magistratura tiene hasta ahora un balance mediocre. No ha hecho nada por procurar una eficaz administración de justicia. La última reforma no obtuvo los propósitos que la inspiraron y que quienes la impulsaron pregonaron en este recinto”, aseguró Gil Lavedra.

El titular de la Comisión de Justicia reconoció que no es una reforma “ideal”, pero consideró que la iniciativa “es mucho mejor que la existente”. “Queremos jueces comprometidos con los valores de la Constitución y de las leyes, no con los valores del poder. Que puedan cumplir sus deberes con absoluta independencia para terminar con la impunidad y para tener una Justicia al alcance de todos”, concluyó el jurista radical.

“Jueces federales de Mendoza, investigados por violaciones a los derechos humanos, han suspendido la vigencia de una ley de medios, sancionada por este cuerpo. Si eso no es política, no sé qué es”, le respondió en su discurso Rossi ante el argumento de que la mayoría de la familia judicial en el Consejo le otorgará independencia política.

Entre los cambios que se implementarán, de aprobarse luego en el Senado, se destaca el aumento en cinco miembros del Consejo, con la incorporación del presidente de la Corte Suprema de Justicia como su titular. De los 18, la corporación judicial tendrá 8 miembros: el presidente de la Corte, tres jueces y cuatro abogados. Los legisladores pasarán a ser 6. Uno por la primera, uno por la segunda y otro por la tercera minoría de cada cámara. Este fue uno de los puntos más cuestionados por los legisladores no opositores. “De ninguna manera se puede hacer un desajuste al sistema proporcional de manera tal que los tres bloques políticos tengan la misma representación”, aseguró la diputada Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro, bloque que presentó su propia iniciativa. La oposición, en cambio, cuestionaba el eventual poder de veto del Gobierno en la actual conformación. Los restantes miembros del Consejo son uno por el Poder Ejecutivo y tres académicos, de los cuales uno proviene del ámbito de las ciencias sociales.

Otro de los puntos más cuestionados es la incorporación de la Corte como titular del Consejo. Tanto Ibarra como Rossi y otros legisladores remarcaron que tendrá la facultad para desempatar y votar en las elecciones en las que se requiera mayoría calificada. Por exigencias del bloque de Proyecto Sur, las funciones originales fueron acotadas. Además, se crea un comité consultivo integrado por organizaciones de derechos humanos, ONG, sindicatos judiciales, entre otros.

Desde el PRO, la diputada Laura Alonso aseguró que la reforma “aumenta la transparencia y el control ciudadano sobre el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial y los magistrados”. En el mismo sentido, Adrián Pérez, de la CC, sostuvo que “los cambios devuelven el equilibrio, mejoran la selección de jueces, fortalecen los concursos y quitan discrecionalidad a la designación de los magistrados”.

“Esto tiene más que ver con un triunfo político o con demostrar que hay una mayoría en este Congreso que responde a la oposición. Sigo sin entender por qué queremos modificarlo, a menos que sea por la presión de las corporaciones, que quieren más espacio, más poder”, lanzó Gerónimo Vargas Aignasse, del FpV.

La media sanción de Diputados deberá pasar al Senado, donde el oficialismo ha podido frenar hasta ahora los embates conseguidos por la oposición. Se calcula que el dictamen tendrá giro a Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, poderes y reglamentos, las mismas comisiones en las que se las estudió en la Cámara baja. Dada la paridad de fuerzas que predomina en el Senado, la oposición deberá trabajar minuciosamente para conseguir los votos. De todas maneras, recién podría tratarse en el recinto luego del receso de invierno, ya que la próxima sesión, del 14 de julio, tendrá como tema casi excluyente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La oposición transpiró para juntar quórum durante los primeros minutos de la sesión, luego de que ayer por la tarde fracasara la reunión de Labor Parlamentaria en la que debían acordar el tratamiento de la reforma en el día de hoy. Finalmente juntaron los 129 diputados y se encaminaban a cumplir (en una cámara) una de las principales promesas de la campaña de 2009.