Mientras los policías federales seguían su persecución ensañada a los manifestantes, apuntaban y asesinaban a algunos de ellos, en la Casa Rosada debatían sobre la gravedad de la situación. Fernando de la Rúa miraba de reojo las imágenes televisivas de los saqueos en el conurbano, las corridas y la represión policial. Su último secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, y su hijo, Antonio de la Rúa, se trenzaron durante casi media hora en una violenta discusión sobre las muertes que se estaban sucediendo en Avenida de Mayo y cerca del Obelisco. Hubo varios testigos, además del propio ex mandatario, y en esa escena final habría quedado claro quiénes pugnaban para que cesara la masacre y quiénes opinaban que había que retirarse y ya. Los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers, que investigan cinco de los homicidios de aquel 20 de diciembre, quieren escuchar a esos ex funcionarios. Y la jueza María Servini de Cubría tendría el mismo interés. “Es necesario averiguar qué hicieron esa tarde las máximas autoridades del país”, afirmó a Página/12 uno de los investigadores. El ejecutor de la orden de reprimir, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, es un firme candidato a terminar preso.
Este diario adelantó hace dos semanas que los fiscales estudiaban la posibilidad de pedir la detención del comisario general Santos dada la gravedad de los cargos que afronta. Acusado de homicidio agravado tiene que presentarse mañana a declarar en indagatoria ante la jueza Servini de Cubría. En el juzgado deslizaron la posibilidad de que no sólo los autores materiales, una veintena de policías que ya fueron identificados como los que apretaron el gatillo, quedarán detenidos, sino también alguien de superior jerarquía. Pero si Santos va preso sólo será cuando terminen los interrogatorios de sus subordinados. Los comisarios que declararon hasta ahora coincidieron en asegurar que recibieron una orden suya, directa y explícita, para desalojar la Plaza de Mayo.
El 20 de diciembre el diputado de Autodeterminación y Libertad Luis Zamora mantuvo una reunión con el entonces viceministro del Interior Lautaro García Batallán. Apenas unos minutos antes, la diputada del ARI Marcela Bordenave había sido golpeada durante la represión y fueron juntos a la Casa Rosada para tratar de frenar la matanza. Según declaró Zamora ante Servini, García Batallán relató que “esa mañana hubo una reunión en Olivos, del Presidente y su entorno, donde se adoptó la decisión política de impedir que la plaza se llene, utilizando los mecanismos que fueren necesarios, porque necesitaban horas para negociar con el justicialismo, que él había estado en desacuerdo con esa decisión pero perdió”. El ex funcionario delarruista, también citado a declarar pero como testigo, agregó, según Zamora, que “el responsable de instrumentar esa orden era (el ex secretario de Seguridad) Enrique Mathov, y que (el ex ministro del Interior) Ramón Mestre estaba renunciando”.
Siguiendo esta versión de los hechos, la administración agonizante quería impedir que la plaza se llenara –como había ocurrido el miércoles 19 a la noche con final de gases y balas de goma, pocos minutos después de la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo– porque si eso ocurría “el Gobierno se tenía que ir”. Entonces decidieron “reprimir para ganar tiempo y mostrarla por los medios” para que no se sumara más gente a la protesta, tal como consta en la declaración testimonial de Zamora. García Batallán no se cansa de repetir que sus palabras fueron “malinterpretadas”.
En el expediente hay una coincidencia no menor con este relato. Sin la desesperada argumentación política, el comisario Santos recibió una orden más concreta. El comisario mayor Norberto Gaudiero, que condujo las operaciones represivas, declaró que el 20 por la mañana el ex jefe de la Federal recibió la orden de “limpiar la plaza”. Ahora bien, la preguntaclave es quién dio esa directiva y para eso serán convocados al tercer y quinto piso de los tribunales federales de Retiro los miembros del gabinete delarruista que protagonizaron estos fatales instantes finales. Tanto Mathov como Fernando de la Rúa ya deslindaron responsabilidades en sendos escritos en los que desconocieron incluso haberse enterado de las muertes de los manifestantes. El ex secretario de Seguridad precisó que en la madrugada del 20 recibieron información de inteligencia que indicaba que la Casa de Gobierno iba a ser tomada por asalto. “Si el objetivo era evitar eso, ¿porque mataron a Carlos ‘Petete’ Almirón en Avenida de Mayo y 9 de julio?”, se preguntó indignada la abogada de la CORREPI María del Carmen Verdú, querellante en la causa. Y enfatizó que “de ningún modo querían neutralizar la toma de la Rosada, que suena ridículo en su sola enunciación, sino los tiros no hubieran sido tan precisos: todos los muertos recibieron balazos en el tórax y uno en la cabeza”.
En su edición del 23 de diciembre, la revista trespuntos describió los momentos previos al despegue del helicóptero que se llevó a De la Rúa del poder. Mientras Gallo repetía que “esto es un desastre”, Antonito intentaba convencer a su padre de no dejar la Presidencia. “Todavía hay espacio para negociar, tenemos que presionarlos y obligarlos a sumarse...”, habría dicho el primogénito del ex mandatario mientras Gallo explotaba. “Dejate de joder, Antonio, ¿cuánto quilombo más querés que haya? Hay muchos muertos, nos van a terminar matando a nosotros”, vociferó. Ante la mirada silenciosa de Adalberto Rodríguez Giavarini, Hernán Lombardi, Carlos Maestro y Fernando “Aíto” de la Rúa, Antonito y Gallo discutieron ásperamente durante unos veinte minutos, según el relato de un ministro recogido por la revista y a punto de ser escuchado por los investigadores del caso.