Los policías imputados por delitos de lesa humanidad en Córdoba se resisten a pagar en soledad los costos de la represión ilegal. Mientras Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez continúan durmiendo, otro ex integrante del Departamento de Informaciones (D2) reiteró ayer que los traslados de detenidos esposados y vendados contaban con el visto bueno del Poder Judicial. “La Justicia federal sabía cómo trabajaba el D2, fui auxiliar de la Justicia”, aseguró el ex comisario mayor Carlos Yanicelli, alias Tucán Grande, imputado por seis secuestros, torturas y homicidios. Con las declaraciones de ayer el Tribunal Oral Federal 1 les concedió la palabra a los 31 imputados. Hoy comenzarán a declarar sobrevivientes y familiares de las víctimas, presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 fusilados en operativos que el Tercer Cuerpo publicitaba como “intentos de fuga”.

Igual que Yamil Jabour la semana pasada, Yanicelli apuntó hacia el actual presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Luis Rueda. Lo acusó de “trabajar para los servicios de inteligencia” durante la dictadura. “Quiero hacer conocer un documento que reafirma la relación estrecha de Rueda con los distintos servicios de inteligencia, Fuerzas Armadas y de seguridad”, anunció Yanicelli mientras mostraba una foto en la que supuestamente aparece Rueda en una reunión con el jefe del Servicio Inteligencia de la Aeronáutica, el vicecomodoro Amedey, el vicecomodoro Trillo y el abogado Víctor Trillo. El policía agregó que tiene “más documentos”, con los cuales advirtió que identificará “a todas estas personas que participaban de las reuniones”.

La respuesta de Rueda no se hizo esperar. Su abogado José D’Antona informó en conferencia de prensa que la intención de los policías es “apartar” al juez de la Cámara. Destacó que Rueda “no puede emitir opinión porque podría ser causal de apartamiento en causas en las que interviene” y relacionó las declaraciones con las detenciones que Rueda ordenó como juez federal en 1993, en una causa por drogas, contra Carlos y Raúl Yanicelli, luego exonerados. El abogado aclaró que los crímenes que son objeto del juicio ocurrieron en 1976 y Rueda fue designado en la Justicia federal recién en abril de 1977, e informó que ayer mismo presentó un escrito por el que el magistrado se puso a disposición del tribunal no sólo como juez “sino también como ciudadano que repugna” los hechos de la dictadura.

“Desde que era ‘pinche,’ Rueda trabajaba para los servicios de inteligencia”, declaró ayer Yanicelli, quien fue designado director de Inteligencia Criminal de la policía de Córdoba por Oscar Aguad, cuando el actual diputado radical se desempeñaba como ministro de Gobierno de Ramón Mestre. El ex policía agregó que “lamentablemente (Rueda) es presidente de la Cámara Federal”, cargo que en realidad no impide investigarlo, tal como atestiguan los casos de sus pares mendocinos Luis Miret y Otilio Romano o el del ex juez porteño Federico Guillermo Madueño.

Yanicelli, sindicado como integrante del Comando Libertadores de América antes del golpe de Estado, declaró que vio “ingresar a Rueda y a quien ocupó un cargo de legislador (a quien no identificó) al D2” y aseguró que “se entrevistaron con el comisario (Américo) Romano”, ya fallecido. “En el caso de que hubiera detenidos, sí o sí intervenía la Justicia”, ya que “‘pinches’ y funcionarios judiciales como (el ex juez Adolfo) Zamboni Ledesma y (la ex magistrada Cristina) Garzón de Lascano conocían la situación de los detenidos en el D2, sabían cómo funcionaba”, aseguró el imputado, quien solicitó ser sometido a un careo con Rueda y con los funcionarios judiciales de la época. Garzón de Lascano fue la jueza que intervino durante la instrucción de la mayor parte de las causas de lesa humanidad en Córdoba. Se jubiló el año pasado, luego de resistir la orden de retirar a los represores imputados de las dependencias militares y policiales que eligió para que cumplieran sus prisiones preventivas.

“No participé de acciones ilegales”, se defendió el ex policía, e invocó cual certificado de calidad que “no hubo reproche alguno de la Justicia” sobre su actuación. Dijo que “el D2 nunca fue centro clandestino de detención y si lo fue desconozco resultados de investigación, si es que lo hubo. ¿O es que los jueces se enteraban por los diarios de lo que pasaba?, ¿por qué no investigaron?”, se preguntó.

El segundo policía que hizo uso de su derecho a declarar fue Juan Eduardo Molina, ex ayudante de la División de Investigaciones del D2, quien negó los hechos y trasladó a la Justicia toda la responsabilidad del accionar policial en “la represión a los subversivos”. “No combatíamos (contra) jóvenes idealistas, combatíamos (contra) jóvenes delincuentes”, sostuvo para referirse a los secuestrados en el D2. Molinas, imputado por seis asesinatos y cuatro casos de torturas, dijo que “actuó por convicción” pero negó su participación en delitos invocando su carácter de sumariante. “Mi jerarquía no me permitía llegar más arriba”, dijo.