Con los votos de cinco kirchneristas, dos jueces y un abogado, el Consejo de la Magistratura resolvió desestimar un pedido de juicio político contra el juez federal Norberto Oyarbide, donde se le reprochaba haber cerrado la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra los Kirchner sin haber investigado lo suficiente. Dos semanas atrás, el organismo rechazó sancionarlo, también con mayoría de votos oficialistas, por sus declaraciones públicas vinculadas con la causa sobre la mafia de los medicamentos. Pero todavía quedan dos investigaciones en su contra en trámite en el organismo judicial.

La denuncia contra Oyarbide derivada de la causa contra Cristina y Néstor Kirchner había sido presentada por el dirigente peronista y eterno candidato Juan Ricardo Mussa. El dictamen de mayoría que propuso desecharla fue impulsado por la diputada kirchnerista Diana Conti y sumó los votos de los legisladores Carlos Kunkel, Nicolás Fernández y Marcelo Fuentes, el representante del Ejecutivo, Héctor Masquelet, y los jueces Luis Cabral y Luis Bunge Campos. Durante el plenario no hubo demasiado debate. Sólo Cabral –presidente del Consejo– puso de relieve un argumento propio de los magistrados: que no se los puede atacar por el contenido de sus fallos, ya que para eso existen las distintas instancias judiciales.

El dictamen minoritario, que impulsaba la acusación, había sido presentado por el radical Ernesto Sanz, quien pedía citar a Oyarbide como sospechoso para que explicara el expeditivo sobreseimiento basado en un dictamen del ex jefe del cuerpo de peritos contadores de la Corte Alfredo Peralta. Esa propuesta sólo tuvo apoyo de Oscar Aguad –el otro radical en el Consejo–, del abogado Pablo Mosca y del académico Mariano Candiotti.

A Oyarbide todavía le quedan dos expedientes abiertos en el Consejo. Uno promovido por el diputado de PRO Federico Pinedo, quien sostiene que manejó de manera arbitraria la causa que involucra al jefe de Gobierno, Mauricio Macri. La última denuncia presentada contra Oyarbide es la del Grupo Clarín, que le endilga complicidad con el Gobierno para acusar a la empresa.