“Bajo el prisma de los derechos humanos resulta evidente que los órganos políticos, las fuerzas de seguridad y la Justicia fallaron en su deber de asegurar la vida, la libertad de expresión y los bienes de los habitantes de la Nación”, concluye un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) titulado “La protesta social en Argentina en diciembre de 2001”. Tras describir la modalidad de las manifestaciones aparecidas desde 1996 y relatar en detalle los procedimientos represivos que acompañaron la salida del poder de Fernando de la Rúa, con información proveniente de la investigación judicial de los seis homicidios de la matanza de Plaza de Mayo del 20 de diciembre, el CELS indicó que “en el período democrático no se ha conseguido reconstruir la función de las instituciones de seguridad como garantes y protectoras de derechos”. El organismo afirmó, además, que la firma del decreto que implantó el estado de sitio aquel día fue un acto inconstitucional del ex presidente. Del mismo modo, calificaron de “ilegal” el procedimiento represivo.