Los 31 imputados se distribuyeron en cuatro filas de butacas, separados del público por un blíndex. Jorge Rafael Videla se sentó en primera fila, con una carpeta en las manos, a la derecha de Luciano Benjamín Menéndez. El tribunal dio inicio a la audiencia a las 10.50.

Con la lectura de la acusación fiscal comenzó ayer en Córdoba el juicio oral y público a Videla, Menéndez y otros 29 imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Se trata del primer juicio al ex presidente de facto desde el proceso a los ex comandantes, en 1985.

El dictador de 84 años hizo una señal hacia el tribunal con intenciones de hablar mientras se describía el esquema de la represión ilegal en Córdoba, pero recibió una drástica respuesta de Jaime Díaz Gavier, presidente del Tribunal Oral Federal 1, que le ordenó guardar silencio y le recordó que podrá hacer uso de la palabra más delante.

La sala de audiencias, con capacidad para un centenar de personas, estuvo colmada por representantes de organizaciones civiles, de derechos humanos, familiares de víctimas y, en menor medida, de los imputados, incluido un hijo de Videla. Díaz Gavier les ordenó a los allegados a los represores retirar una bandera argentina que habían desplegado, en tanto los familiares de las víctimas debieron cubrir las remeras con los rostros de sus seres queridos. “Para evitar situaciones de roces”, explicó el juez. Estuvieron presentes el intendente, Daniel Giacomino; el vice, Carlos Vicente; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez, y la diputada del Frente para la Victoria Carmen Nebreda.

Frente a los tribunales se concentraron centenares de miembros de organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sociales y educativas. La manifestación, que partió desde Ciudad Universitaria hacia el edificio de tribunales, fue convocada por Hijos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj y la Asociación de Ex Presos Políticos. En la calle hubo murgas y se colocaron siluetas en recuerdo de las víctimas. También funcionó una radio abierta en el cruce de las calles Concepción Arenal y Paunero.

La nota de color del día la aportó un hermano del mayor Gustavo Adolfo Alsina, que intentó desvincular al imputado de las torturas que derivaron en el homicidio de José Moukarzel nada menos que ante la hermana de la víctima. Moukarzel era un médico del Ejército Revolucionario del Pueblo y murió luego de permanecer un día estaqueado, desnudo, en el patio de la cárcel. “No alcancé a reaccionar, fue muy fuerte lo que ha pasado”, explicó Marta Josefina Moukarzel.

La lectura de la acusación estuvo a cargo del secretario del tribunal, Pablo Bustos Fierro. Según el escrito fiscal, el “aparato represivo” que se instaló a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tenía como máximo responsable a Videla. “Luego de la toma ilegal del control de las instituciones del país, se pergeñaron acciones secretas, de modo clandestino y anormal, hasta convertirse en una práctica sistemática para el aniquilamiento de personas con pensamiento distinto”, leyó. Agregó que “para ejecutar el aniquilamiento de los grupos políticos y sociales se utilizó toda la maquinaria y logística militar y de poder”. Añadió que tal accionar se apoyaba en “un sistema jurídico secreto para legalizar el secuestro, la tortura y en muchos casos la muerte simulando situaciones inexistentes”, como ocurrió con los 27 presos políticos asesinados en operativos que se publicitaban como “intentos de fuga” por los que se realiza el juicio. La jornada concluyó a las 18.10.

El abogado Martín Fresneda, miembro de Hijos, calificó al juicio como “histórico” y a Videla como “uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en el país”.

Eduardo Duhalde, en diálogo con la prensa, sostuvo que el juicio “es muy importante, tanto por los crímenes que se juzgan como por los represores sentados en el banquillo de los acusados”. Consideró que “es muy bueno que se investigue, que ningún crimen de lesa humanidad quede impune”. “Estamos convencidos de que no se puede profundizar la democracia sobre la ciénaga del olvido, de la impunidad”, destacó el secretario de Derechos Humanos. Afirmó que “deben ser juzgados todos los responsables, sean militares, civiles o policías” y evaluó que “en ese sentido se ha avanzado”. “Son más difusas las responsabilidades en algunos casos, pero se avanza”, reconoció y recordó que “de aquí a fin de año comenzarán otros juicios importantes”. El juicio a Videla, Menéndez & Cía. se reanudará el lunes a las 9.30.