El jueves llegará a Buenos Aires “el florista”, el nombre con el que se conocía al represor Jorge Alberto Soza en el pueblo valenciano de Carcaixent. Llevaba un año detenido en España. El juzgado federal de Neuquén había pedido su indagatoria y la extradición por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. De fines de 1975 a enero de 1977, Soza fue el segundo de la Policía Federal neuquina, subcomisario de la Delegación, que se convirtió en centro clandestino de detención. La Audiencia Nacional de España aprobó en diciembre de 2009 la extradición que ayer terminó de concretarse.

El nombre de Soza no apareció en los primeros registros de los represores de Neuquén. “En el ’83 no lo teníamos detectado”, indican en la Asamblea por los Derechos Humanos, querellante de la causa. “Sí estaba en la plana de la Policía Federal pero no como alguien en particular, recién con la reapertura de los juicios aparecieron especialmente aquellos testimonios de quienes fueron torturados en la Policía Federal.” Los testimonios le permitieron al juzgado federal empezar a repreguntar e hilvanar los datos que iban apareciendo para entender el rol de la Delegación de la Policía Federal y de los responsables.

Soza terminó acusado por 18 casos de privación ilegal de la libertad y torturas. Entre ellos, se le imputa la detención del docente y actual militante de la CTA Orlando “Nano” Balbo, secuestrado el 24 de marzo de 1976, en pleno centro neuquino. Balbo fue apresado por un grupo de tareas encabezado por el ex agente de inteligencia del Batallón 601 Raúl Guglielmineti, detenido durante un período en la Unidad 5 del Servicio Penitenciario Federal de General Roca y ahora alojado en el pabellón de represores de Marcos Paz. Durante la noche, Balbo estaba encerrado en la Unidad 9 de Neuquén, pero de día lo trasladaban a la delegación de la Policía Federal, donde era interrogado y torturado. El testimonio de otras víctimas también acredita la existencia de una sala de torturas en la delegación local de la policía que funcionó en los primeros meses de 1976, mientras se acondicionaba el centro clandestino de detención La Escuelita, ubicado en el batallón militar del Ejército activo desde mediados de 1976.

En los últimos meses, las investigaciones arrojaron un nuevo dato. Se trata del relato de un nuevo testigo que lo señala en un nuevo centro clandestino que hasta ahora no había sido detectado entre los lugares de detención ilegal en la provincia.

Soza llegó a España en 1992, se instaló en el pueblo Carcaixent. Según la prensa española, él tenía un maxikiosco y su mujer una florería. Se había instalado con la doble nacionalidad, motor con el que peleó la extradición a la Argentina. Soza sostenía que como ciudadano español debía ser juzgado en España, pero finalmente la Audiencia Nacional consideró que debía ser extraditado para ser indagado por la Justicia argentina. El próximo viernes se sentará frente a la secretaria del juzgado federal de Neuquén, Silvina Domínguez, a cargo de la causa. Indagará a Soza ese día, explicó a Página/12, si está en condiciones de “salud” por el “viaje”. Desde ese día, el ex subcomisario quedará detenido en el pabellón de represores de General Roca. Hay otro represor con pedido de captura: Héctor Mendoza, ex policía de Neuquén con cargo de comisario durante la dictadura, exonerado luego de la fuerza e instalado hoy en Paraguay.